Dos mujeres y un hombre fueron demorados el viernes y luego recuperaron la libertad en el marco de la investigación por el ataque a balazos a la sede del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA) ocurrido el 14 de agosto pasado, hecho por el cual ya hay dos imputados y el jueves se sumó una joven por encubrimiento. En los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos y una pistola calibre 22 milímetros, elementos que serán peritados para determinar si tienen interés para la pesquisa.
Mientras el viernes la Unidad Fiscal de Crisis Institucional le imputaba a la joven de 24 años Lucia U. el hecho de encubrir el ataque a balazos a las oficinas del MPA de calle Montevideo al 1900, la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario realizaba tres allanamientos en la zona sudoeste en el marco de la causa que investiga atentados a edificios y viviendas vinculadas al Poder Judicial.
Durante los procedimientos fueron demoradas tres personas de entre 23 y 26 años con supuestos vínculos con Lucia U., y se secuestraron una pistola calibre 22, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, dos computadoras y tres tablets. Sin bien en principio se anunció que los apresados habían sido puestos a disposición de la Fiscalía, desde ese organismo confirmaron que no se ordenó su detención.
Los allanamientos se realizaron en la zona de Doctor Rivas al 3200, San Nicolás al 3700 e Iriondo al 3100. En el último domicilio se demoró a Tamara M., de 23 años, Aldana M., de 25, y Damián U., de 26 años. Y aunque no fueron vinculados formalmente a la pesquisa, algunos datos indican que podrían formar parte del grupo de encubridores del ataque del pasado 14 de agosto contra la sede de la Fiscalía.
Por el atentado ya fueron imputados dos jóvenes, mientras que un adolescente quedó a disposición de la Justicia de Menores. A ellos se sumó Lucía Estefanía U., a quien le achacan delitos de tenencia ilegal de un arma de fuego calibre 9 milímetros (hallada en un kiosco de su madre) en concurso real con encubrimiento de delito precedente especialmente grave por tratarse de intimidación mediante amenazas calificadas a un estamento público.
En tanto que a un joven de 21 años detenido con ella, identificado como Matías Nicolás C. le endilgaron el delito de robo calificado por uso de arma de fuego de un Volkswagen Surán (sustraído el 31 de agosto en España al 5800) y que fue hallado en la vivienda que compartían. Sin embargo, al momento de ser imputado no se exhibieron evidencias que lo vinculen con la balacera a la sede del MPA. Ambos quedaron en prisión preventiva por sesenta días.
En tanto José Alberto C., un remisero de 23 años, detenido tras huir a tiros en un Renault 9 color claro similar al visto en el atentado contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ubicada en Montevideo al 1968, fue imputado el 18 de agosto.
Y tras una serie de medidas, siete días más tarde fue el turno Leonel Alejandro F., de 22 años, imputado como uno de los autores materiales de los atentados. En audiencias celebradas por el juez Luis María Caterina, se les impuso a ambos la prisión preventiva por 60 días.
requisa. Los procedimientos fueron en tres viviendas de zona suroeste.
