Hacia una democracia paritaria

Mientras pienso el título de esta reflexión, siento que no puedo soslayar qué interrogantes nos plantea el deseo de ser paritarias en este siglo 21 atravesado por una pandemia global e instituyente de un paradigma de salud y economía en permanente tensión y, a la vez, asolado por múltiples e impensados escenarios que estallan, al tiempo que definen, la necesidad de una urgente puesta en marcha de anhelos que nos preceden, que reconocen una historia y una praxis emancipatoria y vital.

Si de honrar la historia se trata, no escribo estas líneas desde la llanura ni desde una meseta; lo hago desde el compromiso resuelto y manifiesto de poner en palabras avatares y devenires controversiales que fueron moldeando un modo de concebir el sentido de la República. Esa República que alude a la cosa o asunto (res) del pueblo (populus) mientras se vincula conceptualmente con la democracia.

Si el demos (pueblo) y kratia (gobierno y poder) componen y sostienen la democracia, ¿cuál será en definitiva la pregunta fundante y de sostén del andamiaje, que sin ella desvanecería por deshabitada y fatigada su propia legitimidad al tiempo de no poder sostenerse en una contemporaneidad, que exige un salto cuali y cuantitativo en las formaciones que anidan en su seno? La pregunta sería la que nos impulsa a repensar quiénes constituyen el pueblo y qué implica que el pueblo gobierne.

En definitiva, las distintas categorías de democracia, desde la fundante con un ágora exclusivo para hombres, en donde solo estábamos recluidas en el oikos (la casa) en condiciones similares a los esclavos, así como aquellas de raíz liberal, como las más radicalmente opuestas al liberalismo, no han analizado críticamente su dimensión patriarcal.

Los orígenes epistemológicos y políticos de la democracia subrayan el carácter patriarcal de la democracia moderna como un rasgo estructural presente en las teorías del contrato social que han sesgado sistemáticamente el rol de las mujeres a la hora de pensarlo y definirlo.

Este desafío nos interpela a analizar la fundamentación epistemológica de la democracia paritaria hoy, desde el paradigma político de la igualdad y desde el de ciudadanía para las mujeres consideradas como uno de los y las actoras sociales con capacidad de intervención y de negociación política. Es allí donde entiendo que resulta imprescindible dirigir la mirada y por ende iluminar ese otro lugar donde acontece aquello que no vemos, o no queremos (o podemos) ver.

Las transformaciones que atravesaron las postrimerías del siglo 20 y que hoy conmocionan al siglo 21 son el texto de un contexto social y político. Aferradas a categorías que sostuvieron a nuestros gobiernos, aún en tiempos de precariedad institucional, han logrado dar cuenta en los marcos normativos y en las políticas públicas de una serie de respuestas que alivian a los modelos democráticos y de representación, al mismo tiempo que les permiten sostenerse en el imaginario colectivo como garantes de una república de iguales.

Sin embargo, si nos animamos a desmantelar las ficciones que nos impiden una observación situada y anclada en la historicidad de las prácticas de los y las actoras sociales, la trama urdida para conservar un modelo una y otra vez interpelado cede, no sin resistencias, pero con la solidez que emana del interior de una materialidad que exhibe el deseo de quienes la constituyen. El deseo paritario se funda entonces en prácticas preexistentes que aún sin el reconocimiento de sus respectivas legalidades impone la legitimidad de quienes transcurren sus vidas multiplicando acciones, que desbordan los designios primarios para los cuales, se supone, hemos sido pensadas y situadas.

A la pregunta inicial de esta reflexión acerca de quiénes constituyen el pueblo y qué implica que ese pueblo gobierne, le podemos contestar que la ausencia de paridad democrática, como principio de igualdad sustantiva en las instituciones que organizan nuestra vida colectiva torna endeble el propio sentido de la república. Al mismo tiempo que valida un modelo de representación, cuyas carencias emanan de anquilosados dispositivos de omisión y deslegitimación de un universo que hoy reclama su espacio en estructuras desiguales, cuando no, expulsivas.

Carole Pateman, a principios de los años 80, cuando mi generación se lanzó a la militancia activa, luego de un oscuro período de ausencia de institucionalidad, persecución y muerte del pensar diferente, denunció la condición de subciudadanía de las mujeres. Con ello puso de manifiesto que, si bien fuimos parte de la conquista por el derecho a elegir y a ser elegidas, el déficit general de nuestra presencia en las instituciones de gobierno y el relegamiento hacia las áreas que el modelo patriarcal nos reserva como espacios de resguardo de “lo femenino”, como por ejemplo las tareas de cuidado, no hace más que consolidar un modelo devaluado de participación.

A esto le agregamos que cuando se forjaron las instituciones fuimos mayoritariamente excluidas para ser pensadas como “asistentes o acompañantes” de los procesos de consolidación de las mismas, pero raras veces protagonistas. Incluso atravesadas por una carga de parcialidad y sentimentalismo invalidante a la hora de tomar decisiones que se supone la “objetividad” masculina puede llevar adelante sin otros condicionantes que las de su propio saber.

