La Justicia ya recaudó 2,2 millones de pesos en multas a quienes violaron la cuarentena

La Justicia rosarina lleva recaudados 2,2 millones de pesos producto de las multas a personas que incumplieron con las medidas de prevención que impuso el aislamiento por la pandemia del coronavirus. Es por la aplicación de la figura de la suspensión de juicio a prueba (probation) en 50 de las más de 1.500 causas penales iniciadas desde el 20 de marzo en la jurisdicción de Rosario.

El fiscal Gustavo Ponce Assahad, a cargo de la unidad especial de hechos relacionados al Covid-19, dijo que buscar la vía del resarcimiento económico para los imputados que llegan a un acuerdo para cerrar las causas penales fue parte de una serie de protocolos e instrucciones emanados por el fiscal general para este tipo de delitos. Los montos oscilaron entre 10 mil y 200 mil pesos.

"Se dispuso que una alternativa podía ser la suspensión del juicio a prueba, en el que las partes fijamos el pago de un resarcimiento económico a la sociedad y una serie de reglas de conducta que deben cumplir por un año, durante el cual no debe cometer un nuevo delito porque se cae el acuerdo", dijo el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Mediante la probation, el imputado evita el proceso de atravesar un juicio y la posibilidad de recibir una sanción penal. Una de las acciones reparadoras sería hacer trabajo social, pero en el marco de la pandemia, esto no es practicable. Para el pago de la multa se tiene en cuenta la capacidad patrimonial de los imputados: hubo casos en los que sólo podían abonar 10 mil pesos en dos cuotas, pero en otros fueron de 200 mil pesos más una donación de alimentos a comedores dependientes del Arzobispado por un valor de 900 mil.

"Hasta ahora hemos cerrado unas 50 causas y en total se recaudaron alrededor de 2,2 millones de pesos", detalló el fiscal que se ocupa de investigar las violaciones a las restricciones que impone la cuarentena. El monto recaudado por esa vía se deposita en una cuenta oficial en el Banco Municipal y, según la decisión del fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, se distribuirá en efectores de salud pública municipales y provinciales de Rosario.

Todas las audiencias imputativas en libertad que se celebran entre la fiscalía, el imputado y el defensor se realizan de manera virtual mediante el sistema Zoom. Para ello, Ponce Assahad adelantó que fijaron una agenda de trabajos todos los días de la semana determinando una cantidad de horas, a razón de unas 10 audiencias por día, para finiquitar la totalidad en un período de entre 60 y 90 días. Con todas las cuestiones técnicas de rigor a solucionar antes de darles comienzo, todas duran por lo menos media hora.

El funcionario judicial aclaró que hubo unas 30 causas desestimadas, porque luego de analizadas las carpetas judiciales hubo excepciones con personas que pudieron acreditar con posterioridad a su detención que sí estaban acreditadas para circular pero no llevaban la documentación consigo. Cabe aclarar que la Unidad Especial Covid mantiene su competencia en los delitos que surjan en la nueva fase del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo) conforme los decretos nacionales y provinciales pertinentes.