Ante la falta de respuesta a los reclamos salariales de todos los sindicatos docentes de la provincia de Santa Fe los docentes privados han decidido iniciar un plan de lucha que incluye paros progresivos. Sin perjuicio de la legitimidad y oportunidad del reclamo, cada medida de fuerza del sector da lugar a una serie de situaciones y opiniones que encuentran su fundamento en la complejidad del sistema educativo privado y en la enorme cantidad de preconceptos que existen sobre el mismo.
En primer lugar es necesario aclarar que casi la totalidad de los docentes privados santafesinos cobran exactamente el mismo sueldo que sus pares de la educación oficial. Trabajan sin el amparo de la estabilidad característica del empleo público y ven acotada su carrera docente a la discrecionalidad de sus empleadores. En efecto los ascensos a cargos directivos en los colegios privados no surgen de la objetividad de un concurso, sino que por el contrario quedan librados pura y exclusivamente a la voluntad del empleador, que no se encuentra sujeto a ningún tipo de parámetro que vincule la responsabilidad del cargo con la trayectoria, la capacitación y la titulación.
El plus salarial y las mejores condiciones de trabajo en el sector oficial han alcanzado casi el nivel de mito. Hoy no son más de cinco colegios en toda la provincia de Santa Fe los que pagan algún tipo de suma extra a sus docentes. Esto viene a contradecir la errónea concepción de algunos padres que creen que el monto de la cuota va a incrementar el salario del maestro. La mayor parte del financiamiento salarial del sistema viene directamente del Estado provincial a través de los aportes comúnmente conocidos como subsidios. De hecho muchos colegios no cobran cuotas o cobran contribuciones mínimas, lo que hace imposible la implementación de "sobresumas".
Hoy hay docentes privados trabajando en zonas urbanas marginales, con grupos humanos vulnerables, en educación especial, en pequeños pueblos alejados de las grandes conglomeraciones urbanas y en escuelas rurales. La concepción de la educación privada como un privilegio elitista ha cedido ante la masificación del sistema y la heterogeneidad del mismo. Pero en todos los casos hay un dato que no se puede soslayar: que a algunos colegios privados concurran niños con familias de buen poder adquisitivo no implica, de manera alguna, que los docentes que allí trabajan sean ricos. Calificar la situación económica del docente por la concepción del poder económico que tienen las familias de sus alumnos es un grave error. La realidad indica que, en muchos casos, todos los servicios extras a los que acceden por el "pago de la cuota" se basan en el esfuerzo del docente y la particularidad de la relación de empleo privada en la cual el empleador, muchas veces incluso contra lo establecido por la legislación, impone al docente pesadas condiciones de labor en busca de ofrecer un "servicio" que mejore la oferta educativa oficial, pero que de ninguna manera se traduce en una mejora salarial o laboral para el docente privado.
Es por eso que ante el escenario de conflicto comienzan a aflorar todo tipo de situaciones que delatan presiones, amenazas y aprietes por parte de empleadores inescrupulosos que buscan mostrar ante los padres que "en la privada no hay paros". Sin dudas una pretensión desmedida en tanto no existen motivos, al menos en lo referido a sueldos y condiciones de trabajo, que justifiquen la ausencia de medidas de fuerza. Es necesario que quede en claro que los docentes privados cobran lo mismo que los oficiales y en muchos casos trabajan en peores condiciones.
Es por ello que ante una nueva medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales es necesario que se ponga claridad sobre un sector del que muchos opinan y pocos conocen.
"Si los docentes quieren parar que paren" fueron las palabras del gobernador. Y la verdad es que, al menos en el caso de los privados, tomar medidas de fuerza implica someterse a todo tipo de represalias, comentarios, quejas y acusaciones. Los docentes privados no paran porque quieren, paran porque necesitan una recomposición salarial justa. Y como lo que se busca es justicia, esperan la atención del Estado provincial, la comprensión de los padres y especialmente tolerancia y respeto al libre ejercicio de un derecho por parte de los empleadores.
(*) Secretario gremial Sadop Rosario
La querella de la familia del niño que se ahogó en una de las piletas de la institución insiste en el pedido para imputar a tres directivos. Sostienen que se usaron "pruebas inventadas" para protegerlos