Todavía recuerdo cómo fui aludida en mi paso por el Poder Judicial cuando decidí integrar un fuero (el penal) tradicionalmente reservado a los hombres y a la racionalidad que de ellos “emana” y cómo con mis compañeras de trabajo, sobrecargadas de tareas ajenas a la jornada diaria, transitábamos nuestros días entre la vida privada y la laboral con tensiones y reclamos que no siempre atraviesan al mundo y a las representaciones (y por ende exigencias) de lo “masculino”. También recuerdo cuando mi deseo de abandonar ese espacio que supone “tranquilidades” laborales que no son tales, pero aventuran una carrera que pareciera asegurar un futuro y un desenlace asimilable con el retiro, despertó algunas inquietudes que pusieron de manifiesto que cuando se trata de irse de los espacios que nos auguran una estabilidad, las mujeres debemos redoblar nuestros esfuerzos.

Al jurar como Diputada de la Nación en diciembre del 2017, lo hice en un Congreso que ya había sancionado la ley de Paridad y debo reconocer que pude disfrutar de un coro de voces que se abrió paso en una asimetría histórica que superó la barrera de las leyes de cupo, instrumento otrora valioso pero insuficiente para dar cuenta de la potencialidad del colectivo de mujeres y sus reclamos.

En nuestro país, la protección de los derechos politícos-electorales de las mujeres reconoce un largo proceso con representaciones diversas y heterogéneas en cuanto a las pertenencias partidarias que sería injusto soslayar pero que alcanza un punto de inflexión en la conquista del derecho al sufragio femenino en 1947, luego que el reconocimiento normativo marcara un hito en la lucha de las mujeres, así como un punto de partida a la hora de sintetizar el salto en la conciencia colectiva que se iniciara con el movimiento sufragista y que más tarde encontrara en los movimientos feministas de la década del 60 otras reinvindicaciones impostergables.

La lucha de los colectivos feministas reconoce avances y retrocesos y así lo demuestra la extensa producción normativa internacional y nacional, fundamentalmente la que surgió de nuestro Congreso Nacional entre los años 2001 y 2015. En nuestra provincia se adecuaron y normativizaron algunos de ellos, pero con un límite que hoy nos resulta insostenible: la ley de paridad.

¿Por qué la normativa que regula la paridad es necesaria? ¿Solo por establecer coeficientes de participación? ¿Solo para tranquilizar conciencias movilizadas? La respuesta es no. La democracia paritaria es mucho más que ello: se erige en un estadío refundacional que instituye un nuevo paradigma de participación política y como tal excede las especulaciones y los monitoreos numéricos.

El camino hacia la democracia paritaria implica, sin eufemismos, la voluntad de integrar y permanecer en condiciones materiales y políticas que nos permitan considerarnos realmente soberanas, deconstruyendo una desigualdad histórica y estructural. Ella nos permitirá recuperar el sentido de las leyes como códigos populares, ya no más como fetichismos normativos encriptados de privilegios de una elite, sino como instrumentos de disputa política por la igualdad de nuestros derechos.

Entiendo, desde una perspectiva crítica, que ninguna ley por sí misma resuelve las relaciones de tensión que se reproducen en la materialidad que las prácticas que constituyen, reproducen y normalizan, ni expresan el resultado de vínculos pacíficos. Tampoco son en sí mismas garantías de igualdad en tanto quienes las construyen no se atrevan a sumergirse en la historia interna de esas relaciones que las preceden. Nuestros legisladores y legisladoras, elegidos por una voluntad popular que deposita sus deseos en las elecciones llevan consigo un doble mandato: el de la constitución que los consagra como tales, pero también el de una historia dinámica y rica en matices que late en otros ámbitos y que no siempre las urnas pueden asimilar.

La ley es siempre un punto de partida. Para que la protección de los derechos sea efectiva y la persecución de aquello que se considera disvalioso cobre sentido debemos promover una revisión de las subjetividades que le dieron origen y hacia las que va dirigida, como asimismo exigir que su operatividad no sea solo una expresión de deseos, sino un constante ejercicio de los reclamos que traigan consigo presencia y memoria.

Es por ello que creo que para resolver uno de los déficits de nuestra democracia, se torna fundamental y urgente la participación paritaria de las mujeres y la de los colectivos en condición actual de subciudadanía en todos los espacios y niveles de toma de decisiones, siendo esto indispensable para que el gobierno del pueblo, eje articulador de la democracia, amplíe las bases de sustentación de la República y se haga cargo, definitivamente, de un extenso reclamo del movimiento de mujeres.

La tan ansiada ley de paridad y por ende la consolidación de una democracia paritaria harán de nuestra provincia un escenario donde la equidad y la justicia definirán un nuevo y virtuoso paradigma de representación y participación para las mujeres que creemos que el cambio de época que estamos protagonizando ha llegado para quedarse. El gran desafío del presente será, entonces, consolidar una democracia paritaria que abrace la heterogeneidad de las demandas y ponga su mirada en el futuro de las nuevas generaciones.