Allanaron oficinas administrativas del Ministerio de Seguridad provincial

Personal de Asuntos Internos de la policía y del Organismo de Investigaciones (OI) allanó ayer la Dirección General de Administración del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento fue ordenado por la Agencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía en el marco de una investigación por supuesto desmanejos de fondos de la Unidad Regional II de Rosario cuya sede ya fuera allanada en octubre del año pasado.

La investigación se inició a partir de una serie de atentados con explosivos que en 2019 sufriera el comisario y contador Cristian G., quien se desempeñó como habilitado de la Jefatura de la UR II de Rosario entre 2018 y 2019. Al cierre de esta edición los fiscales que ordenaron la requisa analizaban el material secuestrado en un marco de hermetismo ya que aún "quedan varias medidas pendientes de ejecución".

Voceros cercanos a la investigación señalaron que la oficina allanada es la que remite las partidas presupuestarias hacia distintas áreas del ministerio, entre ellas la policía. Y si bien durante la jornada de ayer se indicó que las maniobras investigadas podrían tener réplicas en otras unidades regionales de la provincia, hasta anoche no había indicios que orientaran la pesquisa más allá del departamento Rosario.

Bombas

La investigación por el manejo de fondos de la UR II se originó en al menos dos atentados con explosivos a la casa del comisario y contador Cristian G., quien se desempeñara como habilitado de la Jefatura rosarina. Los habilitados son los funcionarios que autorizan los gastos de cada unidad regional y por ellos pasa el pago de sueldos, horas extras, vales de combustibles, presupuestos para la reparación de móviles, adicionales, trámites jubilatorios, compras de equipamiento, liquidaciones a proveedores y todas las cuestiones inherentes a la vida operativa de una regional.

C. G. ocupó el cargo de habilitado de la UR II entre febrero de 2018 y septiembre de 2019. En ese lapso sufrió dos atentados contra el frente de su casa del barrio Las Flores Este. Ambos fueron similares ya que ocurrieron de madrugada y en ausencia de la víctima.

En el primero, el 13 de junio de 2019, un artefacto explosivo detonó en el portón de la vivienda y horas más tarde, al llegar a su casa, G. halló en el patio delantero distintas partes de lo que sospechó se trataba de un artefacto explosivo, como una pila, parte de un reloj y la tapa del tanque de nafta de su vehículo abierta. En el otro ataque, el 23 de agosto, el artefacto tenía tuercas y tornillos adheridos al envase que no alcanzó a esparcirse.

Cuando los investigadores de los atentados le preguntaron por los presuntos motivos, G. refirió que podrían tener que ver con una serie de maniobras en el manejo de dinero que él había detectado, pero no especificó cuáles eran. Por eso la Fiscalía de Crimen Organizado ordenó el allanamiento a la Jefatura de la UR II, medida que se concretó el 1º de octubre pasado, una semana después de que G. abandonara el cargo y fuera reubicado.

"Los investigadores indagan la ruta del dinero que llegó a la UR II entre febrero de 2018 y septiembre de 2019"

En aquella oportunidad el personal de Asuntos Internos y del OI se llevaron libros con los respaldos contables de los períodos 2017 y 2018, que corresponden a la gestiones de Marcelo Villanúa —en ese momento ya se desempeñaba como jefe de la policía a nivel provincial— y Juan Pablo Bengoechea.

En base a la información obtenida de esos libros se ordenó el procedimiento llevado a cabo ayer en Santa Fe. Y si bien no trascendieron detalles sobre las maniobras investigadas, se presume que el allanamiento realizado ayer podrá derivar en operativos similares en los próximos días.