Se trata de conceptos que, a primera vista, parecen lejanos a la realidad de nuestro país. Aun así, en los últimos tiempos ha surgido una nueva forma de fundamentalismo autóctono, potenciado por el debate de la legalización del aborto: los fundamentalistas de la Constitución.
La brusquedad de la analogía se matiza al oír a los que postulan una interpretación literal de las normas constitucionales, a partir de la cual rechazan la posibilidad de que en el país se sancione y rija una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Mientras agitan su libro sagrado y veneran a su deidad supralegal, dicen que una norma de ese tipo atentaría contra el derecho a la vida, garantizado desde la concepción por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos; entienden que no hay nada que los legisladores nacionales, seres terrenales, tengan que discutir: la ley sería inconstitucional.
¿Es así? En las ponencias en las comisiones legislativas se ha oído a los más prestigiosos juristas nacionales hablando de la constitucionalidad del proyecto. ¿Es posible superar las posiciones encontradas y determinar quién lleva la razón? Sí, de hecho, el problema ya está resuelto.
Se trata de una discusión sobre los alcances de los preceptos constitucionales, y quienes en la práctica tienen la última palabra interpretativa ya se han pronunciado. Tanto la Corte Suprema nacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fallado que el aborto no atenta contra el derecho a la vida. En la misma sintonía se han manifestado organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, entre otros. No sólo les han reconocido a los Estados la potestad de regular el aborto legal, sino que en muchos casos los han exhortado a modificar sus legislaciones para que por lo menos lo permitan por determinadas causales.
¿Qué buscan entonces los fundamentalistas de la Constitución? Ofrecer una alternativa a quienes no quieran asumir las verdaderas motivaciones de sus decisiones. Aquellos legisladores que en su fuero íntimo están en contra del aborto y quieran votar en ese sentido, a pesar de que se saben llamados a legislar a favor de intereses públicos, podrán escudarse en que rechazan la ley por respeto a Constitución. ¿Quién no quisiera hacerse llamar defensor de la vida y de las instituciones democráticas?
No es justo que se apropien de esos títulos. La Constitución no prohíbe el aborto, el derecho a la vida no es absoluto desde la concepción y es posible que cada Estado decida si permite la interrupción voluntaria del embarazo. En ejercicio de esa facultad, Argentina debe hacerlo.
Actualmente, el aborto sólo es legal por determinadas causales. Resta resolver si se legaliza el aborto libre y sin expresión de causa. Cuando el tema se instaló en la agenda legislativa, tras décadas de forzada postergación, la sociedad se vio obligada a tomar partido. El proceso de discusión se consolidó como una de las mayores expresiones de democracia deliberativa en nuestra historia, pero aun antes de interiorizarse en los pormenores del debate, a muchos les bastó con ver la composición de los bandos para decidir a cuál querían pertenecer.
La marea verde que copó las calles y las redes militando por la legalización sintetiza aspiraciones que van mucho más allá del aborto. Es el hastío contra los valores y modelos tradicionales que han orientado el rumbo de la sociedad. Es el rechazo a la excesiva intromisión del Estado en la vida privada de los individuos. Es la lucha por igualdad entre hombres y mujeres, en especial, en el goce de sus cuerpos y en el ejercicio de su sexualidad. Representa un deseo de cambio contra el orden establecido, con los alcances que cada persona pretenda darle.
Eso explica la épica con la que se vive el proceso. Los gritos, los cantos, los llantos no alcanzan para abarcar la pasión de quienes se sienten reclamando por lo que consideran justo. Mientras en todo el mundo se trata de visibilizar y reducir la desigualdad de género, la causa canaliza las pretensiones de una multitud a la que se le dio la oportunidad de anotarse una victoria concreta y tangible. Cuando, tarde o temprano, el aborto sea legal, la conquista va a celebrarse como una fiesta.
A esta altura, los argumentos que emplee cada legislador no interesan para persuadir a los adversarios sino para rendir cuentas frente al electorado. Por eso, no se les puede permitir que oculten sus convicciones disfrazándose de fundamentalistas de la Constitución. Mucho menos debería tolerarse a los especuladores que, en la discusión más trascendente de los últimos años, tienen el atrevimiento de catalogarse como indecisos con tal de conseguir un minuto más de protagonismo antes de votar por la opción que les genere mayores réditos políticos. Es la oportunidad perfecta para conocer de qué están hechos quienes nos gobiernan. La postura que asuman revelará más que cualquier discurso electoral.
Por Juan Iturrez
