Con un cerrado operativo de seguridad, este lunes a las 8 arranca el juicio oral contra el sindicado empresario narco Esteban Lindor Alvarado, el rival de Los Monos acusado de liderar una asociación ilícita con dos patas: una estructura ilegal violenta y otra que articulaba un entramado de empresas para el lavado de dinero. La compleja trama de la criminalidad organizada de la última década, los homicidios vinculados con la organización o fruto de enfrentamientos con la banda enemiga, una saga de atentados a edificios del Poder Judicial y la protección policial al grupo serán parte de las audiencias que, a lo largo de un mes y medio, tendrán a “El Esteban” y a otros seis implicados en el banquillo.
Las conexiones policiales y la red de empresas que se alimentó del delito al mismo tiempo que lo financió, según la acusación, hicieron crecer la estructura criminal que en los últimos años cosechó muertos en su disputa con Los Monos. Esa banda rival con una veintena de civiles y policías fue condenada por asociación ilícita. En aquel juicio finalizado en 2018 aparecieron menciones sobre la protección policial a Alvarado. Quien un año más tarde se convertiría en protagonista de la siguiente gran banda en quedar bajo la mira de la Justicia rosarina.
Como ocurrió con Los Monos, cuya caída fue precipitada por una serie de asesinatos mafiosos que traspasaban bulevares y parecían imparables, una saga de ataques de alta gravedad institucional precedió a la captura de Alvarado. Fueron los atentados contra edificios y funcionarios del Poder Judicial cometidos entre el 10 de diciembre de 2018 y el 14 de enero de 2019. El cartel “con la mafia no se jode”, colocado sobre el cuerpo de Maldonado, fue una marca registrada que también acompañó a esas balaceras a objetivos institucionales con el objeto de desviar la atención hacia Los Monos.
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Cercado en el camping
El 1º de febrero de 2019 Alvarado fue detenido cuando estaba en un camping de Embalse Río Tercero. Al verse cercado, corrió por un sendero hasta la orilla del lago y arrojó su celular, un I-Phone 7 que fue recuperado del lecho del río. Del aparato se obtuvieron unos 4.500 audios que contenían evidencias de los movimientos criminales y que serán parte de la prueba en el juicio. En la causa hubo 21 personas condenadas en juicios abreviados a penas de prisión y multas millonarias, decomisos de vehículos e inmuebles y 104 vehículos embargados.
El nuevo gran debate comenzará a las 8 en un custodiado Centro de Justicia Penal. Con audiencias diarias de 8 a 14 horas, la duración está prevista hasta el 7 de abril. De los siete acusados, cuatro están en prisión y seguirán las jornadas conectados por videoconferencia desde sus lugares de detención. Alvarado lo hará desde la cárcel federal de Ezeiza. Otros tres implicados en libertad asistirán a la sala 10 ante el tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela. En medio de un compacto operativo, no se permitirá el acceso de fotógrafos y camarógrafos a la sala, en tanto que periodistas y familiares seguirán el debate por pantalla en una sala contigua.
El recelo obedece no sólo a los antecedentes de balaceras contra edificios judiciales atribuidos a la banda sino a episodios recientes como el crimen del mecánico Carlos Argüelles, un colaborador de Alvarado que luego se distanció y declaró contra él en la causa. El 6 de septiembre pasado lo asesinaron a tiros frente a su familia en la puerta de su taller mecánico de Garay al 3500.
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Cinco meses antes, el 16 de abril, había sido asesinado frente a su casa de Ocampo al 660 Marcelo Nicolás “Fino” Ocampo, de 38 años y condenado a 3 años de prisión efectiva como integrante de la banda. Alvarado era el padrino de su hijo de 2 años, que estaba en el asiento trasero de su camioneta Toyota Hilux cuando un sicario que bajó de una moto lo ejecutó con tres tiros al pecho.
El crimen del prestamista
El caso que condujo hacia el clan Alvarado fue el crimen de Maldonado, un prestamista informal de 37 años que el 13 de noviembre de 2018 apareció asesinado a 200 metros del casino en una colectora de la avenida de Circunvalación. Tenía las manos atadas a la espalda, cuatro tiros en la cabeza y un cartón con la frase “con la mafia no se jode”, frase hasta el momento atribuida a Los Monos y que, se estima, usaron los homicidas para desviar la atención hacia el clan de zona sur.
A Maldonado lo habían secuestrado a punta de pistola frente a su casa —todo quedó grabado en cámaras de vigilancia— y lo trasladaron hasta una casa quinta registrada a nombre de dos hijos de Alvarado en el paraje Los Muchachos, cercano a Piñero. Hasta ese lugar condujeron las coordenadas del GPS del Chevrolet Cruze de la víctima, que estuvo 64 minutos retenido en esa quinta sobre la ruta A012. Otros detalles del secuestro se recuperaron del celular de Alvarado. Mientras el prestamista estuvo secuestrado, los captores registraron su casa. Luego lo asesinaron.
