Opinión

La ley yla trampa

La Ley, la que se pretende que sancionen los legisladores de la provincia de Santa Fe instituyendo la competencia provincial para los delitos mal llamados de "narcomenudeo".

Miércoles 30 de Mayo de 2018

La Ley, la que se pretende que sancionen los legisladores de la provincia de Santa Fe instituyendo la competencia provincial para los delitos mal llamados de "narcomenudeo".

La trampa: la falacia de que con esa sanción mejorará la "lucha contra el narcotráfico" al ser la policía, los fiscales y los jueces provinciales los encargados de investigar, juzgar y en su caso condenar por la comisión de estos delitos.

¿Por qué motivo hay delitos, como la trata de personas, el contrabando o los delitos de "lesa Humanidad", o los delitos con drogas, que son de competencia federal o también llamados "delitos federales?", es decir que ocurran donde ocurran siempre es la Justicia Federal la que interviene. Porque se entiende que el bien jurídico lesionado por la acción delictual es de una envergadura y extensión tal que es mejor que sea el gobierno federal, con todas sus agencias —incluida la judicial— el que actúe ante tales delitos y sus perpetradores.

El desdoblamiento pretendido, que implicaría la prevención, investigación y juzgamiento del llamado narcomenudeo en manos del aparato provincial, incluido el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, no solo no tiene justificativo ni jurídico ni fáctico, sino que implicaría una severa involución.

Se advierte fácilmente que diluir o descentralizar la prevención, persecución y juzgamiento de este particular fenómeno delictual por la cantidad de droga tenida o traficada o por el mayor o menor grado de organización y organicidad del accionar, implicaría un sinnúmero de desventajas y creo que ninguna ventaja. Superposición de investigaciones, cuestiones de competencia, distintos criterios estratégicos investigativos, etc, etc.

Todos los jueces penales de Rosario han puesto el grito en el cielo y han prevenido a los otros dos poderes de que la vidriosa visión de la ministra Bullrich sobre el tema importará un paso atrás, con todo lo que cuesta dar alguno hacia adelante. Esta vez el ánimo y el mensaje de los jueces superó el discurso corporativo que los caracteriza y miró el impacto social que la cuestión causaría. Es que es un verdadero disparate que la misma acción que lesiona la entretela social sea de competencia federal en una provincia y de competencia provincial en otra cuando la importancia de dicha lesión es igual para la comunidad que la sufre, esté donde esté.

A nadie se le ocurre —todavía— provincializar el juzgamiento de la trata o el contrabando porque las personas sometidas o las mercaderías contrabandeadas son pocas o de poco valor.

Sería de lamentar que el gobernador y los legisladores santafesinos mordieran este anzuelo. El sistema penal no es aritmética, Lo cualitativo prima sobre la cantidad, lo racional sobre el oportunismo.-

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