Un ajuste que abre interrogantes

El razonamiento de que la Argentina saldrá adelante equilibrando las cuentas cueste lo que cueste empieza a abrir grietas en la alianza gobernante.

Es que muchos comienzan a preguntarse si vale la pena comprometer el cada vez más escaso capital político que queda, cuando las elecciones se acercarán a pasos agigantados terminado el Mundial de Rusia.

El problema político, generado por la magra performance económica, es que son tres los partidos que sostienen al gobierno, y no uno como a veces desearían asumir las principales espadas del PRO.

Un río por ahora subterráneo de preocupación sacude a los socios radicales de la coalición, mientras Elisa Carrió —quien soportó su peor semana política desde que asumió Cambiemos por distintos pasos en falso— se juramentó bancar a Macri hasta el final porque considera que lo contrario sería repetir los errores que hicieron irse en helicóptero antes de tiempo a Fernando de la Rúa en el 2001.

El problema para Macri no sólo es político, ya que el propio establishment que lo acompañó en el 2015 entró en zona de nubosidad variable, preocupado por una crisis social que termine erosionando los pocos logros económicos alcanzados hasta ahora.

Si hasta el campo, el sector empresarial más alineado con Cambiemos, le llevó planteos al presidente por las dudas sobre el futuro de las retenciones y las altas tasas de interés.

El sector agropecuario es el más beneficiado por la feroz devaluación de abril y mayo, y por eso se preocupó en destacar la fuerte liquidación de divisas durante junio, que superó los 3.000 millones de dólares.

La devaluación también promete reducir el desequilibrio comercial, tal vez uno de los puntos más débiles de la política económica.

Pero si la depreciación de la moneda resulta útil para algunos sectores, está provocando estragos en los sectores sociales más postergados y también en las clases medias, base de sustentación política de la alianza gobernante.

La decisión de echar a Juan José Aranguren del Ministerio de Energía hizo pensar en una revisión de la política tarifaria para atenuar el tremendo impacto de los aumentos.

Pero las declaraciones formuladas por su sucesor, Javier Iguacel, dejaron claro por ahora que los incrementos tarifarios continuarán, lo cual seguirá erosionando la base política de Cambiemos.

Así, el torniquete combinado de aumento de costos y tasas por las nubes es una encerrona para las pymes, el sector empresarial más golpeado por los recortes en toda la línea de decisiones económicas.

El problema que se suma es que las pymes explican siete de cada diez empleos en la Argentina.

En el primer semestre, la pobreza aumentó como consecuencia de la inflación y la parálisis económica, y el cuadro se agravará aún más si, como se espera, la desocupación comienza un ciclo ascendente a partir de la menor obra pública y medidas preventivas que adopten las empresas ante el nuevo escenario restrictivo de la economía.

El Presupuesto para el año próximo prevé un crecimiento del 2 por ciento y una inflación del 17 por ciento, pero la mayoría de los analistas lo considera poco realista, teniendo en cuenta el escenario actual.

El costo de vida se proyecta hacia a un 30 por ciento en este 2018 mientras las perspectiva de crecimiento son nulas, según el último sondeo de expectativas realizado por el Banco Central.

Ante esa perspectiva, las paritarias de los grandes sindicatos comenzaron a reabrirse para apuntar a un 25 por ciento, como ocurrió en el caso de Empleados de Comercio.

Otros gremios buscarán seguir por el mismo camino, y el gobierno intentará frenar la embestida que se viene por el lado de los estatales, en el marco de la restricción presupuestaria vigente, que incluirá el congelamiento de vacantes hasta el final del mandato.

Todo sea por cumplir la ambiciosa meta comprometida ante el FMI a cambio de 50.000 millones de dólares que le alcanzarían a Macri para terminar su mandato sin sobresaltos financieros, aunque con cada vez menos chances de lograr la reelección en 2019.