Armas que iban a ser quemadas estaban en manos de delincuentes

Al menos 15 armas de fuego de la policía provincial que deberían haber sido destruidas a fines del año pasado en Santa Fe aparecieron en manos de delincuentes apresados en diversos procedimientos por delitos. La situación originó la apertura de una investigación para establecer cómo fue que las armas no llegaron a la fundición, en qué momento y de dónde fueron sustraídas y quiénes fueron los responsables de que volvieran a circular en la vía pública.

Sin embargo, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, aseguró que su repartición puede tener "responsabilidades políticas", aunque advirtió que las piezas "habían sido entregadas a la Corte Suprema para ser destruidas", por lo tanto su desaparición es responsabilidad de ese cuerpo.

Las armas que reaparecieron pertenecían a un lote de 715 que la policía santafesina decidió destruir por estar obsoletas o no aptas para ser utilizadas por el personal y que ya habían sido reemplazadas. Es decir que no era armamento incautado previamente sino que siempre había estado en poder de la fuerza.

Como las armas no pueden destruirse sin autorización de la Justicia, el pasado 3 de noviembre el Ministerio de Seguridad formalizó un convenio con la Corte Suprema de la provincia para que fueran quemadas en una fundición ubicada en la zona norte de la capital provincial, tal como se hace habitualmente.

Itinerario. El material a destruir había sido acumulado en el departamento de Logística (D4) de la Unidad Regional I de policía y desde allí fue trasladado bajo supervisión de la Subsecretaría de Control de Armas hasta la sala de efectos de la Corte Suprema, en la ciudad de Santa Fe. A ese recinto, según detalló el portal de noticias Zona Crítica, llegaron 500 pistolas calibre 9 milímetros FM, 22 pistolas calibre 11.25 Colt, tres pistolas calibre 22 Colt, 160 escopetas calibre 12.70, once ametralladoras Halcón 9 milímetros, nueve ametralladoras FMK3 de ese mismo calibre y diez ametralladoras PAM 9 milímetros. También fueron al horno más de 4.000 vainas servidas.

Según indicaran fuentes del Ministerio de Seguridad santafesino, personal del Grupo Guardia de Infantería se encargó de trasladar el lote de armas hasta la fundición ubicada en Aristóbulo del Valle y Pavón de la ciudad de Santa Fe para que fueran ingresadas al horno.

Sin cachas. Voceros consultados acerca del caso comentaron que en los últimos tiempos comenzó a llamar la atención el secuestro en procedimientos policiales de armas de fuego que no tenían las cachas de plástico o de madera que revisten la empuñadura de metal. Justamente las partes que se quitan de las armas cuando son enviadas a un horno para su destrucción.

Posteriormente, al cotejar la numeración de las armas se estableció que varias de ellas —hasta el momento unas 15, mientras se peritan otras dos que podrían incluirse en el mismo lote— figuraban como destruidas.

Según explicara ayer a La Ocho el fiscal regional de Santa Fe Jorge Nessier, debido a la proliferación ilegal de armamento, en febrero pasado se creó una unidad especial que se encarga de investigar delitos con armas de fuego. Esa fiscalía, a cargo de Andrés Marchi, es la que inició semanas atrás una investigación ante la aparición en la vía pública de armas que deberían haber sido destruidas.

Etapas. En principio, Marchi citó a declarar a las personas que participaron de la cadena de custodia del material en sus distintas etapas hasta llegar a la fundición. "La investigación apunta a establecer en qué momento del circuito esas armas fueron sustraídas de su destino final que era la destrucción en una fundición. La tarea es identificar al responsable de cada etapa", sostuvo Nessier.

El funcionario judicial no descartó que puedan seguir apareciendo armas en esta situación. Y aclaró que si bien la destrucción de armas mediante este procedimiento es habitual, "este caso fue en cierta medida especial porque era una gran cantidad".

En tal sentido, el fiscal regional indicó que si bien "pudo haber alguna variante en los mecanismos de traslado del material, se entiende que tuvo que haber un control en la recepción y la destrucción del armamento".

Asimismo, indicó que la principal hipótesis indica que las armas "fueron sustraídas para ser vendidas ya que aparecieron en la vía pública, o sea que el fin de la recirculación de esas armas era la comisión de ilícitos".

En ese marco, fuentes allegadas a la investigación revelaron que los pesquisas creen que la cadena de custodia pudo haberse quebrado en el tránsito desde la sala de efectos de la Corte hasta el horno. Tampoco se descarta que haya habido fallas en el conteo de las armas.

Sin embargo, otra hipótesis apunta a los tres días que estuvieron las armas esperando para ser fundidas ya que en el horno no había lugar suficiente para que el trabajo se hiciera en una sola jornada. Por ello no se descarta que en ese predio se haya separado un lote de armas para ponerlas a la venta en forma ilegal.