Hay un consenso que pocos se atreven a decir en voz alta, que hasta los kirchneristas admiten en privado: lo que pasó durante décadas no podía seguir. El déficit crónico, la Argentina viviendo por encima de sus posibilidades, la financiación pública del gasto sin planificación ni impacto social. Pero la pregunta que nadie responde es la que viene después: ¿Para qué? Lo que se recauda, ¿adónde va? ¿A quién vuelve y a quién no? Lo que se repite como un mantra (equilibrio fiscal) no puede ser un fin en sí mismo. Como una pieza de precisión, tiene que responder a objetivos y métodos: orden y criterio de aplicación, selectividad y precisión. En fin, todo lo que no tiene una motosierra.
En la Argentina de hoy, el ajuste y la lucha contra la casta (que al final resultaron ser los remedios, la salud pública, las universidades y todo el sistema educativo, la discapacidad y los jubilados) encierra beneficios ocultos para el Gran Buenos Aires. Recursos de impuestos nacionales no coparticipables y otros que, pese a que por ley lo son, no se reinvierten acá.
No se distribuyen a pesar de que lo dicen las leyes nacionales. Y Santa Fe es un caso claro, más que documentado e indignante de esa discriminación estructural que el país lleva décadas naturalizando. Saquemos el componente termo y pensemos que fue y es una forma de concebir el país. La industria, que se concentró esta semana en Rosario convocada por la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe), también lo planteó, como también planteó la necesidad de reglas claras y protección para la producción manufacturera de actividades que no sean minería, metales raros, finanzas o todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, que son los que figuran en la presentación oficial del Rigi (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
Por los puertos santafesinos sale el 70% de las exportaciones argentinas de granos. Cuatro de cada diez dólares que entran al país salen de acá. Durante la cosecha gruesa, entre 12.000 y 18.000 camiones pasan por día por las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Esas mismas rutas que la Nación no mantiene, no licita, no repara. En 2025 murió un santafesino por día en esas rutas. En el primer trimestre de 2026 ya son 91 los muertos. Santa Fe tiene cinco veces más kilómetros de rutas provinciales que nacionales, pero siete veces más fallecidos en las nacionales. No es mala suerte. Eso, en todo caso, se suma al abandono sistemático. Y los riesgos, según lo marca la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se multiplican por diez o por quince.
Cruzada judicial
Senadores y diputados de todos los partidos acudimos a la Justicia Federal para que Vialidad Nacional cumpla con el mantenimiento que le corresponde por ley, vía contrato con la concesionaria Corredores Viales. Las licitaciones para las rutas en cuestión siguen en veremos. Los muertos los sigue poniendo Santa Fe.
Cada santafesino que carga combustible paga un impuesto que por ley debería volver en subsidios al transporte. Desde enero de 2024, Santa Fe aportó $706.761 millones por ese concepto. Volvieron $133.000 millones: el 19% de lo recaudado. Los argentinos que vivimos en el interior pagamos el triple del boleto que pagan en el Amba, subsidiado por nosotros. El mundo del revés. La ley que obliga a distribuir esos fondos no fue modificada. La decisión de no cumplirla, sí.
Mientras tanto, los servicios de trenes de pasajeros en las provincias se redujeron a la mitad desde diciembre de 2023: de 22 ramales a 10. El tren Rosario-Cañada de Gómez fue suspendido en noviembre de 2024, pese a que ese había sido su mejor año en cantidad de pasajeros desde su reapertura. Lo llaman reordenamiento operativo. El poder incorpóreo de los eufemismos. Es ferrocidio con otro nombre.
Recorte en salud
Pero la discriminación no se detiene en los recursos para la infraestructura. Esta semana el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un recorte de $63.021 millones en salud pública. Nadie avisó. No hay Consejo Federal de Salud con las provincias. Son $20.000 millones menos para medicamentos e insumos, $25.000 millones menos para el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, $5.000 millones menos para tratamiento oncológico y $800 millones menos para VIH, tuberculosis y hepatitis. Entre 2024 y 2025 el Gobierno ya había recortado el 55% de los envíos del Programa Remediar a Santa Fe: más de dos millones de tratamientos que dejaron de llegar. La provincia tuvo que licitar por su cuenta 195 productos farmacéuticos para cubrir lo que Nación dejó de enviar.
Todo eso que recorta Nación lo vamos a pagar los santafesinos. La ventaja: con fondos propios y un régimen de compra centralizada se logró bajar el 80% del precio en algunos casos.
La misma lógica cae sobre quienes menos pueden defenderse. La ANDIS —el área de discapacidad disuelta tras los audios de Spagnuolo— dejó un agujero enorme. El presupuesto 2026 contempla 202.530 pensiones por discapacidad menos. En Santa Fe hay 134.487 personas con Certificado Unico de Discapacidad. Para muchas de ellas esa pensión no es un complemento: es su único ingreso. En simultáneo, un informe técnico del propio Ministerio de Salud de la Nación detectó sobreprecios de entre 300% y 4.239% en compras realizadas por la ANDIS durante 2025, en 505 expedientes por un total de $18.100 millones pagados a seis empresas proveedoras.
¿Y en educación? Mientras la cuarta Marcha Federal Universitaria colmaba las plazas de todo el país, la Universidad Nacional de Rosario advirtió que las transferencias a las universidades nacionales cayeron 45,6% en términos reales desde 2023. Los salarios docentes acumulan una pérdida del 34,2% desde que asumió el gobierno actual y se ubican en su nivel más bajo en 23 años. El Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario. El Ejecutivo la vetó. El Congreso la ratificó. El Ejecutivo la ignoró. Twitteadas, paquetazos y fuentes de Adorni mediante, 203 días sin cumplir la ley.
Santa Fe aporta el 12% del PBI nacional. Paga impuestos que por ley deberían volver en rutas, trenes y transporte. Sostiene con fondos propios hospitales que el Estado nacional desfinancia. Tiene universidades que se caen a pedazos mientras el Gobierno incumple la ley que el propio Congreso le impuso dos veces. Tiene familias de personas con discapacidad navegando por una burocracia diseñada para el agotamiento.
El equilibrio fiscal no es el tema en discusión, sino el para qué. En Fabricar Futuro, Pablo Javkin enmarcó bien el relato nacional: "Equilibrio fiscal no es tirar deuda para adelante o usar los créditos internacionales que deberían ir a urbanizar barrios para garantizar operaciones financieras de corto plazo". Vivir con las cuentas en orden debería ser el sentido común. El problema es quién y para qué pagamos el ajuste, y quién se beneficia. Santa Fe no está pidiendo generosidades. Está pidiendo que le devuelvan lo que ya pone. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, denunció que "la mayor carga impositiva sobre las personas y las empresas es del Estado nacional". Sus referentes aquí, con descaro, no reconocen el corrimiento del Estado federal en todos estos temas y atacan las tasas municipales e impuestos provinciales. Esto no es un reclamo. Es una denuncia. Y tiene nombre: discriminación con firma y sello oficial.
