Lavado de dinero y crimen organizado

La ciudad de Rosario hace tiempo se encuentra atravesada por hechos violentos. Tratamos de comprender el fenómeno para abordarlo y nos resulta imposible si no lo analizamos como un segmento más del crimen organizado. En Rosario sin dudas se ha instalado una modalidad de la criminalidad compleja.

Las investigaciones de los mercados delictivos han puesto al descubierto que detrás de las personas que se vinculan para cometer delitos de sangre existe un gigantesco y aceitado mecanismo para usufructuar los activos que generan esos hechos.

Esos mercados, por ser ilegales, se regulan por una ley: la de la calle. Y esto genera daños sociales inmensos. Esas personas no delinquen porque son “malas”, sino porque el delito les permite acceder a grandes negocios y en consecuencia a abultadas ganancias que deben ser incorporadas a la economía legal para poder disfrutarse. Y en esa tarea, intervienen otras personas que “lavan” los activos mal habidos.

La venta de drogas prohibidas, la evasión fiscal, la venta ilegal de armas, las usinas de facturas apócrifas y el juego clandestino generan dinero sucio que requiere de los servicios de las estructuras de lavado. Para entender estos procesos sociales -que tienen componentes económicos y jurídicos- es fundamental trabajar con una perspectiva que incluya el delito de lavado de activos como circundante de toda investigación criminal. Y comprender los daños que causan a la sociedad este tipo de delitos.

Este delito requiere una multiplicidad de acciones llevadas a cabo por grupos delictivos que buscan cambiarle la apariencia a los activos generados por las actividades ilegales, “limpiarlos” para poder de esta forma disfrutar del producto o provecho de los hechos ilícitos cometidos. Ello suele acaecer detrás de la violencia visible, evidenciada en asesinatos, secuestros, balaceras, narcotráfico. Mucho de ese dinero está manchado con sangre y con estas maniobras se pretenden lavar.

Ambas puntas de este fenómeno criminal explican parte de la violencia que atraviesa nuestra sociedad. La comunidad internacional advirtió el daño que le provocan estas conductas a las economías y a las democracias, ya que las consecuencias de estos delitos trascienden fronteras. Por ello sancionó convenciones internacionales para prevenir y sancionar estos hechos. Estos convenios obligan internacionalmente al Estado Nacional y Provincial a procurar políticas públicas que impulsen la investigación de estos hechos.

Para lograr efectividad en esas investigaciones se debe sancionar a todos aquellos que participan con algún aporte en la cadena de responsabilidades: desde quienes cometen los hechos delictivos por los que se obtiene el dinero u otros bienes (delito precedente), hasta los que se ocupan del “blanqueo”. Así, los que prestan su nombre o compran bienes sabiendo que provienen de delitos; los que administran sin preguntarse de dónde viene tanto dinero; o incluso los que transfieren, usan o los tienen en su poder a esos bienes mal habidos, disimulando la forma criminal en que fueron obtenidos.

Ellos saben -o, lo que a los efectos legales es lo mismo, con pocas preguntas podrían informarse- que ese dinero es “sucio”. Aquellos que deben indagar sobre el origen de los fondos y no lo hacen, también cometen conductas criminales. Claro, ellos no son ostentosos, no se los “ven” como criminales habituales, pero son los que permiten que los hechos violentos que generan amplios márgenes de ganancia se multipliquen.

La incorporación de esa masa de activos ilícitos en las economías afecta el normal funcionamiento del sistema financiero, productivo, familiar y político. Además vulnera los controles públicos diseñados para evitar la concreción de actos ilegales. El sector privado también es fuertemente afectado. Las condiciones de competencia se ven vulneradas puesto que en un mismo mercado interactúan empresarios leales que cumplen la ley y otros que inyectan activos ilícitos, distorsionando precios y fijando falsas expectativas en el empresariado honesto.

A poco que nos adentramos en investigaciones judiciales vemos que las economías legales y las ilegales se imbrican, entrelazan. Y aún más, las economías delictivas montan estructuras con visos de legalidad a través de la manipulación de figuras y ropajes societarios. Por eso el Tribunal Supremo Español sostiene desde hace más de dos décadas que para demostrar este delito “lo usual será contar sólo con pruebas indiciarias”.

Cuando un narco compra dólares en la “City Rosarina”, la prueba es indiciaria. No contamos con una prueba directa de que ese dinero provenga del narcotráfico (ni siquiera es necesario que exista una condena por la justicia federal por ese hecho). Pero podemos probar que no tiene trabajo, no tiene registros en AFIP y además, está vinculado fuertemente a una banda criminal que vende drogas. Entonces, y con las particularidades de cada caso, se puede argumentar que esa persona obtuvo el dinero producto de un delito y luego fue a la cueva a “lavarlo”.

Por su parte, la prueba de que quien le vende esos dólares sabía de la proveniencia ilícita del dinero, se infiere a partir de esos indicios. La dificultad para obtener esa prueba directa radica justamente en que existen “intermediarios” que colaboran en la tarea de camuflar las transacciones. Hace un tiempo venimos trabajando en todo esto. En el nuevo escenario criminal local el Estado por medio de sus agencias (policías y MPA) se reacomoda para enfrentar este desafío. Es necesario desmantelar económicamente a esas bandas criminales. No hay otra alternativa. En esto se nos va mucho de nuestra declamada república y la vida en democracia. Es sólo el comienzo, queda mucho camino por recorrer.