El mandatario venadense Leonel Chiarella viene recibiendo amenazas desde hace un tiempo y lo relaciona con sus denuncias contra los narcos.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, sostuvo que los presos que están en las cárceles de la Argentina "organizan delitos en vez de trabajar para devolverle a la sociedad lo que se paga en impuestos para mantenerlos". Lo dijo en un marco de las continuas amenazas que viene recibiendo vía celular y que relacionó con las continuas denuncias que viene realizando "contra los narcos de la ciudad"
“En estos últimos meses venimos recibiendo amenazas en virtud de diferentes denuncias que hicimos sobre personas que venden y distribuyen droga en nuestra ciudad, muchos de ellos están presos. Nosotros venimos denunciando con nombre y apellido a estas personas que delinquen”, explicó Chiarella.
Asimismo, destacó que “lo que más preocupa es que los delincuentes desde la cárcel organizan delitos como la venta de drogas, las estafas telefónicas, las extorsiones, los robos, las balaceras. Están haciendo home office, porque están más cómodos adentro de la cárcel que afuera. Ahí tienen celulares, comodidades, internet, todo lo que necesitan para poder organizar el delito”.
Chiarella recordó que las amenazas de muerte le llegaron vía mensajes de WhastApp, en los que se le pedía que cesaran los traslados de presos y que no hubiese más detenciones, prometiendo “balas y granadas para todos”.
Para el intendente venadense estas amenazas tienen como correlato el juicio oral que por estos días se está llevando adelante en la Casa del Bicentenario, que entre otros, tiene como principal imputado a Matías Álvarez, detenido en el penal de Rawson, acusado de ser líder de una banda narco. “Mientras se lleva adelante este juicio, nos amenazan desde la cárcel. Además, esta persona está siendo investigada como autor intelectual del homicidio de una chica, a la que mataron de 17 balazos en la ciudad de Firmat”, afirmó.
En este punto, Chiarella subrayó que “es inadmisible la impunidad con que se mueven los delincuentes desde la cárcel, deberían estar incomunicados y con todos los controles”.
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Las amenazas vía celular de presuntos narcos de Venado Tuerto a referentes políticos y judiciales para no tener fin y ahora se suma una que sucedió en las últimas horas. El destinatario fue, entre otros, el senador por el departamento General López, el radical Lisandro Enrico.
Desde el entorno del legislador sostienen que todo está estrechamente vinculado a la pelea que está llevando a cabo Enrico contra los narcotraficantes del sur santafesino. Uno de los imputados por delitos de narcotráfico sería responsable de las amenazas de muerte al senador, al intendente Chiarella, fiscales y jueces federales.
"Las denuncias de políticos por la venta de droga, más la profundización de la Justicia Federal en la investigación de estos delitos fue lo que derivó en este juicio oral que en un principio presentó 19 imputados y contará con más de 200 testigos", sostienen desde el entorno de Enrico.
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La causa está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, y tras distintas abreviaciones de sentencias, finalmente quedaron cinco imputados a la espera de fallos. Entre ellos, Matías Álvarez, una persona que actualmente cumple sentencia en la Unidad 6 de Rawson, Chubut. por delitos como venta de droga, abuso de armas de fuego y organizador del funcionamiento de esta banda delictiva. Y que también, es investigado como autor intelectual del homicidio de la joven firmatense Érika Avalos, asesinada de 17 balazos.
Lo sobresaliente e inexplicable del juicio, es que Matías Álvarez, acusado que presencia el juicio a través de conexión virtual desde la cárcel de Chubut, por las características del contenido y las identificaciones que arrojaron las torres de comunicación, sería el promotor de las recientes amenazas de muerte que recibieron por mensajería de Whats App el senador Lisandro Enrico, el intendente Leonel Chiarella, la fiscal Susana Peppino, el fiscal Javier Arzubi Calvo y el juez federal Aurelio Cuello Murúa.
Los funcionarios políticos serían puestos en la mira de los narcos por su constate combate y denuncias contra la venta de droga, mientras que los fiscales y el magistrado fueron amedrentados por dar curso a las investigaciones. Eso al menos aseguran los allegados a los referentes radicales Lisandro Enrico y el mandamás venadense, Leonel Chiarella.
Los otros 4 juzgados son: Luciano Álvarez (detenido en la Unidad 11 de Roque Sáenz Peña), Maximiliano González (detenido en la Unidad 1 de Coronda), Daniel Núñez y Kevin Aranda (ambos en libertad). Esta causa tiene como juez principal a Osvaldo Facciano, y como fiscal general es el letrado Oscar Fernando Arrigo. El juicio oral y público se llevará a cabo durante los días 6, 7, 22 y 28 de febrero, y terminará en la primera semana de marzo (1, 6 y 7).
Los mensajes intimidatorios, que fueron acompañados con una foto de un arma de fuego, los recibió el senador Lisandro Enrico en su teléfono en la noche del jueves. Las amenazas explícitas también alcanzaron al Juez Federal Cuello Murúa, a los fiscales Javier Arzubi Calvo (Federal) y Susana Pepino (MPA) , y al intendente Leonel Chiarella. Entre las frases más fuertes se advierte que habrá "balas y granadas para todos".
El contenido de los textos intimidatorios fueron los siguientes: “Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico (sic). Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el (Javier) Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”.
Este episodio se suma a otras amenazas que padecieron en las últimas semanas Enrico, Chiarella y Peppino. Esta vez los mensajes no tuvieron firmantes, pero uno de los celulares involucrados vuelve a tener característica de Trelew (Chubut), ciudad cercana a Rawson, donde se encuentra Matías Álvarez cumpliendo condena en la Unidad 6, lo que enciende alarmas sobre el funcionamiento de ese servicio penitenciario por el acceso a la comunicación (vía celular) que mantienen los presos y las visitas que reciben donde pueden encontrar complicidad para ejecutar las amenazas.
Tras los hechos, Álvarez vuelve a ser el principal sospechoso de ejecutar (o mandar a realizar) estas amenazas, de acuerdo al origen de las comunicaciones y también por las coincidencias que hay con los textos intimidatorios que a fin de 2022 también le llegaron a Chiarella, Enrico y Peppino donde le manifestaban que dejaran de “meter gente inocente presa” porque de lo contrario habría hechos de alta violencia.
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El intendente municipal cargó responsabilidades sobre las autoridades penitenciarias por este accionar de los delincuentes y consideró que para que los presos estén operando desde la cárcel no hay controles, hay corrupción, hay complicidad del servicio penitenciario. “Eso es lo que nosotros percibimos, porque no puede ser que los presos estén con todas estas comodidades y acceso a la tecnología en los penales. Por ejemplo, todos los líderes de las bandas venadenses que venden droga en nuestra ciudad están presos. Sin embargo, siguen operando desde la cárcel”.
Para cerrar el intendente, aseguró: “El servicio penitenciario si es Federal depende del gobierno nacional, y si es provincial del gobierno santafesino. Hace falta más compromiso y control. En las cárceles no puede existir complicidad con el delito, eso es realmente inadmisible”.
Y fue más crítico de la situación al señalar que "lamentablemente se vive en el país del revés, porque los presos están adentro de la cárcel organizando delitos, cuando en realidad deberían estar trabajando para aprender un oficio y devolverle a la sociedad lo que cada ciudadano paga con sus impuestos para mantenerlos adentro de las distintas cárceles".
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