Un total de 26 personas, 18 hombres y 8 mujeres, fueron condenadas a penas de entre 3 y 5 años de prisión por ejerecer distintos roles en siete violentas bandas de prestamistas que actuaban en la ciudad de Santa Fe y localidades vecinas. Los grupos fueron desmantelados a fines del año pasado en una saga de allanamientos que deparó en 36 detenciones y el secuestro de vehículos, equipos informáticos, dinero en efectivo y armas de fuego. A lo largo del año, en procesos abreviados, la Justicia ya había condenado a otras diez personas ligadas a los mismos grupos. Incluso, según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la capital provincial, todavía hay otras nueve personas que están siendo investigadas por sus posibles vínculos con las organizaciones delictivas.
La investigación de los hechos fue realizada por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe, a partir de la recepción de un sinnúmero de denuncias presentadas por vecinos de distintos barrios, muchos de ellos pequeños comerciantes, que debido a su situación económica y social no podían acceder a préstamos bancarios y entonces lo hacían en estas empresas que funcionaban “como verdaderos grupos criminales” bajo nombres de fantasía: Prestamás, CiPres, CrediYa, Créditos Santa Fe, Prestocash, Belle Maison, El Sol y Prestaldía.
Las fiscales detallaron que “las 26 personas fueron condenadas por el delito de asociación ilícita dedicada a la usura” en el marco de procesos abreviados y de todas ellas “a 25 se les impusieron penas de 3 años de prisión, en algunos casos de cumplimiento efectivo y en otros de ejecución condicional, mientras que a una mujer se la condenó a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad domiciliaria en su carácter de jefa de uno de los grupos”.
En ese sentido, voceros del MPA sostuvieron que “el bajo monto de las penas de prisión establecido por los jueces Sandra Valenti y Rodolfo Mingarini se debió a que los imputados se acogieron a la figura de arrepentidos y con sus declaraciones permitieron llegar a desarmar los grupos”.
>>Leer más: Violentas bandas de prestamistas llevaron a una mujer al suicidio
Más allá de las penas privativas de la libertad, los condenados deberán pagar un total de 30.542.410 pesos y 46.664 dólares. De ese total, 29.195.500 pesos corresponden a multas mientras 1.346.910 pesos y 46.664 dólares serán destinados a donaciones que recibirán instituciones y organizaciones sociales. Y será el Estado el que disponga el destino de los bienes secuestrados durante los procedimientos: cuatro autos, dos camionetas, 42 teléfonos celulares, tres computadoras, siete tablets, cinco máquinas de contar dinero y cuatro armas de fuego.
Las fiscales informaron que “las penas impuestas a todos los condenados también son por la coautoría del delito de usura” y agregaron que “en cinco casos se impusieron penas por amenazas, coacciones agravadas, amenazas coactivas y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal”.
Sobre la modalidad delictiva, el MPA sostuvo que “los condenados integraban ocho asociaciones ilícitas distintas aunque todas eran de carácter permanente, estable y organizado”. Esos grupos “otorgaban préstamos de dinero a distintas personas aprovechando el estado de necesidad, la ligereza o inexperiencia de las víctimas a quienes les hacían prometer el pago de intereses evidentemente desproporcionados con su prestación u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo”, explicaron.
“La mecánica consistía en entregar dinero a personas que generalmente eran propietarios de pequeños comercios barriales a las que les cobraban una contraprestación consistente en el pago de cuotas diarias o semanales con una tasa de interés por mora notoriamente desproporcionada con el dinero otorgado y superior a la tasa de mercado”, sostuvieron.
“Esta actividad _agregaron las fiscales_ era realizada de forma habitual y como medio de vida por los integrantes de las asociaciones ilícitas”. A tal punto era el nivel del apriete que sufrían aquellos que accedían a los préstamos que en octubre del año pasado una mujer embarazada se quitó la vida y dejó una carta explicando que lo hacía por no poder afrontar las deudas contraídas (ver aparte).
En ese sentido, las fiscales describieron en su acusación que “las víctimas eran obligadas al pago de las cuotas mediante el hostigamiento diario, visitas constantes de cobradores a sus viviendas o mediante el envío de mensajes de texto o WhatsApp a la persona que había pedido el dinero o a sus familiares directos. Además, siempre usaban violencia física y verbal, amenazas realizadas de forma personal o telefónica, exhibición de armas de fuego para amenazar o directamente concretaban el desapoderamiento de bienes muebles de las víctimas”.
En relación a los condenados, las fiscales Jiménez y Urquiza precisaron que “a ocho de ellos se les impusieron penas por ser jefes de los grupos, a seis por ser organizadores y a los doce restantes por ser miembros” de las bandas delictivas. También aclararon que “en algunos casos, la pena se redujo a tres años de prisión a raíz de que se aplicó el instituto de colaboración previsto en el Código Penal, por el cual los condenados aportaron información precisa, comprobable y verosímil para el esclarecimiento de los hechos”.
En cuanto a quiénes son los condenados, el MPA difundió la siguiente lista: Noelia Zaira Rondino, quien recibió la pena más alta (5 años de prisión) que cumplirá en un domicilio de un country de la ciudad de Santa Fe donde reside su mamá y era responsable de Créditos Santa Fe junto al también condenado Federico Sosa. Junto a ellos actuaban y fueron penados Diego Quiróz como organizador; y como cobradores Damián Sosa y Ayelén Yoana Schirman.
Las otras personas que recibieron condenas son Manuel Ceferino Alfonso, Pablo Miguel Alfonso, Emiliano Oscar Ardiles, Andrea Fabiana Bonifetto, Julio Cáceres, Sebastián Caporizzo, Oscar Marcelo Carranza, Adrián Alfredo Contestabile, Carlos Exequiel Emeri, Lisandro Angel Espíndola, Jorge Sebastián Gauchat, Gabriela Greco, Leonardo Greco, Macarena Itatí Greco, Sofía Soledad Hilvees, Andrés Mammarelli, César Martínez, Sabrina Soledad Martínez, Sofía Andrea Massi, Jonatan Adrián Rodríguez Ferreyra y Alejandro Saccavino.
Vale recordar que en procesos abreviados anteriores, la Justicia penal santafesina ya había condenado a Florencia María del Huerto Cáceres, Leonardo Nahuel Barrientos, Franco Damián David Acevedo, José Omar Aguirre, Marcelo Salvador González, José Luis Del Barco, Brian Emanuel Hilbe, Romina Elizabeth Astudillo, Walter Esquivel y Nicolás Forconi. En tanto hay siete hombres y dos mujeres que ya fueron imputados y continúan siendo investigados.
