Milei no salda la diferencia entre querer y poder

El tiempo es veloz: Javier Milei cierra su primer mes como presidente tratando que el contundente respaldo electoral de fines de noviembre de 2023 no se le escurra como arena entre los dedos y haga tambalear su decisión de ir a fondo —y de modo urgente— con reformas estructurales del Estado argentino, una apuesta a todo o nada que todavía no proyecta aval político por fuera de los límites del oficialismo.

Si bien la legitimidad de una gestión presidencial se erige a diario en base a los consensos, Milei parece enfrentar problemas con su estrategia en el campo de juego. Si es que, como pregonan él y sus espadas, la arremetida reformista tiene que conseguir un guiño legislativo aquí y ahora, el jefe del Estado aún no salda la diferencia entre querer y poder.

Por lo pronto, el líder de La Libertad Avanza (LLA), quien pasó el fin de semana en visita oficial a la Antártida, no corre el foco de su núcleo duro, machacando con la puja entre el cambio y un modelo empobrecedor y potenciando los cuestionamientos institucionales, mientras la sociedad toda continúa a merced de una inflación sin dique (la medición de diciembre rondaría el 30 por ciento) y a la espera del impacto de otros factores inquietantes como el aumento de las tarifas de servicios —que llegará entre febrero y marzo próximos—. Y con la certeza de que el ajuste no necesariamente lo pagará el pleno de la dirigencia.

Jornadas frenéticas

Acerca de la necesidad y urgencia de contar con capital político, Milei y su voluminoso DNU reformista vienen de sufrir un revés judicial que incide sobre los cambios en las leyes laborales, el ítem con mayor sintonía entre la Casa Rosada y los empresarios de cara a los días por venir.

Al planteo inicial de la CGT le sucedió una andanada de amparos contra el megadecreto, el último a manos de 500 intendentes peronistas acicateados por un pedido de inconstitucionalidad surgido de una reunión con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Dejando atrás el aturdimiento causado por la batería de medidas impulsadas por Milei, la oposición comienza a acomodarse: en principio, deposita en la Justicia y el Congreso la discusión sobre la constitucionalidad o no de los pasos presidenciales, propicia el tratamiento por temas del contenido del mensaje oficial y fija gran parte del discurso en las eventuales consecuencias negativas. Con una impronta tan apocalíptica como la del jefe del Estado para defender su plan.

Luego de la paliza en las urnas, el justicialismo se apalanca en la CGT, que convocó a una huelga para el 24 de enero próximo, en algunos de sus mandatarios provinciales y en sus bloques de legisladores nacionales para adquirir nuevo impulso de cara a una semana que promete intensidad.

Es que el DNU acaba de ingresar al Senado nacional y la cuenta regresiva empieza a consumir los diez días legales que tiene para dictaminar la comisión bicameral de Trámite Legislativo, todavía por conformar ya que restan definir los ocho miembros de Diputados. En ese escenario, el oficialismo ajustó las clavijas para que Unión por la Patria (UP) quedara en minoría.

Luego vendrá el tratamiento en el recinto y sólo si las dos Cámaras se pronuncian en contra, el megadecreto es anulado en su totalidad. No es posible votar por fragmentos, porque el Congreso no tiene la tarea de evaluar el contenido de la medida (como ocurre con los proyectos de ley) sino su constitucionalidad.

Si el tratamiento del DNU no prospera en el marco de la bicameral, podrá discutirse, desde el 18 de enero, en los recintos de sesiones y votarse por sí o por no con simples mayorías.

Pocas horas después de oficializado el megadecreto, la mayoría de la oposición exteriorizó su rechazo. Razón por la cual, si ese posicionamiento se repitiera en ambas Cámaras, el DNU quedaría derogado.

Pero el radicalismo se despachó con sendos proyectos de ley espejo (uno de ellos de Carolina Losada, senadora por Santa Fe) para discutir el articulado de la normativa que empuja la Rosada, aunque Milei no quiere ni un mínimo retoque.

En la otra vereda, Unión por la Patria, en guerra abierta con el DNU, patrocinó presentaciones judiciales y sus diputados recibieron a múltiples sectores afectados, como también a aliados a partidos provinciales y a un sector de la UCR. La premisa es conseguir mayoría en las dos Cámaras.

Más allá de la intransigencia declamada, Milei incluyó algunos temas del DNU en el proyecto de ley ómnibus, como la eliminación de la fórmula jubilatoria y la privatización de empresas públicas, a pedido de la bancada de diputados de Hacemos Coalición Federal, otra vía que podría garantizar quórum.

