La educación como negocio

Era agosto de 2001, la educadora cubana Aymee Rivera Pérez visitaba Rosario para ofrecer una capacitación sobre lectura y literatura infantil. Había sido invitada por la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe (Aelac), presidida entonces por la querida Rosita Postiglione.

La especialista, en aquel momento, era vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pinar del Río (Cuba). Y la cita era en una escuela de barrio Echesortu donde se había reunido un buen grupo de maestras y bibliotecarias.

Un rato antes de ese encuentro, Aymee contaba para este diario cómo se pensaba esta enseñanza en el país caribeño. "Ahora mismo cada escuelita de mi país, por remota que esté, cuenta con una computadora y un televisor. Mis alumnos de la facultad durante sus pasantías lloraron al ver a los niños de escuelas de la montaña y rurales cuando recibieron por primera vez un televisor y una computadora, porque aún allí donde no hay luz se las hace funcionar con energía solar. Y cuando hablo de escuelas rurales me refiero también a aquellas que sólo tienen uno o dos alumnos".

"¡Escuelas de un alumno!". El dato que ofrecía casi de paso era revelador.

Para la vicedecana cubana no había sorpresas en ese número, porque -tal como se extendió ya no en una entrevista formal sino en una charla- la educación es un derecho, sin exclusiones, sin limitaciones, sin egoísmos. Un derecho por la única razón de ser humanos.

En la isla falta de todo, muchas escuelas son de adobe o funcionan en casillas de madera, pero nadie duda que la educación es un derecho universal que los abraza sin distinciones. Esa idea se sostuvo desde el primer momento de la Revolución, cuando miles de jóvenes salieron a alfabetizar en los lugares más olvidados y explotados de la isla. Todos sabemos que de la mano de la ignorancia llegan la explotación, los abusos, las diferencias más crueles e inhumanas. Los olvidos y la marginación de una vida digna.

Esa convicción afianzada de que educarse es un derecho permite entender por qué en Cuba el jardín de infantes no es obligatorio -recién lo es desde los 6 años, con la escuela primaria- y sin embargo ninguna niña o niño cubano deja de tener esta enseñanza: ya sea en los centros educativos, ya sea a través del Programa Educa a tu Hijo, al que asisten con sus familias.

La historia argentina reconoce buenos ejemplos de inclusión educativa, de hacer de la enseñanza y el aprendizaje un valor humano y universal. Desde Belgrano y su escuela gratuita para las niñas a Rosario Vera Peñaloza y la atención a los más pequeños; hasta miles y miles de maestras que todos los días batallan para que se entienda que sus alumnos y alumnas no son un número sino personas, con historias colectivas y propias. Pelea que dan ante funcionarias que no conocen ni sienten las escuelas y suelen delirar en proyectos virtuales adornados con denominaciones infinitas o siglas desopilantes, o bien ante burócratas que no quitan la mirada de las pantallas y eligen vivir en la irrealidad.

Hay sobradas historias de estas luchas en todo el país, también en Santa Fe. Como cuando en 2008 el Ministerio de Educación decidió dar por finalizada la experiencia de los profesores itinerantes secundarios en las escuelas rurales. Y, por ejemplo, desde entonces los chicos de la escuela Marcos Sastre, de la isla El Espinillo, permanecen sin esta educación obligatoria (el año pasado desde el Ministerio prometieron -luego de que esta información se hiciera pública- que este año contarían con esta enseñanza).

Pero si algo nos ha dejado sin aire y ha superado lo imaginable es la decisión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de cerrar escuelas del Delta y rurales. Ilógica, descabellada. Más de una de quienes hemos leído esa noticia hurgamos en ella buscando algún error posible, alguna "información fuera de contexto".

Pero no. Es la reafirmación, una escalada más en la política educativa del gobierno de Cambiemos: sostener la educación como un servicio, a pérdidas y ganancias. Al igual que cualquier negocio, si los números no dan, se cierra.

No está en los planes del gobierno de Mauricio Macri proyectar una educación con perspectiva de derecho. Eso explica que se desconozcan las leyes vigentes, que se cierren escuelas, que se fragmenten el salario docente y la inversión educativa, volviendo a los 90 con un sistema educativo absolutamente dispar. No es verdad -como repiten sus funcionarios- que les importe que un chico de Formosa aprenda lo mismo que uno de Capital. La paritaria nacional docente, clausurada por decreto y de manera inconstitucional, garantizaba ese piso de igualdad.

Y llaman poderosamente la atención el silencio y la obediencia de la mayoría de los gobernadores a esta medida, limitándose a hacer los deberes y cumplir con el mandato de no traspasar el techo salarial que estableció la Nación.

El derecho a la educación no es consigna ni pasa de moda. Cuando se pierde de vista este derecho humano es cuando los alumnos se convierten en números, se borran historias, memorias colectivas y se regatea en cuotas, como en una tienda de ofertas, un mísero salario docente.

Y lo más grave: se comienza a naturalizar que cerrar escuelas públicas es posible.