La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario elevó a juicio 18 policías y dictó falta de mérito a otros 12 en la causa que investiga la desaparición forzada agravada y muerte de Franco Casco, el joven bonaerense de 23 años cuyo cuerpo apareció flotando en el río tras permanecer 22 días desaparecido.
Entre los que se sentarán en banquillo "por encubrimiento" se encuentran Diego José Alvarez, el exjefe de la Comisaría 7ª, donde el joven estuvo detenido hasta que desapareció, mientras que el jefe de Asuntos Internos, Aníbal Domingo Candia, fue desvinculado.
El tribunal, integrado por los camaristas Fernando Barbará, Aníbal Pineda y José Gallino, dictó la falta de mérito para otros tres integrantes de Asuntos Internos de la Unidad Regional II: Sergio Damián Pieroni y Carlos Alberto Ríos, en tanto que confirmó el procesamiento por encubrimiento de Augusto Escobar y Pablo Andrés Síscaro, que revestían tareas en esa dependencia, y llegarán al juicio en libertad.
Asimismo, también dispuso la desvinculación de los efectivos Cristina Riesco, Susana Carreño, Ariel Saucedo, Gisela Giménez, Claudia Barbieri Galván, Juan José Acuña, Yanina Arévalo, Romina Britez y Yamila Valdez.
Por otra parte, confirmó el procesamiento por partícipe secundario de la desaparición forzada del joven y a los uniformados Franco Luciano Zarzoli, Rodonfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Belkis Elizabeth González, Walter Daniel Ortiz, quiene seguirán en libertad, en tanto que Fernándo Sebastián Blanco fue procesado como coautor de privación ilegítima de la libertad, pero se le revocó la aplicación de tormentos, delito del cual había sido acusado en el procesamiento del juez Carlos Vera Barros.
A su vez, se confirmó el procesamiento por coautores de desaparición forzada de persona agravada por muerte a Cecilia Rut Elisabet Contino, Walter Benítez, César Daniel Acosta, Guilermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enríque Gianola Rocha y Esteban Silva.
En el caso de Contino, Benítez y Alvarez fueron mencionados por testigos como responsables de "aplicarle una golpiza" a la víctima, con lo cual se ratificó el procesamiento.
Embargos. De los 20 mil pesos que el magistrado Vera Barros fijó para cada uno de los acusados, el tribunal de alzada hizo lugar al pedido de la querella y fijó los siguientes montos para cada grupo de acusados, que van de los 30 mil a los 200 mil pesos de acuerdo al grado de responsabilidad.
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