De la investigación surgió que había tenido discusiones con Alvarado por negocios lícitos e ilícitos que los conectaban. Un hermano de la víctima aseguró que habían tenido una fuerte discrepancia en torno a la propiedad de un terreno en Roldán, lo que sería el móvil del crimen. La quinta fue allanada días después y allí se encontraron tres vainas servidas y cajas con cartuchos. Un perro entrenado marcó un par de zapatillas, un sommier y una mesa de la cochera.
Los siete en el banquillo
Como jefe del clan, a Alvarado se le atribuye haber ordenado el crimen y haber brindado recursos materiales al grupo. Los otros acusados que llegan a juicio por este asesinato son Mauricio Laferrara, señalado como uno de los principales sicarios de Alvarado y al que se le atribuyen al menos seis asesinatos en dos años; Matías Avila y Germán Fernández. Los tres son considerados partícipes primarios de un homicidio calificado por ser planeado por al menos tres personas. Para ellos requirieron prisión perpetua.
Para el cuidador de caballos Facundo “Lapo” Almada, acusado de habilitar la entrada de la víctima y sus homicidas a la casa de Los Muchachos, solicitaron 15 años como partícipe secundario. Los dos restantes que irán al banquillo son Miguel Grecci Hazzi y Silvina Ghirardi, situados por la acusación dentro del eslabón comercial de la banda y vinculados a maniobras de lavado, para quienes pidieron 8 y 3 años de cárcel.
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Además del crimen de Maldonado se juzgarán otras cinco causas: las balaceras de diciembre de 2018 a los tribunales de calle Balcarce y al Centro de Justicia Penal; el atentado a tiros del 31 de enero de 2019 a una empleada del Ministerio Público de la Acusación a quien dos semanas antes le habían dejado una cabeza de perro en la puerta; el homicidio de Cristian Enrique _secuestrado el 23 de octubre de 2018 en el barrio Cabín 9 y cuyo cuerpo apareció a la vera de la ruta provincial 14_ y la asociación ilícita en cabeza de Alvarado, con una pata en el delito y otra en un entramado de empresas formales.
Entre las personas citadas a declarar al juicio figuran los dos ex ministros de Seguridad: Maximiliano Pullaro y Marcelo Saín. En tanto que el comisario Gustavo “Gula” Pereyra, absuelto en el juicio de Los Monos, volverá a dar su testimonio en una sala de audiencias sobre la complicidad policial con el narcotráfico.
Los tres estamentos
Los fiscales plantearon que la organización estaba dividida en tres estamentos, con Alvarado a la cabeza y el ya condenado Jorge Antgonio Benegas como su mano derecha. En el rol de integrante de la asociación y próximo al jefe fue situado el abogado Claudio Tavella, condenado en un abreviado a 3 años de prisión y al pago de multa millonaria por “acceder a información y manipular bienes y recursos” desde su rol profesional.
En ese organigrama, un primer segmento operativo y logístico estaba integrado por al menos siete personas _cinco ya condenadas_ que, con acceso a movilidad y armas de fuego, se ocupaban de cometer delitos violentos como robos, usurpaciones, amenazas y privación de la libertad. Entre ellos fueron situados los asesinados Argüelles y Ocampo. Con esos delitos se obtenían réditos económicos en favor de la organización.
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Dentro de ese segmento, los fiscales plantearon que Alvarado “mandó a privar de la libertad a personas de su organización para que no generen problemas a otros miembros, ordenó a personas de su entorno que escondan gente en la isla e impartió órdenes para comercializar de forma ilegal vehículos y autopartes”.
El segundo nivel estaba conformado por un grupo de personas _siete ya condenadas_ que cumplían tareas para administrar, organizar y gestionar el funcionamiento de un entramado de firmas comerciales: las sociedades de responsabilidad limitada Toia, Edra, Logística Santino y cuatro empresas unipersonales inscriptas en rubros de servicio, transporte o concesionarias de venta de autos que permitían lavar dinero del delito. “A través de ellas se proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal”. Todas estaban relacionadas entre sí, con facturación cruzada y traspaso de bienes.
Al frente de ese grupo, según la acusación, Alvarado era quien “disponía sobre la adquisición y administración de bienes inmuebles, ordenaba operaciones en moneda extranjera y disponía el pago y la negociación de cheques”.
Por último, en un tercer escalón fue ubicado el grupo de funcionarios y policías que le permitió a la banda “construir un permiso estatal contrario a la ley”, lograr impunidad, desviar investigaciones judiciales y hasta plantar evidencia y pistas falsas en las pesquisas. Siete policías fueron condenados en procesos abreviados por este tipo de maniobras que dejaron en evidencia la ingeniería de la banda y sus contactos en la fuerza.
