Exposición vs. publicidad en los procesos penales

Actualmente las bocas de los operadores del sistema de justicia penal santafesino están llenas de fragancias y melodías respecto a las bondades de su transparencia, oralidad, pública apertura a la sociedad e igualdad de las partes. Cada operador justifica las “bondades” frente al derogado sistema de enjuiciamiento penal que nos regía anteriormente.

Resulta más fácil justificar que analizar. Y ello es lo que ocurre hoy en día.

Hoy me parece oportuno tratar solo uno de los puntos – de los tantos que deben analizarse- que estimo de altísima relevancia y de gravedad institucional, ya que lejos de ser una situación aislada, aparece en el comportamiento de un pequeño grupo de Fiscales, cuando el hecho se transforma en un juicio paralelo dentro de Justicia mediática y publicitaria. Y debo decir “solo un pequeño grupo”, ya que la mayoría evita pecar de grandeza y espectacularidad y se apega a la letra y al espíritu de la ley.

Esto ocurre cuando, violando la ley, estos Fiscales o los funcionarios a sus cargos, “filtran” audios, videos, fotografías, o cualquier otra evidencia o información sensible que debe ser reservada a las partes, previo a cualquier audiencia que las comprenda para su análisis.

Lamentablemente el propio sistema muestra sus debilidades al alejarse de las reglas convenidas como un gran contrato social. Y este es un sistema de contrapesos que tiene permisiones y prohibiciones; tiene principios, derechos y garantías; tiene partes y contrapartes; tiene contenido y contenedores.

El mayor riesgo consiste en “creer” que se cumple con una regla y a través de esas acciones se encubra una flagrante violación de otra regla. Ese es el momento en el que el contenedor tiene que volver a encauzar el contenido.

Es claro, es lógico y es simple entender que las publicidades de actuaciones investigativas son siempre reservadas para las partes. Ello se afinca en la simple razón de comprenderse que al menos hasta que las evidencias sean analizadas y hayan pasado el tamiz del control de legalidad a través de un Magistrado, nada tiene el público que Juzgar.

El juicio paralelo, el juicio sin control solo trae zozobra y aún más mayor desconfianza en el sistema judicial. Y aquí es donde debemos detenernos y exponer un aparente binomio: “Exposición vs publicidad”. Algunos actores públicos envuelven la exposición y/o exhibición de las actuaciones penales con el venerado Principio de Publicidad del Sistema Penal. Y seamos claros: la exhibición de cualquier evidencia a la prensa, antes que la parte imputada la tenga en su poder para analizarla profesionalmente y no publicitariamente es un delito.

Y ello pareciera ser es el modelo escogido por algunos.

Diferente, claro está, es la publicidad que se tiene en audiencias orales y públicas, que tienen su máxima expresión en el Juicio Oral y que hacen honor al verdadero principio de publicidad.

Concretamente el esquema de permisiones y prohibiciones legalmente instituido indica, en el a veces ignorado artículo 258 del Código Procesal Penal provincial que los actos de investigación y su documentación “son secretos para quienes no sean parte en el procedimiento o no tuvieran expresa autorización para conocerlos”.

Y ello no es un capricho, no es una necedad. Es el necesario equilibrio que debe existir para que la parte, incluso para que el Magistrado pueda valuar jurídicamente, con todos los medios técnicos a su alcance, la apreciación del audio, video, foto o cualquier evidencia que no debe ser exhibida ilegalmente antes a la prensa y luego a la Sociedad.

Ello busca evitar el indeseado juicio popular devenido de los medios de comunicación social.

Por ello la vulneración de tal secreto según lo advierte en Código Penal en su artículo 157 conlleva una sanción, administrativa e incluso penal (prisión e inhabilitación), para aquellos funcionarios públicos que revelaren hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

Esto quiere decir que lo que está permitido es la publicidad estricta en principio de lo que sucede en audiencias orales y públicas, siendo captado por los sentidos de los asistentes a tales audiencias.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo nos detendremos en este gran hermano? - ¿Se toma conciencia del daño que se provoca?.

Como señalara, advertimos últimamente que, en ocasiones, la sociedad conoce las pruebas de una investigación antes que las partes involucradas e incluso antes que los propios jueces que son los garantes del proceso penal constitucional. Hasta luego de haberse producido los actos publicistas, la parte no objetiva ni dueña de la investigación carece de acceso de calidad a los elementos investigativos que llegaron a los sentidos de la población, que ni siquiera estuvo presente en el hecho o en la audiencia pública que los expuso o simplemente se argumentó tener.

