El desvío de fondos destinados a mantener patrulleros fue detectado en varias investigaciones judiciales en los últimos diez años, con jefes policiales condenados
Los casos de malversación de fondos destinados al combustible o el mantenimiento de patrulleros se detectaron tanto en las Jefaturas de Rosario como de Santa Fe.
El desvío fraudulento de fondos destinados a combustible es un problema histórico en la administración de recursos policiales en Santa Fe. Una investigación sobre ese tipo de maniobras motivó este lunes más de treinta allanamientos con 17 personas detenidas, entre ellos trece policías, por un fraude millonario en el ámbito de la Unidad Regional II rosarina.
El ardid detectado está lejos de ser inédito: en la última década abundaron tanto las denuncias como las investigaciones internas por el desvío de dinero destinado a móviles policiales, así como al manejo de las horas de custodia adicional por parte de la fuerza. Aquí, algunos de los casos más resonantes.
En diciembre de 2020 el ex policía Omar Pintón, quien se desempeñara como administrador de la Unidad Regional II de Rosario diez años antes, fue condenado a dos años y medio de prisión condicional, al pago de una multa de 2.300.000 pesos y al decomiso de bienes por enriquecimiento ilícito.
Pintón había sido jefe de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II entre diciembre de 2007 y abril de 2010. El cargo se conoce como “habilitado” y su tarea consiste en firmar la salida de dinero para partidas por reparación de móviles, gastos de combustible y racionamiento.
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La investigación de Asuntos Internos sobre el patrimonio de Pintón comenzó en noviembre de 2008 al detectarse su crecimiento patrimonial cuando era jefe del Departamento Judiciales de la Unidad Regional VI de Villa Constitución. De acuerdo con la investigación, entre 2005 y 2008 el policía adquirió cinco propiedades, una moto de agua, una 4x4 Mitsubichi Montero y realizó viajes al exterior con su familia. La condena dictada en un juicio oral lo inhabilitó para ocupar cargos públicos.
Por maniobras con fondos asignados a la fuerza nueve personas —entre civiles y policías— fueron condenadas entre 2018 y 2020 por conformar una asociación ilícita que desviaba partidas dirigidas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Los fraudes se realizaban en el Departamento Logística (D4 ) de la fuerza. El ardid consistía en pagar por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas tras la presentación de facturación trucha.
El caso quedó expuesto en 2017 cuando se realizaron allanamientos a talleres, oficinas de la Jefatura provincial y de la Unidad Regional I de Santa Fe. En la causa fueron condenados a 3 años de prisión efectiva o condicional y a devoluciones patrimoniales el contador y comisario Ariel Hernán Villanueva, que era habilitado de la Jefatura provincial, el ex jefe de Logística José María Leiva y el ex habilitado de Jefatura Raúl Alberto Patriarca.
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Entre los civiles fuero condenados el dueño del comercio “T-gráfica" y considerado organizador de la asociación, Facundo José Testi; el mecánico Rodrigo Ruiz; Maximiliano Ambrosio y los comerciantes y dueños de una casa de repuestos Noelia y Artemio Biscari. El chapista Andrés Soto, dueño de un taller, fue condenado a 10 años de prisión como miembro de la asociación ilícita, coautor de defraudación a la administración pública y episodios de abuso sexual a su hija biológica.
La Fiscalía pidió 9 años de prisión para los presuntos jefes de la organización los policías Rafael Grau y Omar Odriozola, pero en 2021 fueron reimputados al retocarse el relato de los hechos en la acusación. El primero fue jefe de la policía provincial entre 2015 y 2016; el segundo ocupó el mismo cargo entre febrero de 2015 y septiembre de 2015.
En junio de 2015 dos empelados de la Policía de Acción Táctica de Rosario —uno de ellos con cargo de jefe— quedaron en disponibilidad al ser implicados en una investigación por la liquidación irregular de horas extra a efectivos que no habían prestado esos servicios. Una empleada denunció que un oficial firmaba formularios donde ella aparecía cumpliendo Horas Ospe (horas de servicio de policía excepcional) que luego se depositaban en su cuenta, bajo la exigencia de que reembolsara una parte de ese trabajo no realizado. Hubo allanamientos en la Jefatura y secuestro de libros de guardia.
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Las maniobras con Horas Ospe no eran una novedad. Un mes antes, en mayo de 2015, a partir de una investigación de nueve la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad nueve policías fueron puestos en disponibilidad al quedar como sospechosos en una investigación por defraudación con el cobro de horas adicionales en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario. En entrevistas , inspecciones y controles de legajos se comprobó que percibían dinero por horas no prestadas. Entre los acusados había un comisario y ocho oficiales.
En marzo de 2009 el taller de reparación de automotores de la Unidad Regional I fue allanado con orden judicial por la Dirección de Asuntos Internos al trascender una denuncia hecha por un grupo de uniformados en un blog. Plantearon que allí se reparaban vehículos particulares con mano de obra, herramientas y dinero destinado al arreglo de los coches oficiales. Un subcomisario y su superior, jefe de la agrupación Cuerpos quedaron sospechados de cometer actos de corrupción mediante la manipulación de recursos destinados al Comando Radioeléctrico.
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Un mes antes había sido separado del cargo un comisario que era jefe de la Brigada de Orden Urbano de la policía rosarina en el marco de una investigación por desvío de fondos destinados al combustible de un patrullero. El oficial fue acusado de malversación de caudales públicos y falsificación de documento público. La acción judicial derivó de un plan de auditorías sobre el uso de bienes y logística.
Junto a su hermano Alejandro Vázquez y Alejando "Cani" Zamudio, son los tres imputados como parte del grupo que trasladó a los sicarios aún no identificados
Por Florencia O’Keeffe