Hace tres meses el jefe de Prensa de la Fiscalía Regional de Rosario pidió el inicio de un sumario a fiscales por manifestaciones que realizaron en una nota de la Revista Noticias. El periodista que firmó la nota se había contactado con el funcionario, interesado en publicar un artículo sobre el peligro que representa para fiscales actuantes investigar a personas ligadas al narcotráfico en Rosario. El funcionario respondió sobre la imposibilidad de realizarla porque a su criterio el tema a tratar no era conveniente para la fiscalía.
El jefe de prensa consigna que a raíz del pedido se comunicó con dos fiscales que trabajan estas temáticas, Matías Edery y Pablo Socca, a los que les dijo que la nota no se iba a realizar dado que una intervención en la prensa sobre amenazas a fiscales “no traería ningún tipo de beneficio” aunque “se podría realizar más adelante”.
El redactor de Noticias hizo lo que haría cualquier periodista interesado en un asunto. Asumió que no iba a contar con la colaboración del jefe de prensa y siguió adelante con su propósito. Entrevistó a cuatro fiscales sobre un tema de legítimo interés y el 11 de marzo pasado publicó una nota que fue la portada de la revista.
Al advertir la publicación el funcionario puso en conocimiento de lo ocurrido a la fiscal regional María Eugenia Iribarren, quien remitió a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) los antecedentes del caso. Se abrió un procedimiento disciplinario en el que se analizó la conducta de los cuatro fiscales que se expresan en el artículo: Matías Edery, Franco Carbone, Pablo Socca y Valeria Haurigot.
En los casos de Edery y Carbone el auditor del MPA Leandro Mai no advierte motivo de reproche porque el denunciante no los involucra y porque concluye que sus manifestaciones fueron previas al pedido que el periodista le hiciera al jefe de prensa. Pero en los de Socca y Haurigot hace observaciones que terminan con un pedido de sanción, una amonestación a ambos por los dichos que el periodista les atribuye. La fiscal regional Iribarren, que trasladó el caso al auditor, ahora debe definir si convalida ese pedido.
Aparentemente lo que perturba en Haurigot es que el periodista utilizó parte de las declaraciones que la fiscal había realizado informalmente y las publicó. Desde la experiencia uno sabe que, en un diálogo con un interlocutor que ostenta una posición pública, surge con claridad qué cosas de las que se dicen entran o no al terreno de lo publicable. “Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más les parece un chiste”, dice Haurigot en la nota de Noticias. “Es increíble. En las audiencias se nos cagan de risa”. Esta declaración es la que aparece en el centro del reproche.
En el caso de Socca, entre otras afirmaciones en el texto de Noticias, una de las que se cuestiona es: “No nos matan porque no quieren, no porque no pueden”. Se consideró, en coincidencia con algo que señala Iribarren, que manifestar algo así implica devaluar la autoridad de funcionarios que deben enfrentar organizaciones criminales.
Es legítimo que cada institución se formule la política de comunicación que valore de su conveniencia. También es legítimo que otras instituciones defiendan la suya. Al periodismo no le interesan las cuestiones reglamentarias sino no encontrar frenos, salvo que sean lógicos, a su cometido de informar. Y este apercibimiento en trámite tiene perceptibles efectos disciplinarios que a veces van alineados con una vocación que es la de controlar el discurso de sus diversas partes. Y que impactan en una prerrogativa fundamental consagrada constitucionalmente que es el derecho a la información, que antes que de los periodistas, es de las audiencias y los públicos.
Eso ya se había hecho manifiesta en el ánimo del ex fiscal regional Patricio Serjal, destituido por corrupción. Y siguió con una posición reglamentaria al efecto, que es la circular del 13 de abril de 2021, en la que Iribarren indicó que en las manifestaciones que efectúen a los medios periodísticos los fiscales deben “extremar los recaudos a fin de no formular apreciaciones particulares, evitando utilizar expresiones innecesarias para referirse a decisiones adoptadas por otros poderes del Estado, utilizando términos acordes a la función y al proceso en sí, puesto que más allá de su interés en la resolución de un caso, no pueden exceder el rol que se encuentran ejerciendo”.
