Multitudinaria marcha para pedir la revisión de una resolución judicial

“Virginia Navarro no actuó de manera irracional o intempestiva, sino que calculó todo, lo planificó con tiempo y lo ejecutó friamente, mostrando ubicación en tiempo y espacio y total comprensión y decisión de lo que hacía”, dijo a este diario Marcelo Brun, un ingeniero agrónomo de 48 años que el 30 de mayo de 2011 fue víctima de un intento de asesinato en manos de su esposa y logró salvar su vida gracias a la ayuda de un vecino.

   El hombre, que hoy padece severas secuelas de aquel episodio, convocó a una marcha realizada durante la noche del viernes en una esquina céntrica de Cañada de Gómez, en la que leyó ante una gran cantidad de vecinos un petitorio que elevó a la presidenta de la Nación, al gobernador santafesino y a las principales autoridades políticas y judiciales locales y de la provincia.

   Su pedido se fundamenta en una búsqueda desesperada para encontrar garantías de seguridad para él, sus hijos y familiares ante la situación de cercanía que vive con su agresora, luego de que la mujer fue internada en un psiquiátrico y goza de salidas transitorias tras cumplir cuatro de los 15 años de la condena que le impuso la Justicia originalmente.

   “Solicito intervención urgente y responsabilizo sobre mi vida, la de mis hijos y la de mi familia al Estado que la dejó en libertad, a los médicos tratantes, al abogado defensor, al juzgado penal, al tribunal colegiado de familia y a todos los que intervinieron por una única razón: quiero vivir en paz junto a mis hijos y ellos necesitan vivir y crecer con una Justicia digna y de cumplimiento”, señaló en el documento.

   Navarro, acusada de intentar matar a su esposo al provocarle quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo, fue condenada por el juez de Sentencia, Ismael Manfrín, quien consideró a la mujer responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y con alevosía en grado de tentativa. Para el magistrado, no hay dudas de que Navarro “ideó, tomó la decisión, la ejecutó de manera consciente y desplegó sus facultades para decidir el cómo y el cuándo del acto, preparando el terreno adecuado a la finalidad homicida”.

   Ahora, Brun contó otros detalles basados en datos que colectó cuando fue dado de alta. “Nuestra empleada doméstica llegó a mi domicilio a las 14 de ese día para hacer la limpieza y encontró a mi mujer y a su madre limpiando el baño desde donde me arrojó el fuego. Tenían la intención de borrar las huellas”.

   También aseguró que su mujer “hizo hacer una puerta de hierro un mes antes del hecho por un herrero y que luego llamó a otro porque la puerta era muy endeble y le pidió que la reforzara”. Además descubrió una compra con tarjeta de credito en una pintureria local en la que la mujer había adquirido alcohol de quemar y solventes, 13 días antes del hecho.

Patología. “Cuando mi agresora cometió el delito, fue privada de su libertad por sospechosa esa misma noche del hecho, al dictarle el auto de procesamiento fue traslada al Penal 5 de Mujeres de Rosario. Allí tuvo problemas de convivencia, denuncias varias y una enfermedad supuesta que la llevaron, después de pasar por otra institución pública, a la Clínica Avenida de Rosario, por padecer patología psiquiátrica”, explicó.

   Según su relato, Manfrín le notificó que el proceso penal quedó suspendido “por una enfermedad mental sobreviniente”, que no tuvo alternativa ya que los médicos actuantes dicen que no es peligrosa y le explicó que el Código Penal no permite tener a una persona enferma mental en la cárcel.

   Además precisó que el magistrado derivó el caso al Tribunal de Familia Nº 3 para la declaración de insanía y que, en caso de ser negada, el proceso volvería al Juzgado de Sentencia. Mientras tanto la mujer goza de salidas terapéuticas “para afianzar vículos familiares”.   “Hoy circula por la ciudad una mujer peligrosa, sin custodia, restricciones ni escrúpulos, riéndose de todos”, consideró Brun y entre numerosos interrogantes sobre el caso pidió también que se investigue a los familiares de la agresora por encubridores del programado asesinato.