Condenan a dos exjefes de la policía provincial por defraudación con reparaciones de patrulleros

Dos exjefes de la policía de la provincia de Santa Fe fueron condenados a seis años y medio de cárcel por liderar una asociación ilícita que cometía defraudaciones vinculadas a la reparación de patrulleros. Omar Antonio Odriozola, de 59 años, y Rafael Ramón Grau, de 62, seguirán en libertad hasta que el fallo quede firme.

La sentencia fue dispuesta por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifertal al finalizar un juicio oral en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe. Además de la pena de prisión se los inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años y deberán pagar las multas máximas previstas en el Código Penal.

En ese marco el tribunal rechazó un requerimiento de la Fiscalía para que se ordenara la prisión preventiva de los condenados hasta que la sentencia adquiera firmeza. “Argumentamos la existencia de riesgo de fuga pero los jueces sostuvieron que es posible mitigar ese peligro procesal con cautelares no privativas de la libertad”, aclararon los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera.

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Las maniobras endilgadas fueron perpetradas por Odriozola entre enero y agosto de 2015, mientras que Grau lo hizo entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.

“Muy conformes”

Los fiscales se manifestaron “muy conformes” y valoraron que “el tribunal consideró acreditadas las atribuciones delictivas y receptó las calificaciones penales que habíamos requerido en nuestros alegatos. Esta sentencia —remarcaron— sienta un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción ya que tanto Odriozola como Grau fueron la máxima autoridad de la policía en la provincia al momento de los ilícitos y esa particularidad los obligaba no sólo a hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”.

“La investigación —añadieron— fue compleja por las particularidades de las personas investigadas, la extensión del daño causado y la complejidad de la maniobra en sí. Pero pudimos exponer lo sucedido de forma clara y entendible durante el debate, en función de pruebas documentales y testimonios contundentes”.

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Si bien los fiscales habían pedido 9 años de cárcel para los exjefes, valoraron la decisión del tribunal de condenarlos. “Aguardaremos los fundamentos para conocer qué llevó al tribunal a resolver de ese modo y evaluar los motivos por los que se consideró que el MPA no está legitimado para solicitar la reparación del daño efectuado al erario público, que estimamos que es equivalente a 259 millones de pesos al día de hoy”, especificaron.

Reparaciones y repuestos

Los fiscales ubicaron a Grau y Odriozola como “jefes de una asociación ilícita formada por policías y civiles” y les achacaron “haberse valido de su potestad para disponer los medios para que se concretaran maniobras defraudatorias”.

Sobre la modalidad delictiva, afirmaron que consistía en “facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Varias veces los condenados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron disposiciones patrimoniales ilegítimas”. A su vez, plantearon que Odriozola y Grau “eran quienes coordinaban las acciones de los integrantes de la banda criminal y determinaban el reparto del dinero obtenido de manera ilegítima”.

La investigación comenzó en mayo de 2016 a partir de una denuncia del entonces ministro de Seguridad de la provincia, el actual gobernador Maximiliano Pullaro. Las primeras medidas investigativas fueron ordenadas por el fiscal Roberto Apullán y el legajo luego pasó a la unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

Los policías fueron condenados como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Nueve condenados

En el mismo legajo, en 2018 y 2019 se realizaron juicios abreviados en los cuales fueron condenados otros tres policías, entre ellos un exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, conocido como D4, y seis civiles. Cuatro de ellos con penas de prisión efectiva.

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En tanto, entre reparaciones económicas y donaciones, los nueve abonaron más de 186 millones de pesos, a valores actualizados por inflación.