La Justicia de Santa Fe implementará en forma paulatina la prestación de una mayor cantidad de servicios en todos los fueros como consecuencia de los problemas generados por la disminución de la actividad de magistrados, funcionarios y empleados forzada por la emergencia sanitaria. Pero este restablecimiento gradual de los servicios tiene como fondo un notorio cortocircuito al máximo nivel de este Poder del Estado, que fue alentado por la exigencia de los cinco colegios de Abogados de la provincia para que retome sus actividades, por considerar que la parálisis generalizada afecta las garantías de los ciudadanos.
El ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta anunció públicamente ayer que las actividades de la Justicia en general se irán retomando a partir del lunes y remarcó que los magistrados en este tiempo de emergencia estuvieron trabajando desde sus casas, a la vez que remarcó que el fuero penal estuvo a tal punto activo, a partir de la coyuntura carcelaria, que hubo protestas del gremio judicial por considerar que tal cosa ponía en riesgo a los empleados que concurrían en doble turno a la OGJ.
Sin embargo las profundas tensiones internas quedaron plasmadas en una carta donde el ministro dio cuenta del frágil panorama interno y de sus consecuencias a partir de un proyecto para una progresiva y gradual ampliación de la prestación del servicio de justicia, para el cual requería se convocara a un acuerdo de la Corte, o bien la implementación de medios tecnológicos para su realización en cada tribunal mediante la aplicación “zoom”.
Entre los aspectos cruciales que se señalan allí aparece el reconocimiento de la gravedad que, aún en la necesaria emergencia, tiene el frenazo de la actividad judicial, que es un servicio esencial para gestionar la conflictividad de la sociedad. Y también que el Poder Judicial hizo una gran inversión en un sistema informático que ofrece una capacidad de respuesta limitada para tramitar los casos en esta coyuntura.
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El texto implica la cristalización de una disputa histórica entre el ministro Erbetta y el secretario de Gobierno de la Corte Suprema, Eduardo Bordas, que es el gestor de políticas del máximo tribunal, al estilo de un jefe de gabinete. Hay una cruda recriminación de parte de Erbetta a Bordas, quien se encuentra a cargo del gerenciamiento del tribunal superior de la provincia, y quien, según dice Erbetta, no atendió sus llamadas reiteradas destinadas a resolver problemas derivados de la gravedad de la situación. Una actitud que fue considerada un destrato funcional impropio de un funcionario judicial a un ministro de la Corte que intentaba comunicarse para resolver conflictos propios de su función.
En la nota, Erbetta señala que el martes pasado formuló tres llamadas a Bordas “a las 11.40, 11.41, y 11.46” pero que las mismas “no fueron atendidas”. A raíz de eso el ministro indica que se contactó con una persona para que le avisara al secretario de la Corte que estaba intentando comunicarse. A las 11.53 reiteró un mensaje de texto que indicaba que lo estaba llamando hacía dos horas, hasta que finalmente pudo contactarse para expresarle su preocupación “por la falta de respuesta a distintas propuestas y la gravedad de la situación”. Destaca también allí que como Bordas no utiliza whatsapp lo que “deja al suscripto, un ministro de la Corte, por si hace falta aclararlo, a merced de la comodidad del secretario”.
En la nota se reconoce que sin perjuicio de las medidas preventivas de aislamiento y protección de la pandemia, la Justicia es un servicio esencial. Allí se reconoce el reclamo de los cinco colegios de abogados de la provincia. “No está de más recordar que mientras los integrantes de este poder tenemos el sueldo depositado a fin de mes, miles de abogados, y más aún justiciables, están pendiente de cuanto menos algún tipo de respuesta a sus pretensiones y a la posibilidad de ejercer sus derechos e incluso satisfacer sus necesidades económicas”, señaló la misiva.
También se admite la necesidad de retomar mayor nivel de actividad en que el esquema de guardias mínimas deja a todo el interior de la provincia prácticamente en estado de denegación de justicia salvo en el fuero penal.
Asimismo, el planteo recuerda que el Poder Judicial hizo una inversión en un sistema informático para que en eventualidad de emergencias como esta, “pudieran nuestros expertos pagos mostrar su utilidad posibilitando, por ejemplo, el trabajo remoto, la notificación electrónica”. Y que la coyuntura demuestra que la capacidad de respuesta de este soporte informático “era o es sumamente limitado” y obliga a arbitrar otras medidas para garantizar una prestación acorde, aún con las limitaciones impuestas por la pandemia.
Lo que señala Erbetta es que tras comunicar a Bordas estas exigencias, que además implicaban la presión de los cinco colegios de abogados medidas de previsibilidad de la Corte, para que este órgano superior retomara gradualmente la actividad, el secretario de máximo tribunal “ya habían resuelto en nombre de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe publicar en la página del Poder Judicial la prórroga del mismo sistema antes criticado por una semana”, es decir más allá del 13 de abril.
Ahora esto será dejado de lado ya que la Corte anunció que efectivamente habrá una flexibilización de la emergencia para garantizar un servicio más extendido aún frente a la excepcionalidad de la emergencia por el Covid-19.
El presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, había dicho hace dos días que el sistema judicial está prácticamente paralizado, que es esencia que se restablezca el servicio de justicia con las medidas necesarias para proteger a los operadores del sistema de la difícil coyuntura. “Hay jueces que están realizando su función y otros que no”, sostuvo.
La decisión de la Corte de la apertura gradual de la actividad judicial en la provincia estuvo marcada por fortísimas tensiones y objeciones en el máximo tribunal. La más fuerte, acaso un camino de difícil retorno, entre Erbetta y un funcionario histórico de la Corte, considerado un actor clave de la burocracia del más alto peldaño del poder Judicial.