>>Leer más: La mordaza tentadora
Como periodista uno no se mete en lo que el MPA considera bueno para el MPA. Sí contra lo que puede ser problemático o directamente malo para el acceso libre a contenidos que constituyen información y a lo que se considera que es conveniente y bueno para el conocimiento público. Vivimos en una ciudad donde balearon casas de jueces, edificios del Poder Judicial, en la que individuos acusados de matar gente amenazaron en audiencias públicas a sus acusadores. Eso tiene un efecto sobre las emociones de los que hacen este difícil trabajo. Que pese a esas intimidaciones lo siguen haciendo. El problema, sin embargo, es hacer una alusión a eso.
El efecto que se nota en esta nada original obstinación por el control con la sanción en la mano es cerrarles la boca a funcionarios que no son otra cosa que representantes de la comunidad que los sostiene y remunera. Y los periodistas estamos notando que esta clausura impacta negativamente sobre nuestro desempeño. Hay un efecto que se nota desde que resurgió esta vocación por la mordaza disfrazada de apego a lo reglamentario. Y es que muchos fiscales prefieren no hablar y delegar todo contacto a la prensa precisamente al funcionario que denunció esta situación.
Hay que esperar. Controlar el discurso es imposible. Se callará algún fiscal. Pero hablará algún otro, o un empleado, o un perito, o un miembro de otro Poder del Estado que por compartir incumbencias esté en contacto con el que se silencie para evitar sanciones. La necesidad del contacto con el investigador no es un capricho. Es útil para contextualizar, matizar, ajustar, confrontar versiones, reducir el error. Eso no se consigue, aunque también se valoran mucho, con un parte de prensa de cuatro o diez párrafos. Pero los fiscales, por cosas como estas, están rehuyendo ese tipo de consultas.
Los fiscales sumariados no hablaron de una pesquisa en curso, no revelaron información contraria a los intereses del Estado, no pusieron a un trámite bajo su responsabilidad en situación de malograrse. Solamente dieron una impresión humana sobre el trabajo que desempeñan. El que, según puede atestiguarse yendo cada semana a las salas del Centro de Justicia, siguen cumpliendo.
En esta ciudad donde le dispararon a la casa de un gobernador, a un restaurante con cien clientes, donde le tiraron una cabeza de perro a una funcionaria técnica del MPA a la que después le balearon la vivienda, las situaciones imprevisibles han adoptado una deformada regularidad. Pero más importante parece ser imponer sanciones a fiscales si hacen comentarios, incluso de manera aislada en un posible off violentado, sobre la actualidad en la que se desempeñan. Eso es una observación y es parcial. Lo que es seguro es que si los fiscales eligen no hablar por miedo a que los castiguen será difícil, ante ese cierre autoimpuesto, que la sociedad civil se entere de cosas que le conciernen. La reforma penal que empezó en 2014 nació para que los fiscales den respuesta amplia y elocuente de los temas de interés. Estos trabajan en una ciudad azotada por la violencia. Los cuatro aludidos han recibido amenazas que tuvieron gran notoriedad. ¿Quién decide que eso no debe ser de interés público?
Hasta ahora el órgano gremial de los fiscales no dijo nada al respecto de este caso. Es importante que los que representan a los trabajadores de prensa analicen con detenimiento y cuidado las implicancias de este caso. Porque les atañe de lleno. El planteo de un funcionario técnico del MPA escaló hasta ser validado por la máxima autoridad en Rosario contra fiscales de mucha notoriedad por su trabajo y exposición por sus acciones. Esa es una decisión institucional. Lo importante es que el campo del periodismo quede atento a este ánimo de vigilancia de un organismo clave para la comunidad sobre lo que debe y no debe ser dicho. Órgano que no hizo valoraciones sobre la afectación a la imagen de la autoridad de la institución cuando tres fiscales pidieron traslados al día siguiente de la balacera contra una funcionaria de su misma unidad. Pero que ahora cree inconveniente que dos de los suyos puedan generar un menoscabo al dominio del MPA por decir algo en una revista.
De vuelta: El MPA tiene toda potestad para definir cómo actúa en relación al desempeño de sus miembros. El problema es si con esto invade y complica el dominio de validez de otro campo profesional. Sobre esto es que los periodistas, y las organizaciones que representan nuestros intereses profesionales, estaremos atentos.
