Alrededor de 140 mil rosarinos podrían verse beneficiados por el congelamiento de alquileres por seis meses, la renovación automática de contratos y la suspensión de desalojos dispuesta a través de un decreto por el gobierno nacional.
Roldán indicó que ”no es necesario ni sentarse hablar con el dueño” para acordar la renovación automática ya que con esta disposición, se da por hecho.
Alrededor de 140 mil rosarinos podrían verse beneficiados por el congelamiento de alquileres por seis meses, la renovación automática de contratos y la suspensión de desalojos dispuesta a través de un decreto por el gobierno nacional.
El representante de la Concejalía Popular, Nire Roldán, expresó su satisfacción por la medida “urgente” tomada por el presidente Alberto Fernández respecto a los alquileres, igualmente dijo que hay que “estar atentos” ya que “siempre hay pícaros” que no van a querer cumplir la normativa en la práctica concreta.
“El decreto abarca a la mediana empresa y locales comerciales, es por eso que es muy recomendable la mediación para arribar a soluciones que favorezcan a ambos”, dijo en el programa "El primero de la mañana" de LT8 para estimar que “son entre 100 mil y 140 mil los contratos de alquiler, es casi el 25 por ciento de la población la que está afectada por este tipo de problemas”.
Respecto a la obligatoriedad de la digitalización de los pagos, admitió que es una situación que no está clara, y que para evaluar cómo llevarla a la práctica, se necesita poder acceder a la “letra chica” de la normativa.
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Roldán explicó que el seguimiento de este tema para garantizar su cumplimiento se realizará de manera online y telefónica para que se pueda cumplimentar con el decreto presidencial. Además aclaró que ”no es necesario ni sentarse hablar con el dueño” para acordar la renovación automática ya que con esta disposición, se da por hecho.
El decreto
El presidente Alberto Fernández firmó ayer el decreto que congela los precios de los alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses, en el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre.
También dicta el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo y establece que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente acordado en los contratos se pague recién a partir de octubre.
"Nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga al gobierno a adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar por la salud pública, pero, también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectarán el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros muchos efectos", sostiene el decreto 320.
La norma establece que las deudas que se produzcan deberán pagarse recién a partir de octubre, en tres cuotas iguales y consecutivas, a pagar en un plazo máximo de seis meses partir del pago de la primera cuota.
El pago de la diferencia podrá incluir intereses compensatorios, que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco Nación, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
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