La apuesta a todo o nada todavía no proyecta aval político por fuera de los límites del oficialismo" La apuesta a todo o nada todavía no proyecta aval político por fuera de los límites del oficialismo"

Si bien el oficialismo tiene la expectativa de aprobar la iniciativas que abarca ese megaproyecto antes de fin de mes, algunos referentes del PRO afines a LLA no descartaron a La Capital una extensión del período de sesiones extraordinarias.

La terapia de shock que fogonea Milei está ligada a la aprobación legislativa de innumerables cambios impositivos. Pero, a simple vista, un texto de 664 artículos promete un tratamiento que dista de ser veloz. Al igual que el DNU, no hay distinción de lo prioritario y lo complementario.

Ahora, producto de la dificultad de sellar acuerdos y, en algunos casos, de la falta de experiencia en terreno parlamentario, el oficialismo reconoce que podrían modificarse aspectos de la ley ómnibus para buscar consensos.

En ese ida y vuelta también talla la actitud de gobernadores que estaban dispuestos a colaborar con sus diputados y ahora ponen condiciones porque se ven perjudicados por artículos imprevistos, como los de pesca o hidrocarburos.

Entre esas provincias se recorta Santa Fe, que en pocas horas volverá a golpear las puertas de Balcarce 50 para depositar sus inquietudes. Nuevamente oficiará de anfitrión el ministro de Interior, Guillermo Francos.

El titular de la cartera política viene de enfriar los ánimos de gobernadores patagónicos (el chubutense Ignacio Torres protagonizó una movida con varios de sus pares para cotizar sus votos), a los que prometió una revisión de la ley ómnibus en materia pesquera.

A la sazón, Francos es uno de los pocos funcionarios de Milei dedicados a buscar en el resto del arco político sustento para el programa económico del Ejecutivo. Pero todo gesto de buena voluntad parece diluirse con las señales que emite el primer mandatario.

Otra porción de la expectativa oficial está depositada en la visita del Fondo Monetario (FMI), en el marco de la séptima revisión del acuerdo de facilidades extendidas, que no se concretó por el balotaje. Déficit fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas son objetivos incumplidos, por eso en el gobierno afirman que el programa está caído.

El equipo económico va por la aprobación de un perdón para habilitar el cobro de los derechos especiales de giro acordados y usarlos para tonificar las reservas. En el exterior esperan que la Argentina exhiba algún resultado y, sobre todo, gobernabilidad.

En un verano inéditamente marcado por la tensión política, el Congreso arrancó la fase de sesiones extraordinarias del peor modo, plagado de enfrentamientos entre distintos legisladores como nunca antes.

Otro escenario

Paralelamente, La Legislatura santafesina hacía 16 años que no sesionaba en enero. Con menor sensación térmica, el gobierno de Maximiliano Pullaro vio convertirse en ley parte del paquete de proyectos destinados a fortalecer la Justicia y el demandado combate al delito.

La sesión del jueves pasado, que alumbró la sanción del fortalecimiento de la jefatura del Ministerio Público de la Acusación (MPA), permitió testear el grado de convivencia entre radicales y socialistas dentro de Unidos. Hubo diferencias, aunque una solución parcial —avanzar con lo más urgente— aquietó las aguas. Y, si bien las restantes iniciativas ligadas al organismo y a otras áreas judiciales quedaron en agenda para febrero, en la Casa Gris no descartaron ante La Capital la posibilidad de concretar otra sesión esta semana.

La apuesta oficial es que la fiscal general, María Cecilia Vranicich, ahora máxima autoridad en cuanto organización, funcionamiento y administración del MPA, avance de inmediato con medidas acordes a la realidad criminal, principalmente en Rosario. Lo propio ocurrirá con otras acciones que procurarán desembocar, a mediados de febrero, con una cantidad ideal de móviles policiales (entre 189 y 200) en las calles de la ciudad.

A modo de primer round de un 2024 que estará signado por la puja salarial, la Casa Gris también abrió una tempranera paritaria docente y trató de marcar el ring al avisar que los próximos aumentos estarán supeditados a las posibilidades con las que cuente la provincia.

Los gremios que agrupan a los maestros públicos y privados pidieron el cumplimiento de lo ya pactado para el sueldo de diciembre. Con intereses distintos, las partes dejaron sus posiciones sobre la mesa de discusión en torno a uno de los principales ejes de la gestión de la coalición oficialista.