El juicio oral y público por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, el joven bonaerense que llegó a Rosario los primeros días de octubre de 2014 y al cual tras estar detenido en la comisaría 7ª se le perdió el rastro hasta que varias semanas después apareció sin vida en el agua del río Paraná, sigue adelante en los Tribunales Federales con 19 policías imputados por sus distintos grados de participación en el trágico hecho. A lo largo de las audiencias pasaron ya casi un centenar de testigos y se espera que antes de fin de año el trámite llegue a su fin con la lectura del veredicto. Mientras tanto, no dejan de surgir algunas sorpresas entre los testimonios que se van escuchando y que dejan al desnudo, no sólo la mala memoria de muchos sino también los errores cometidos en los primeros días de la instrucción del caso por parte de otros, especialmente de quienes eran y son funcionarios públicos.
Tal es el caso de Diego Rodríguez, quien fue subsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad santafesino hasta que terminó desplazado en diciembre pasado en el marco de la causa por supuesto espionaje que se instruye en la Justicia de la capital provincial y que tiene como principal sospechoso al ex ministro Marcelo Sain. El ex funcionario, al momento de la desaparición de Casco se desempeñaba en la Secretaría de Derechos Humanos y como tal, el 28 de octubre de 2014 visitó la seccional que funcionaba en Cafferata al 300 para entrevistar a los reclusos y, con la excusa de saber cuáles eran las condiciones en las que estaban encerrados, saber si alguno de ellos había visto o escuchado algo sobre el maltrato sufrido por Franco dentro de la dependencia.
En su declaración ante el tribunal, el pasado 15 de septiembre, Rodríguez manifestó haber estado en la seccional 7ª aquel 28 de octubre, dos días antes de que el cuerpo de Casco fuera hallado sin vida en el río. Y sostuvo que en aquella oportunidad habló con varios de los internos en busca de información sobre la presencia de Casco en la comisaría y la suerte corrida por el joven bonaerense. Entonces recordó que al menos un detenido le confió que “el muchacho que aparecía buscado en la tele, porque dentro del penal había un televisor al cual señalaban, había estado ahí”. Aunque aclaró no acordarse los términos en que se lo dijo “porque pasaron ocho años”, sí recordó haber escuchado que “lo golpearon”, que había estado “en el penal transitorio”, y que incluso “estaba separado del resto de la población”.
Lo más llamativo es que Rodríguez, ante la requisitoria de los abogados Paul Krupnik y Martín Gesino, defensores respectivamente de los policías Daniel Escobar y Pablo Síscaro, quienes se desempeñaban en la ex Dirección de Asuntos Internos de la policía, dijo no recordar el nombre del preso que le confesó semejante situación y que no pudo registrarlo porque cuando entró al penal de la 7ª lo obligaron a dejar sus pertenencias (incluso el celular) en la guardia. Asimismo, el funcionario manifestó que tras salir de la comisaría se comunicó por teléfono con Leandro Trangoni, quien trabajaba en la fiscalía que investigaba el caso a cargo de Guillermo Apanowicz, para anoticiarlo de lo escuchado de boca del interno sin recordar el nombre del mismo.
La suerte de los oficiales quedó atada al juicio cuando casi un año y medio después de iniciado el trámite el fiscal federal a cargo de la investigación citó por primera vez a su despacho a quienes estuvieron detenidos en la comisaría a la fecha del hecho que se juzga. Allí, en presencia de los representantes de las querellas y del propio padre de Franco Casco, pero sin ningún defensor presente, un solo detenido afirmó que le había comentado a Rodríguez sobre la presencia de Casco en la comisaría en aquellos días de octubre de 2014, lo que no fue consignado oficialmente.
Ese mismo 28 de octubre de hace ocho años, estuvieron en los penales de la seccional una defensora del Servicio Público de la Defensa y una asistente del por entonces defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quienes prestaron testimonio la semana pasada en el marco del juicio y afirmaron que “ningún detenido manifestó absolutamente nada en relación a la presencia de Casco en la comisaria ni a que el mismo haya sido golpeado”, y que en caso contrario “hubiesen adoptado las medidas del caso”. Idéntica respuesta dieron los policías de Asuntos Internos Escobar y Síscaro cuando fueron indagados al respecto. Nadie les dijo nada sobre el joven desaparecido cuando estuvieron en el penal el 30 de octubre, horas antes del hallazgo del cadáver.
La pregunta de sentido común que retumbó en la sala de audiencias de buelvar Oroño al 900 y que planteó el abogado Paul Krupnik es “¿por qué a los defensores públicos los detenidos no le aportarían esa información y sí lo harían con policías de Asuntos Internos, lo que refuerza la posición de los oficiales en el punto de no haber escuchado nada de interés?”. Por otro lado, agregó, “¿por qué motivo los uniformados encubrirían un accionar de policías de una comisaria con los cuales no tenían ningún vínculo?”
Asimismo, Krupnik planteó como extraña la situación de Rodríguez, quien en diciembre de 2021, cuando formaba parte del equipo del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain (cargo del que fue desplazado tras los allanamientos al Ministerio y su vinculación con la causa de espionaje secreto) remitió una nota al Tribunal Oral Federal 2 de Rosario haciendo saber que él y una compañera de trabajo habían tomando conocimiento de boca de un preso en aquella visita de octubre de 2014 sobre la presencia de Casco en el lugar y el maltrato sufrido por el muchacho.
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Lo extraño de la situación para el Tribunal integrado por los jueces Otmar Paolucci, Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez y para las demás partes es que dicha información “medular” surgió cuando la noticia de la desaparición de Casco ya estaba instalada en la agenda mediática de aquellos días y varias organizaciones no gubernamentales se habían movilizado. Pero la misma no fue ventilada por Rodríguez en ningún documento oficial, no se la informó formalmente al fiscal de la causa ni a ninguna otra autoridad hasta fines del año pasado cuando el juicio ya estaba en marcha. En ese contexto Krupnik dijo que Rodríguez “hizo constar lo que le dijo el detenido en forma telefónica al abogado Trangoni, aunque al ser consultado en la testimonial del 15 de septiembre pasado no recordaba ni el nombre ni el apellido del preso que le dio la información lo que podría caber en la figura de un falso testimonio”.
En esa misma declaración Rodríguez manifestó que el informe que realizó en diciembre de 2021 a pedido del tribunal lo hizo “a las apuradas” (sic) para responder rápidamente pero que, en realidad al que le había dado la novedad en 2014 fue a Lenadro Trangoni, secretario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mediante un llamado desde su celular desentendiéndose luego del tema.
Para sumar aún más incredulidad, al otro día de aquella visita a la seccional 7ª por parte de Rodríguez, el entonces defensor general de la provincial, Gabriel Ganón, interpuso un hábeas corpus sin estar al tanto de ese dato esencial y esclarecedor cuando entre la Secretaria de Derechos Humanos y la Defensa Pública existía una fluida relación personal e institucional.
Cuando Rodríguez fue interrogado en la audiencia respecto a las medidas que adoptó para resguardar al detenido que le brindó la información y cuya identidad desconocía, dijo en su declaración que mantuvo una charla informal con la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto para que se tomen los recaudos del caso.
Ante ello, y a pedido de la defensa de los policías de Asuntos Internos, el tribunal que lleva adelante el caso dispuso citar a que presten testimonio los fiscales y funcionarios del MPA a cargo de la investigación y de la jueza mencionada para verificar lo expuesto por Rodríguez, aunque los funcionarios judiciales consultados por este medio niegan que dicha circunstancia sea cierta ya que en su caso los fiscales actuantes hubiese dispuesto las medidas de cautela necesarias.
