Una joven que denunció actos de violencia acaba de firmar de común acuerdo un documento para avanzar en el divorcio. Pero su pareja se pone agresiva ante los custodios y un defensor público tiene que saltar de su despacho y correr para asistir a la chica que, paradójicamente, acepta salir del edificio de Tribunales acompañada de la persona que supuestamente la somete. Casi al mismo tiempo, una joven profesora logra después de un mes y medio y amparo judicial mediante que el Iapos le entregue una medicación que debe tomar de por vida por intolerancia a la lactosa.
Las defensorías civiles públicas de los Tribunales de Rosario no dejaron de atender esas demandas cotidianas que desnudan historias únicas. Sino que en pleno aislamiento obligatorio se acentuaron y recrudecieron los conflictos vinculados a la violencia intrafamiliar por la intolerancia a las diferencias que derivan en prohibiciones de acercamiento, solicitudes para internación para la protección de personas por trastornos mentales, o ayuda alimentaria para niños de padres divorciados.
Si bien los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia del Covid-19 redujeron ostensiblemente la circulación de público y de profesionales en el edificio de Pellegrini y Balcarce, nunca dejaron de repercutir las problemáticas humanas ya conocidas, pero agudizadas por el encierro obligatorio.
"Me llamó la atención un caso relacionado a un conflicto con ribetes violentos entre dos hermanos, que debimos abordar y solicitar un cese de hostigamiento que se dio en el marco la convivencia en la misma casa. La intolerancia intramuros recrudeció", describió el defensor Nº 4, Horacio Ferreyra.
Los pedidos de padres para compartir momentos con sus hijos no convivientes una vez a la semana, como lo marca el decreto nacional, acrecentaron trámites referidos al contexto sanitario. "Al principio tuvimos muchos pedidos. Si venían con un convenio para tener contacto tres veces en la semana, pero ahora se flexibilizó", aclaró Ferreyra.
La cuestión económica atravesó la realidad de muchas familias, y por eso también se contaron reclamos de ayuda alimentarias. "Hubo muchas solicitudes de alimentos, pero por suerte los jueces de familia dieron trámite rápido a esas pedido", agregó el defensor.
Poco antes de atender a La Capital, el funcionario tuvo que apaciguar a un hombre que fue denunciado por su mujer por actitudes violentas. Previamente, la pareja decidió formalizar un acuerdo conjunto para divorciarse.
"Es una pareja joven. Ella se presentó varias veces para alertar sobre cuestiones de violencia y ahora se presentaron para firmar un acuerdo de divorcio. El se puso violento con la custodia policial, y también me hostigó, fue amenazante. Por eso acompañé a la chica hasta la puerta, y se fueron juntos", explicó el defensor.
Medicinas y violencia
En la puerta del despacho aguardaba Laura, de 37 años, una docente de matemática del nivel medio. "Tuve que presentar un amparo ante Iapos (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) porque desde enero dejaron de entregarme un medicamento que debo tomar por intolerancia a la lactosa. En febrero tuvo que ir a la Defensoría del Pueblo, después decidí el camino judicial", contó.
El defensor debió primero presentar un pronto despacho, después otro escrito y recién después de un mes y medio y a través de un amparo la obra social se disponía a entregar el medicamento, que tiene un costo de 2.000 pesos la caja de 50 unidades (se toma en cada comida), y en promedio Laura consume dos al mes.
A su lado, una joven mujer, que prefirió mantener su nombre bajo reserva por temor a represalias, viene soportando atropellos y dando una lucha judicial desigual contra un hombre con el que mantuvo una relación sentimental fruto de la cual nació una hija que ahora tiene 4 años, y en su momento no quiso ser reconocida por el padre.
Con infinitas trabas interpuso una demanda de filiación para que finalmente un juez de Familia ordene un estudio de ADN, que confirmó la paternidad. Su lucha tiene capítulos que incluyen hasta amenazas de muerte, y se disponía a realizar una nueva presentación tras sufrir otro hecho de hostigamiento del entorno del hombre.
Respuestas
La defensora Carolina Pangia confirmó la tendencia de las problemáticas que no mermaron durante los momentos más duros de la cuarentena, y a los que se dio respuesta con atención presencial, pero también por correo electrónico o mensajes de WhatsApp.
"Hay herramientas que funcionaron muy bien para evacuar consultas. La atención telefónica, el correo electrónico, la mensajería virtual sirvieron para resolver trámites que no necesariamente requieren la presencia del público. También está la opción de sacar un turno por la web del Poder Judicial", expresó la defensora (ver aparte).
"La verdad es que nunca dejamos de trabajar y atender las urgencias. Este es un sector muy especial de Tribunales, donde la idea es garantizar el servicio de acceso a la justicia a todos los ciudadanos", recalcó la funcionaria.
Analizó que la cuarentena dejó su marcas en los hogares. "Vimos situaciones desesperantes, porque se agravó el tema de las adicciones y muchas madres solicitaron ayuda para la protección de sus hijos, que luego puede derivar en el traslado a un centro médico, lo mismo en patologías psiquiátricas".
Además, Pangia indicó que se generaron abundantes reclamos de mujeres separadas para acelerar la ayuda alimentaria para sus hijos: "Tratamos de dar respuesta, aunque con la caída del trabajo observamos que muchos padres trataron de cumplir como pudieron, porque algunos incluso se quedaron sin empleo".
