Pandemia

La Fiscalía General de Brasil pide apartar a Bolsonaro de la gestión del Covid

El planteo lo hizo ante el Tribunal de Cuentas, que estudiará el tema y luego emitirá un dictamen

Sábado 20 de Marzo de 2021

El Ministerio Público brasileño pidió al Tribunal de Cuentas "apartar al presidente Jair Bolsonaro" de las funciones administrativas y jerárquicas de los ministerios de Salud, Economía y de la Casa Civil para evitar su intervención en la gestión de la crisis del Covid-19. Brasil tiene un número altísimo de fallecidos por Covid, unos 290 mil, y supera los 3.000 muertos por día en estas últimas jornadas.

La medida la presentó el fiscal general adjunto Lucas Furtado. No queda claro qué alcance real puede tener el pedido, pero en todo caso deja es evidente el nivel de enfrentamiento que existe entre Bolsonaro y gran parte de las instituciones brasileñas.

Furtado pidió apartar a Bolsonaro y a otros altos funcionarios “que se identifiquen como responsables de la inercia y omisión de la ejecución de las políticas públicas de salud en el combate de la pandemia de Covid-19”, según el documento oficial del Ministerio Público publicado en varios portales de noticias.

El argumento es que si no se atiende adecuadamente a la población durante la pandemia habrá repercusiones para la recaudación del erario público. Por eso se involucra el Tribunal de Cuentas.

“No se puede discutir que toda la estructura federal de atención a la salud, con recursos financieros, patrimoniales y humanos, tendrá un perjuicio incuestionable para el erario si no cumple con su función de atender a la población en el momento de mayor y más flagrante necesidad”, argumentó Furtado. “Es inaceptable que toda esa estructura se mantenga inerte por disputas y caprichos políticos ante el sufrimiento de la población ante factores previsibles y evitables”, alegó el número dos del Ministerio Público.

El pedido se extiende a los ministros de Salud, Casa Civil (Jefatura de Gabinete), Hacienda y otras autoridades que el Tribunal de Cuentas considere responsables de la "actual situación de caos en la atención sanitaria pública de la población".

La presentación está firmada por el fiscal general adjunto Lucas Furtado y se basa en el artículo de la Ley Orgánica del TCU que permite al tribunal destituir temporalmente al gestor público en caso de que existan pruebas suficientes de que su mantenimiento en el cargo puede dificultar las auditorías o causar un perjuicio a las arcas públicas.

En lugar de Bolsonaro, Furtado pide que se reconozca la "legitimidad, competencia administrativa y autoridad" del vicepresidente Hamilton Mourão para nombrar a los sustitutos de los cargos de los funcionarios removidos y comandar la ejecución de las políticas de salud pública del gobierno federal durante la crisis del Covid.

"En vista de la innegable urgencia del caso que se examina, de cuya existencia no podría haber mayor evidencia que la institución del esquema de emergencia para satisfacer la alta demanda de entierros, así como la implementación de hospitales de emergencia, las condiciones necesarias y suficientes están presentes para que se adopte la medida cautelar que determina la remoción de las autoridades mencionadas, así como otros que el TCU identificará, confiando al vicepresidente de la República, Hamilton Mourão, la responsabilidad de conducir las políticas públicas relacionadas con la prestación de servicios de salud a la población ", acusó Furtado. Mourao es un general retirado que desde hace tiempo mantiene abiertas diferencias con Bolsonaro sobre cómo afrontar la crisis sanitaria del Covid.

Según el fiscal, después de tantas vidas perdidas a causa del Covid, "lo mínimo que se espera es una acción concentrada dirigida a la economía de escala y a la protección de todos los brasileños". Sin embargo, Furtado afirma que lo que se ha visto es una "acción central en desacuerdo con las directrices de las organizaciones sanitarias internacionales".

No hay plazo para que el Tribunal de Cuentas evalúe la presentación, que debe ser distribuida a uno de los ministros de la institución. El juez al que se adjudique el caso puede decidir de forma "monocrática", como se dice en Brasil a un dictament individual, o llevar la presentación al pleno de TC.

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