Más de 10 usuarios legítimos fueron imputados por comprar pistolas de grueso calibre y entregarlas a personas sin permiso para portar armas de fuego
La trama detrás de la compra legítima de armas que eran desviadas al mercado negro.
Los allanamientos fueron realizados por la Policía Federal (PFA) en el marco de una investigación conjunta entre la Fiscalía provincial y la Nación.
Un hombre que trabaja en relación de dependencia por un sueldo mensual de 600 mil pesos compró en 15 meses 35 armas de fuego por más de 25 millones de pesos. Si bien contaba con permiso para adquirirlas, cuando los investigadores fueron a buscar esas armas a la casa del legítimo comprador resulta que éstas no se encontraban.
Con al menos 12 personas en situaciones similares, entre las cuales adquirieron en los últimos años más de 200 armas de fuego que ya no están en su poder, una investigación conjunta entre la Fiscalía provincial, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Anmac comenzó a desenredar el mercado ilegal de armas en Rosario. En ese marco este lunes imputaron a 14 personas de haber “adquirido armas de fuego sin poder justificar con qué recursos y con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal”.
Según se indicó desde la Fiscalía Regional 2 los sospechosos fueron imputados por los fiscales Gastón Avila y Carla Cerliani, del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego. De la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal (CJP) también participó el fiscal de Homicidios Patricio Saldutti, ya que uno de los sospechosos fue imputado de partícipe en un homicidio con el cual está vinculado un arma que está a su nombre.
Los fiscales les atribuyeron a Lucas P., Flavio P., Alfredo P., Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M., Jorgelina B. y Claudio S. haber aprovechado su calidad de legítimos usuarios registrados ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para comprar armas de fuego con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal entregándoselas a personas que no tenían autorización. Según los fiscales, para realizar esas compras los imputados dispusieron de un monto de dinero que no pudieron justificar legalmente.
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En ese marco el juez Hernán Postma les dictó la prisión preventiva hasta el próximo 10 de diciembre a Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M. y Jorgelina B.; hasta el 3 de febrero de 2025 para Flavio P., y Lucas P., y por el plazo de ley para Claudio S. En tanto, para Alfredo P., Pablo M. y Daniel P. se dispusieron medidas alternativas por tres meses.
La investigación se conoció la semana pasada con más de 30 allanamientos en armerías y domicilios particulares en busca de lo que se denominó “testaferros de armas”. Según explicó el fiscal Avila ayer en conferencia de prensa, la investigación aún transita una primera etapa y que es parte de un convenio suscripto en abril entre la Fiscalía General de la provincia, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para abordar la problemática del mercado ilegal de armas de fuego que tanto abona al panorama de la violencia armada en Rosario.
Los fiscales rosarinos comenzaron por analizar la información que había acerca de las armas empleadas en los hechos más violentos, establecer qué tipo de armas son los más usados y así se inició una pesquisa en busca de personas que hubieran comprado cinco o más armas de gran calibre en los últimos años y detectar situaciones patrimoniales que no permitieran justificar ese tipo de compras.
La investigación, añadió el fiscal, comenzó a detectar personas que compraron entre tres y cinco pistolas semiautomáticas 9 milímetros en un mismo día o que compraran la misma marca, modelo y calibre repetidamente, algo que también es inusual. Así llegaron a establecer que a nombre de doce personas había más de 200 armas de fuego de grueso calibre adquiridas en los últimos años.
El paso siguiente fue ir a hacer allanamientos en los domicilios donde deberían estar esas armas y en las requisas solo se encontraron dos. “Eso implicaba que había más de 200 armas que habían sido volcadas al mercado ilegal”, graficó Avila, y agregó que esas armas habían sido compradas por personas que tenían licencia de usuario pero no podían demostrar ingresos legales suficientes no sólo para comprar armas sino también municiones, que es otra gran parte del problema.
“Encontramos personas que han gastado este año más de diez millones de pesos en municiones, que tienen más de veinte armas registradas a su nombre, y cuando las vamos a buscar no tienen ni las armas ni las municiones”, describió el fiscal respecto de los llamados “testaferros de armas” que se dedican a hacer lo que se denomina “compras de paja”: un legítimo usuario de armas las adquiere como prestanombre, las compra a su nombre y luego las desvía al mercado legal.
