El joven imputado como organizador de parte de la saga de cuatro trabajadores asesinados en marzo aceptó una pena a 9 años en un juicio abreviado.
Chucky Monedita sumó una condena como jefe de asociación ilícita que lideraba desde Piñero, donde purga una pena por homicidio.
Alejandro Isaías Núñez, conocido como Chucky Monedita e imputado recientemente como organizador de una parte de la saga de cuatro asesinatos al azar de trabajadores nocturnos en la primera quincena de marzo, aceptó este miércoles una pena de 9 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad.
La condena, resuelta a través de un juicio abreviado homologado por la jueza Valeria Pedrana, se unifica con una anterior por homicidio en un total 24 años y medio de prisión. En el último año, también mediante procedimientos abreviados, ya habían aceptado condenas la mayoría de los acusados como parte de la banda.
Núñez admitió de esta manera haber comandado desde la cárcel de Piñero una organización dedicada a cometer distintos tipos de delitos “contra las personas, contra la vida, contra la propiedad, la administración, la seguridad y la salud públicas” en Rosario y localidades cercanas.
“El grupo procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”, según las imputaciones oportunamente formuladas contra el grupo.
Para “llevar a cabo sus objetivos”, según las imputaciones, los miembros de la banda cometieron delitos diversos como homicidios, lesiones, robos, encubrimientos, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y la venta de drogas. Entre los hechos se recuerda el ataque a un testigo protegido del caso Alvarado, Carlos Argüelles, a quien la banda de Núñez hizo seguir por el taxista Jorge Inocencio Ojeda —ya condenado como parte del grupo— para estudiar sus movimientos y matarlo, objetivo que no pudo cumplir, ya que Argüelles sobrevivió a ese atentado, aunque fue asesinado posteriormente.
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La organización comandada por Núñez comenzó a desbaratarse el 28 de octubre de 2020, con la detención de Jonatan Ribles y las posteriores caídas —días después— de Nahuel Rivero y Nahuel Papini, en cuyos celulares se halló información sobre la existencia de esta banda gerenciada desde Piñero.
En cuanto al papel atribuido a Chucky Monedita como jefe que impartía órdenes desde su celda en la Unidad 11, se le achacó ordenar atentados a tiros como el perpetrado contra Argüelles y otros contra miembros de bandas rivales. “Seleccionaba a las personas que iban a cumplir cada uno de los roles, disponiendo el uso de armas de gran poder ofensivo como pistolas 9 milímetros, calibre 45 y ametralladoras FMK3, así como autos y motos. También autorizaba los pago por los “trabajos” realizados, decidía donde se guardaban o escondían las armas y vehículos, y administraba la atención de los kioscos de droga, cuya recaudación también controlaba.
Antes de que Núñez aceptara esta nueva condena ya lo habían hecho otros doce imputados, la mayoría en calidad de miembro de asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad. La primera fue Mara Carolina Tedesco, el 30 de diciembre de 2021, a tres años de prisión condicional. En 2022 firmaron sus condenas Tamara “La Mona” Muñoz, quien acordó cuatro años y medio de cárcel por ese delito y encubrimiento. También admitieron los cargos en su contra Abel “Barba” Bertoni, Diego “Negro” Romero y Florencia Aguirre, sentenciados a cuatro años de prisión.
El año pasado también se acordaron varias condenas. Gianfranco “Fran” Giglione, el taxista Ojeda y Cristian “Chimi” González aceptaron penas de cuatro años de cárcel. Por su parte, Ribles acordó 12 años de prisión como miembro de la asociación ilícita y otros delitos como encubrimiento, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma agravada por registrar antecedentes penales y como instigador de un intento de homicidio.
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También en 2023 Marcelo “Nikito” Sánchez aceptó una pena unificada en 13 años y 8 meses de cárcel, mientras que Rivero y Papiri, que acordaron nueve años por delitos como la portación ilegal de arma, encubrimiento y desobediencia.
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