En la secuencia de atentados contra objetivos del Poder Judicial iniciados el año pasado hubo blancos variados. Atacaron domicilios en los que habían vivido jueces y policías que actuaron en causas de alto impacto, edificios de la Fiscalía Regional Rosario y del Centro de Justicia Penal. Todos fueron igualmente importantes en su carga desafiante y en su ánimo intimidatorio. Pero si hubo uno que tuvo una lógica especial en su carácter inquietante fue el cometido hace 40 días contra la vivienda de una persona de rango intermedio que no tiene la visibilidad que brinda el cargo de otros funcionarios, pero que cumple una función vital en la investigación de las bandas criminales.
Se trata de una funcionaria técnica que realiza los perfiles económicos de los principales grupos criminales. Esta tarea es medular porque rastrea el modo en que organizaciones que usan la violencia invierten el dinero obtenido. Este matiz de la política criminal es central porque les quita a los grupos delictivos el fundamento de su existencia, que no es ya su accionar violento, que es un medio, sino su capacidad para hacer negocios, que es un fin.
El 31 de enero el frente de la casa de esta funcionaria fue perforado con ocho balazos. El ataque se recortó de los otros en dos rasgos de gran potencia perturbadora. El primero es porque, al revés de los anteriores, este ataque no podía explicarse por la notoriedad de la funcionaria, que no la tiene, sino por la muy específica tarea que cumple en un área de investigación restringida. El segundo es porque el ataque enfocaba a quien se ocupa de socavar a las bandas apuntando a sacarles el único elemento que posibilita su continuidad: el dinero.
El mensaje pareció por tanto más sofisticado que los anteriores. Más allá del propósito que tuvieran, los atacantes venían a decir que sabían muy bien el tipo de trabajo que realiza esta investigadora y que, sin importar su escasa visibilidad, la conocían.
Mientras se generaban los primeros movimientos para analizar este atentado se produjo una novedad inesperada. Tres de los cuatro fiscales que componían la unidad creada para investigar estos peculiares ataques pidieron salir de ella. La decisión fue rápidamente aceptada por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano que agrupa a los fiscales.
La novedad, que no circuló enseguida, a esta altura ya es algo sabido en los tres poderes del Estado provincial. Lo que sí corrió rápido fueron los efectos que una determinación así produce. El delito tiene una sensibilidad especial para percibir los titubeos de las agencias estatales que deben perseguirlo y explora para obtener provecho. Objetivamente considerados, los hechos muestran que tras un atentado a tiros contra una funcionaria que investiga a las bandas, tres fiscales de la misma unidad se apartan inmediatamente la investigación.
No se puede saber los verdaderos motivos que tuvieron los tres fiscales, personas respetables y funcionarios acostumbrados a avanzar contra el delito. Pero su automática marcha tras el atentado contra una funcionaria de su misma unidad produce, no de manera arbitraria, lecturas espontáneas. Esta misma semana se lo dijeron al gobernador Lifschitz. "Van a creer que para correr a los investigadores de un caso bastará con tirotearlos".
La coyuntura no fue nada sencilla. No había antecedentes en el país de ataques seriales y coherentes contra integrantes del Poder Judicial que habían avanzado contra grupos criminales, específicamente contra la Banda de Los Monos. Algunos de los fiscales que se fueron ahora sirvieron precisamente para identificar y detener a muchos de los que acusados por esos ataques. Pero la señal que dan al irse, como sus jefes al consentir la salida, no es precisamente la de la convencimiento y la determinación que tiene que distinguir a quienes persiguen el delito.
Es algo ya visto. El año pasado, cuando esta secuencia de balaceras arreciaban casi semanalmente sin que se advirtiera de donde provenían, los más exaltados exigiendo esclarecimiento eran muchos jueces con trayectoria que señalaban en el pasado, ellos mismos, la necesidad de paciencia para esclarecer hechos complejos. Coyunturas así, se entiende, desmoralizan a cualquiera. Pero si eso pasa con los encargados de perseguir el delito es lógico preguntarse qué queda con los ciudadanos que están en el llano. Funcionarios que se irritaban cuando sus nombres aparecían en la prensa no por capricho. sino porque habían tiroteado sus casas, o que prohibían que se tomaran fotos de ellos en audiencias públicas, que eran acontecimientos de primer interés para la comunidad.
Estos hechos pueden motivar distintas opiniones pero son dignos de legítima polémica. No fue alguien de afuera, sino el entonces presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, quien lo expresó en público. "Quien no está preparado para enfrentar estas situaciones no puede ser juez".
Aquellas acciones más la diáspora de fiscales serán ahora inevitablemente leídos como gestos de una debilidad alarmante del órgano encargado de perseguir el delito. Se trata de una profesión exigente cuyo elemento intrínseco, cuando se acepta voluntariamente el cargo, es la exposición al riesgo. En cargos institucionales que tienen ventajas laborales y remuneraciones con las que el 95 por ciento de los santafesinos no podrían ni soñar. En un tiempo histórico en que los hechos de una criminalidad agresiva son parte central de la agenda pública de Rosario, que los poderes de la persecución penal eviten estas fragilidades no parece poco importante.
