La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó sobre tablas un pedido de informes para que el Ejecutivo se expida sobre las actuaciones de organismos estatales frente a las denuncias por violencia laboral y de género ocurridas en la Municipalidad de San Carlos Centro. Según se indica en los fundamentos los sucesos que desencadenaron la presentación ocurrieron en mayo último cuando el intendente de San Carlos Centro, Jorge Placenzotti, o algún allegado bajo sus órdenes, habría protagonizado hechos de violencia de género y laboral hacia una trabajadora del municipio.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados, Alicia Gutiérrez, a quien acompañaron los legisladores Leandro Busatto, Silvia Augsburger e Inés Bertero. Entre los fundamentos, mencionaron "que el menoscabo a la integridad de la empleada existió, y aún sigue siendo víctima de violencia laboral, y más allá de lo que puedan investigar y dilucidar los mecanismos de justicia respecto a la responsabilidad penal de Placenzotti, el Estado debe intervenir con todos sus instrumentos, en la protección de los derechos vulnerados de la víctima en su doble vía, por su condición de mujer-víctima de violencia de género, y por su condición de trabajadora-víctima de violencia laboral".
"Desde el ámbito de esta Cámara debemos velar por el cumplimiento de la normativa que garantiza la protección de los derechos de todas y todos los santafesinos", indicaron.
La Cámara reclamó así las actuaciones del Ministerio de Trabajo sobre violencia laboral y de la Dirección de Políticas de Género sobre la asistencia y protección que debe brindar a la víctima, quien además de las agresiones en el ámbito laboral, perdió el embarazo en curso.
Por otra parte y tras haber sido despedida de la Municipalidad, la trabajadora víctima de violencia, se presentó como querellante en la denuncia penal que se tramita contra Placenzotti y prestó declaración ante la Defensoría del Pueblo.
"Este intendente tiene un estilo muy particular y totalitario", dijo Gutiérrez tras lo cual aseguró que "ya hubo en otras oportunidades denuncias de otro tipo. Por ejemplo recibimos presentaciones por que no le extendía el carnet de conducir a los integrantes de la oposición".
La denuncia
A principios de mayo la trabajadora fue encontrada en una de las oficinas municipales desvanecida y con notables signos de haber sido víctima de violencia tal que quedó gravemente herida y como consecuencia perdió su embarazo. Estos acontecimientos tardaron en hacerse públicos. Varios días después se conocieron a raíz de denuncias realizadas por varias organizaciones, entre las cuales fue notorio el actuar de la federación de sindicatos de trabajadores municipales Festram, que además realizó una denuncia penal contra de Placenzotti.
En principio dicha denuncia se encuadraba en el delito de abuso de autoridad e incumplimientos de los deberes de funcionario dado a que alegaban que el intendente en lugar de velar por la protección y la asistencia de la empleada, la alejó del cargo temporalmente imponiéndole una serie de sanciones administrativas. Con el transcurso de los días, surgieron agravantes que involucraron aún más al intendente: lo señalaron como presunto autor de los hechos de violencia.
En relación al caso, la subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa, indicó que "una de las modalidades de manifestación de violencia hacia la mujer se da justamente en el ámbito laboral donde muchas veces se pone en juego, como en todos los tipos de violencia, un ejercicio permanente de desigualdad de poder y de jerarquías".
Añadió que "es muy preocupante si se comprueba que el intendente actuó de esta manera porque no es más ni menos que la representación del Estado más cercano a una comunidad que lleva adelante este tipo de situaciones".
Sosa alertó que "es una señal tremenda para una sociedad, por lo cual esperamos que la Justicia investigue en profundidad y nos ponemos a disposición para que este caso de violencia, no solo laboral, sino institucional se resuelva. Y en caso de que se confirmen las denuncias se apliquen sanciones ejemplificadoras porque uno espera del Estado las mejores prácticas sujetas a derecho".