Claramente es más fácil para una parte llegar a una audiencia oral con el “test” comunitario cumplido (y avalado por la parcialidad comunicada) si las “evidencias” son conocidas por el pueblo. Y a esa difusión previa (e ilegal) la visten de la mejor seda de la publicidad. Y no hay que confundir facilidad de la gratificación pública con las responsabilidades institucionales.

El verdadero “test” popular es el que se pactó socialmente. El de “Nos los representantes…”. El de la Constitución. El de las convenciones internacionales con rango constitucional. El de los códigos. El de las leyes y los reglamentos, el del Juez Natural y, en su caso, el del jurado popular. El test con reglas. Si no se respetan las reglas, si se incineran las instituciones, si se pervierten los principios, necesariamente podríamos caer en un proceso ficcional.

Hemos visto en estos últimos meses como en los medios de comunicación se dan por acreditados todo tipo de delitos con la sola filtración inadecuada de material probatorio sin que dicho material haya sido examinado por un Juez. Se publican las fotos de domicilios particulares allanados en procedimientos espectaculares, inundados de fuerzas policiales especiales, tan solo para buscar un documento, un papel o algo que pudiera estar relacionado con un hecho delictivo, incinerando socialmente al destinatario de la medida que observa impávido como la fuerza policial ingresa casi contemporáneamente con los medios de prensa.

Esto tiene un componente claro y directo. La prensa cuenta con información que la Fiscalía o algún integrante de las fuerzas de seguridad auxiliar decide poner en conocimiento de toda la Sociedad, desde mi perspectiva no solo ilegal, sino además de forma absolutamente irresponsable. Ello además sin evaluar todos los daños colaterales que sufren las víctimas, los imputados o sospechados, los ciudadanos inocentes y los demás funcionarios públicos que ejercen conscientemente y de manera reservada y austera su función.

Lo que actualmente ocurre con la exposición de videos, fotos, o audios en casos de resonancia político/social, que aparecen sin un desarrollo de contexto, sin una comprensión conglobada y completa de que referencias poseen, daña inexorablemente a las personas involucradas sean víctimas o victimarios pero, y aún lo que es más grave, conspira contra la propia investigación que se hace.

Que quede claro, no se trata de ocultar, no se trata de evitar que se publiquen o se den a conocer hechos resonantes que están bajo investigación. Quienes me conocen saben que soy un ferviente respetuoso del derecho a la información y de los comunicadores en general, especialmente, de los dedicados a las noticias judiciales y/o policiales. Pero se trata de respetar la ley. Porque la misma no es baladí. Evita que el juicio mediático aniquile cualquier posibilidad de un proceso legamente instituido.

Baste recordar otros hechos donde algunas personas luego de una investigación real, completa y con control jurisdiccional, en algunos casos terminan sin siquiera con una acusación, pero fueron despedazadas en los medios, de forma implacable, arruinaron su vida y las de sus familias, porque los juzgaron, me corrijo los ejecutaron antes incluso de escucharlos, porque se “filtró” un audio, una foto, una conversación o la realización de una medida procesal a la prensa o medio o lo que fuera, siendo que estas filtraciones jamás deberían ocurrir ya que por ley, son estos funcionarios los custodios naturales de esas actuaciones.

Deben investigar? Por supuesto que sí… Deben llegar a condenas en hechos ejemplares? Vaya que sí... Lo que no se puede, lo que no se debe, es tratar el debido proceso como una ejecución sumarísima y las personas involucradas como payasos de un circo al que me resisto no debe ser la regla y si la excepción.

Pero aún estamos a tiempo, la publicidad como principio del proceso penal está reservada a lo que se produzca en un juicio oral y público. Lo demás es un exceso funcional, lamentable e impropio de un profesional que tiene el monopolio absoluto del poder de persecución estatal. Y como mínimo, sepan todos porque a todos nos puede encontrar en esta encrucijada que el daño que producen al exponer ilegalmente evidencia antes del control jurisdiccional, antes que la parte lo pueda valorar es irreversible. Es por ello que la sociedad debe requerirle a los miembros del Ministerio Público Fiscal que incurren en estas inconductas que siempre, siempre recuerden la ley.