Al ser consultado si las personas imputadas podrían operar bajo alguna forma de organización el fiscal sostuvo que ese tema es parte de lo que resta investigar, tal como la responsabilidad que pudiera caberle a las armerías involucradas. “Por lo pronto no son doce personas que no se conocen entre sí, tenemos aceitados vínculos entre varias de ellas. Hay un grupo de hermanos que conocían a otras personas, hay algunos que compartían el mismo equipo de fútbol, que son conocidos de otros lugares”, explicó Avila, aún reticente a imputarlos bajo la figura de la asociación ilícita.
Durante la audiencia del lunes se desplegaron detalles sobre las acusaciones contra los imputados que, más allá de algunas diferencias, son todos legítimos compradores de armas —en una abrumadora mayoría pistolas semiautomáticas— que no fueron halladas en su poder.
Lucas P., por ejemplo, tiene registradas 43 armas de fuego que compró entre diciembre de 2020 y el mes pasado. Entre las armas a su nombre hay 36 pistolas semiautomáticas 9 milímetros, tres semiautomáticas calibre 380 ACP, dos semiautomáticas calibre 40, una carabina semiautomática 22 largo y una escopeta de repetición calibre 12 UAB. Según la acusación, las 43 armas fueron “entregadas indebidamente a personas que no revisten la calidad de legítimos usuarios” antes del 22 de octubre.
Flavio P. tiene a su nombre 24 pistolas semiautomáticas de diversos calibres que compró entre octubre de 2021 y junio pasado pero no fueron halladas en su poder. Por eso quedó acusado de haberlas entregada indebidamente a gente sin permiso para portarlas. Además una de esas armas fue secuestrada en un allanamiento en noviembre de 2023 en Villa Constitución en el marco de una investigación por secuestro extorsivo.
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Federico P. tiene a su nombre 35 armas —la mayoría pistolas semiautomáticas— compradas entre mayo de 2023 y septiembre de 2024. De las 35 compró 23 en armerías y el resto a usuarios. También está acusado de haberlas desviado. Un caso similar al de Alexis M., con 34 pistolas de grueso calibre a su nombre, compradas entre junio de 2022 y septiembre pasado, y entregadas indebidamente antes del día de los allanamientos.
Por su parte Jorgelina B . tiene ocho armas a su nombre que fueron compradas entre enero y junio del año pasado, todas pistolas semiautomáticas. De ese lote una Bersa TPR9 de 9 milímetros fue entregada antes del 30 de noviembre de 2023 y utilizada para balear una vivienda de Baigorria al 3900 y otra de Sarratea al 1200 bis. El arma fue incautada con la numeración parcialmente limada en manos de una persona que tenía captura por homicidio.
A Julián B.E., que tiene ocho armas compradas entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, le sumaron una imputación por falsa denuncia. Es que, según los fiscales, en diciembre de ese año “denunció falsamente” en un centro territorial de la zona norte que le habían robado cinco pistolas semiautomáticas Bersa TPR9 que había comprado un mes antes. También se le achacó la portación de una pistola TPR 380 en julio de 2022, en San Lorenzo al 1800. Y si bien otras dos armas a su nombre tampoco habían sido halladas en el allanamiento de la semana pasada, fueron entregadas el día siguiente.
Claudio S. sumó una acusación todavía más grave luego de que un arma a su nombre quedara ligada a un doble femicidio. Con siete armas —cinco semiautomáticas— legítimamente compradas en armerías entre diciembre de 2015 y mayo de este año, también se le detectó una falsa denuncia en noviembre de 2017, cuando declaró que le habían robado de su auto estacionado en Sánchez de Bustamante y Oroño una pistola Bersa Thunder calibre 380.
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Este hombre está acusado de haber entregado otras cinco armas que también, “falsamante”, denunció que le habían robado de la casa el 20 de mayo de este año. El problema es que una de esas cinco armas, una pistola Taurus G3 9 milímetros fue secuestrada horas antes de esa denuncia en manos de dos personas buscadas por el doble femicidio de Julieta Gaitán y Dalma García, acribilladas en Presidente Quintana al 2900 cuando circulaban a bordo de una moto y les dispararon desde otro rodado. Por este hecho, que tiene a dos hombres presos como coautores, Claudio S. fue imputado como partícipe necesario, en concurso ideal con entrega indebida de arma de fuego en calidad de autor.
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