Un ex habilitado de la Jefatura de la policía provincial y otras dos personas fueron condenadas ayer en el marco de la investigación por la comisión de fraudes a la administración pública mediante la reparación de móviles de la fuerza que no se realizaban. Se trata del ex funcionario policial Raúl Alberto Patriarca y de los civiles Rodrigo Exequiel Ruiz y Maximiliano Edgardo Ambrosio. Por la misma causa ya habían sido penadas otras seis personas; en tanto tres policías ya retirados siguen siendo investigados, entre ellos dos ex jefes de la fuerza a nivel provincial y un ex jefe de la Unidad Regional I.
La investigación fue llevada adelante por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes acusaron a los condenados por los delitos de asociación ilícita (en carácter de miembros) en concurso real con la coautoría de defraudación a la administración pública.
En el caso de Patriarca quedó acreditado que actuó entre enero y marzo de 2015 y se le impuso una pena de 3 años de prisión condicional, el pago de una reparación económica de 40.658,98 pesos por el perjuicio patrimonial causado y la donación de 90 mil pesos a entidades de bien público además de una multa.
Sobre Ambrosio se comprobó que delinquió entre enero y junio de 2015 y fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional, la donación de 90 mil pesos a instituciones de bien público y una multa similar al MPA. Mientras que Ruiz cometió los delitos entre julio de 2015 y febrero de 2016 y fue penado con tres años de prisión de cumplimiento condicional.
En relación a los otros seis condenados, quienes resolvieron su situación mediante juicios abreviados, son los policías Ariel Hernán Villanueva y José María Leiva, y los civiles Andrés Daniel Soto, Facundo José Testi, Noelia y Artemio Biscari.
Los primeros seis
Al policía y contador público Ariel Hernán Villanueva, ex habilitado de la policía santafesina, se le impuso una pena de tres años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Además, debió pagar 795.922 pesos al Estado como reparación del perjuicio patrimonial que generó y debió donar otros 600 mil pesos a cinco entidades de bien público. Villanueva fue considerado de autor de asociación ilícita en carácter de miembro y coautor de defraudaciones en perjuicio del Estado entre abril de 2015 y febrero de 2016.
También fue condenado José María Leiva, ex jefe del Departamento Logística de la policía provincial, que recibió una pena de tres años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Además, debió pagar 204.420,50 pesos en concepto de reparación al Estado, una multa de 90 mil pesos al MPA y debió donar 150 mil pesos a entidades de bien público. La condena fue por ser autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública entre octubre de 2015 y febrero de 2016 y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
Por otra parte, el chapista Andrés Daniel Soto, quien facturaba arreglos a móviles policiales que nunca se realizaban pero que eran cobrados por los condenados, fue sentenciado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por asociación ilícita en carácter de miembro y coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública entre abril de 2015 y febrero de 2016. A ello se sumó la autoría de los delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo y la guarda en perjuicio de una menor de edad y la tenencia de un arma de guerra sin autorización.
También fue condenado Facundo José Testi a tres años de prisión de cumplimiento efectivo además del pago de 1.430.836,67 pesos en concepto de reparación, la donación de un millón de pesos a entidades de bien público y una multa de 90 mil pesos al MPA. Lo hallaron responsable del delito de asociación ilícita en carácter de organizador en concurso real con defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por último fueron condenados Noelia y Artemio Biscari a tres años de prisión condicional y el pago de 90 mil pesos de multa cada uno además de donar una suma igual a entidades de bien público por ser miembros de la asociación ilícita en concurso real con defraudaciones a la administración fraudulenta.
Imputados
Además de las nueve personas condenadas, hay tres policías investigados: los ex jefes de la fuerza provincial Rafael Grau y Omar Odriozola; y el ex jefe de la Unidad Regional y del departamento de Logística de la Jefatura provincial Hugo Miño. En estos casos Grau ya cumple prisión domiciliaria a raíz de problemas de salud y se lo investiga como jefe de la asociación ilícita en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Odriozola recibió idéntica imputación por delitos cometidos en el período de enero a agosto de 2015. Finalmente, a Miño se le imputó asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con defraudaciones en perjuicio de la administración pública entre enero y septiembre de 2015.
