Mientras en el mundo se debate el impacto de la inteligencia artificial y la robótica sobre el mercado laboral, se encamina hacia la reducción de la jornada de trabajo y la regulación del empleo de plataformas, el gobierno de Milei avanza en el sentido contrario. Resulta paradójico que el proyecto de Ley de Modernización Laboral implique en los hechos un retroceso para el país. Su aprobación no sólo alejará la posibilidad de brindar un marco legal adecuado a las formas de trabajo del siglo XXI, sino que convalidará la decisión de empujarnos hacia el siglo XIX, a un período anterior al reconocimiento del trabajador como sujeto de derechos.
Se trata de una reforma regresiva que incrementa la desigualdad, avanza sobre el salario y derechos básicos como las vacaciones, elimina el pago de horas extras e introduce el banco de horas que flexibiliza la jornada laboral y habilita hasta 12 horas de trabajo diarias.
El eje central de esta supuesta modernización es el debilitamiento de la organización sindical, el vaciamiento de la negociación colectiva y el incremento de la rentabilidad empresarial a costa de los derechos laborales. Cabe preguntarse qué previsibilidad podría ofrecer una norma que nacerá cuestionada por su incompatibilidad con los principios de progresividad y de no regresividad de los derechos reconocidos por la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La negociación colectiva existe para compensar la asimetría estructural entre trabajador y empleador, degradarla erosiona uno de los pilares del artículo 14 bis, tensiona convenios de la OIT y se aparta de los estándares del Sistema Interamericano de DDHH.
A esto se suma la ampliación del concepto de servicios esenciales y la exigencia de prestaciones mínimas del 50 o 75 por ciento durante las medidas de fuerza. En los hechos, esto significa limitar el derecho de huelga, herramienta básica de protesta en cualquier democracia.
También resulta preocupante la eliminación de estatutos como el del Periodista, Trabajadoras de Casas Particulares, Trabajador Agrario y Viajantes de Comercio, así como la derogación de la Ley de Teletrabajo. Al pasar a regirse sólo por la norma general, estos sectores perderán protecciones específicas sobre la jornada, las comisiones y derechos como la desconexión y la reversibilidad.
La reforma además excluye sectores enteros como el personal embarcado y a los trabajadores de plataformas digitales. Esto último es grave porque desconoce las nuevas formas de empleo, atravesadas por altos niveles de informalidad y precarización que afectan sobre todo a los más jóvenes, institucionalizando la exclusión de una generación a la que ahora también se le niega el acceso a los derechos laborales.
La lupa en el FAL
Uno de los aspectos más regresivos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que modifica el sistema indemnizatorio, debilita la protección frente al despido arbitrario y lo convierte en un costo previsible financiado con aportes hoy destinados a la Ansés. De manera perversa se desfinancia el sistema previsional público y solidario para abaratar el despido y favorecer al sector financiero.
Además se dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica el desmantelamiento de un fuero clave para la defensa de los trabajadores y erosiona un mecanismo central de protección laboral creado por Perón para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Una “modernización” laboral que, además de incidir sobre la capacidad adquisitiva, el descanso, la salud y la vida familiar de las personas, (en definitiva, las condiciones que hacen posible el desarrollo personal, social y económico), no puede analizarse aislada del modelo económico en el que se inscribe, coherente con un esquema que debilita la industria nacional, fragmenta el empleo formal y empuja al país hacia una reprimarización productiva.
El problema es aún más profundo porque reduce el trabajo a una mercancía y desconoce su dimensión social, cuando, justamente, el derecho laboral se construyó para superar esa concepción. En 1891, la Rerum Novarum sostuvo que el trabajo no podía separarse de la dignidad humana y que su protección constituía una responsabilidad social. Esto se consolidó luego en el derecho internacional, ya que el Tratado de Versalles, que dio origen a la OIT, estableció que no es una mercancía y la Declaración de Filadelfia reafirmó esa idea como uno de los fundamentos del orden social.
No es posible aceptar que se llame modernización a la degradación de la dignidad de los trabajadores, ni que en nombre de un supuesto avance se pretenda destruir derechos que costaron décadas de lucha. Cuando desde el peronismo decimos que hay una sola clase de personas, las que trabajan, afirmamos que en el trabajo se juega la dignidad individual y el futuro de la sociedad. La llamada modernización laboral avanza en sentido contrario, comprometiendo el futuro de miles de trabajadores y las posibilidades de desarrollo de la Argentina.
