Piden 9 años de prisión por fraude a dos ex jefes de policía de la provincia

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pidieron penas de nueve años de prisión para dos ex jefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Así lo plantearon los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la acusación.

Los acusados son Rafael Grau, de 56 años, y Omar Odriozola, de 54. El primero fue jefe de la policía provincial entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. El segundo ocupó el mismo cargo con anterioridad, desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015. Les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública. Los fiscales también pedirán que a los dos exjefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos ?a cada uno? por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.

La investigación se inició cuando el 4 de mayo de 2016 el entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, recibió una carta anónima en la que se mencionaban maniobras fraudulentas que se realizaban en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. El ardid consistía en pagar facturas por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas.

Allanamientos a talleres

El funcionario dio vista al fiscal Roberto Apullán, quien en septiembre de 2017 ordenó a Gendarmería Nacional allanamientos en talleres mecánicos (tres de Santa Fe y uno de Rosario). En los procedimientos también se requisaron oficinas de la Jefatura como de la Unidad Regional I, y se peritaron diez vehículos. La pericia indicó que en la mitad de las unidades no se había realizado las reparaciones facturadas.

"La pena que solicitamos se fundamenta en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales que atribuimos desde el MPA, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública", manifestaron los fiscales.

"Además, es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no solo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran", agregaron.

Asociación ilícita

"Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles", informaron los fiscales. "Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas", añadieron.

En la acusación presentada, Hernández y Jiménez brindaron detalles acerca de la modalidad delictiva. "Consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo", precisaron. En tal sentido, detallaron que "los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi —organizador de la banda— y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente".

El accionar ilícito del acusado Odriozola fue entre enero y agosto de 2015, y el perjuicio económico que causó al Estado asciende a 1.058.664,20 pesos, indicaron Hernández y Jiménez. El accionar que atribuyeron a Grau fue entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 y el perjuicio patrimonial causado al erario público fue de 958.385 pesos, sostuvieron.

Facturas y reparto

En el escrito de acusación, los fiscales explican la modalidad delictiva de la asociación ilícita. "Los particulares emitían facturas por la realización de reparaciones en los vehículos que no se hacían y por la presunta compra de repuestos que no se adquirían. Las facturas eran presentadas al Habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques", relataron los fiscales.

Para poder librar dichas órdenes de pago, el Habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística, revelaron los fiscales. Agregaron que "tanto el Habilitado como el jefe de Logística coordinaban esta tarea con Facundo José Testi ?organizador de la asociación ilícita?, quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación".

"Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al Habilitado, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial", aclararon los fiscales y concluyeron que "era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos".

Ya condenados

Además de los dos ex jefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas —cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo— en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. Los acusados admitieron su culpa y pagaron cinco millones de pesos en multas.Los condenados son los siguientes:

• Raúl Alberto Patriarca de 50 años, policía, ex habilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; pago de una reparación económica de 40.658,98 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado

• Ariel Hernán Villanueva de 44 años, policía y Contador Público Nacional, ex habilitado de la jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 795.922 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado.

• José María Leiva de 53 años, policía, exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 204.420,50 pesos. Además de la condena por ser miembro de la asociación ilícita, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

• Facundo José Testi de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio "T-gráfica", organizador de la asociación ilícita: condena a tres años de cumplimiento efectivo; pago de una reparación económica de 1.430.836,67 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado.

• Rodrigo Ruiz de 30 años, civil, dueño o responsable tributario del taller "Servicio Mecánico", miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional.

• Maximiliano Ambrosio de 38 años, civil, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a instituciones de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

• Noelia Biscari de 40 años, civil, dueña o responsable tributario del comercio de repuestos "TC Repuestos", miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.

• Artemio Biscari de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos "TC Repuestos", miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional.

• Andrés Daniel Soto de 41 años, chapista, dueño o responsable tributario del taller "Los Hermanitos", miembro de la asociación ilícita: condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.