"Encargamos un estudio integral". Cuatro palabras que dicen poco y menos alcanzan para apagar la brasa caliente que es la rescisión "consensuada" con la concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe, pero que ciertamente son inocuas para mitigar el daño que amenaza en convertirse en el escándalo público del que el socialismo ya casi se pensaba indemne: la corruptela que se sospecha podría significar que entre gallos y medianoche se le perdone a unos empresarios que incumplieron totalmente su parte, unos 1.500 millones de pesos.
Y ya no lo manifiesta la oposición, sino el fiscal de Estado del mismo gobierno provincial. El propio gobernador Miguel Lifschitz se vio obligado a dar marcha atrás, y ordenar una revisión de la medida tomada por su ministro del área, José Garibay.
Así de enorme y de grave es la cosa. Por eso ayer Lifschitz tomó distancia de la apertura del primer sobre para la licitación de la concesión —las obras de repavimentación que Arssa debió hacer y para lo cual los santafesinos le pagaron el peaje y que ahora volverán a pagar, con impuestos y nuevos peajes, para que las haga la provincia— y se fue a Esperanza a un acto cuyos colaboradores no sabían explicar muy bien en qué consistía. Al parecer, fue un viaje resuelto medio a las apuradas.
Pese a que en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe se publicó que el acto de ayer se realizaría a las 10, en el Salón Blanco de la Casa Gris, sin explicación fue cambiada de lugar.
Un ministro le expresó a LaCapital que se haría en la sede de Vialidad Provincial, pero al final se cumplió en el Ministerio de Infraestructura y Transporte, donde no estuvo siquiera el titular del área, José Garibay.
"En realidad sí se recibió la caja en el Salón Blanco", dijo un funcionario a este diario, sin que se pudiera dar crédito a semejante excusa.
Alguien está perdiendo la seriedad y al parecer, según la Fiscalía de Estado, ello resulta lujoso; hasta ahora, cuesta unos 1.500 millones de pesos.
Una sola caja
En el acto hubo una sola caja. La de ayer era la apertura con la oferta técnica la que será revisada dentro de los próximos 20 días. Si se la considera satisfactoria, se abrirá la segunda parte, la que deberá contener la oferta económica que dirá cuánto le costará a los santafesinos el mantenimiento de una autopista que no hizo Arssa, a la que el gobierno, por consejo del ministro Garibay, decidió no ejecutarle la garantía. Es decir, no cobrarle un peso por el incumplimiento de contrato.
La secretaria de Coordinación Técnica, Teresa Beren, la funcionaria a quien le dejaron la licitación en sus manos, sin éxito alguno intentó explicar lo inexplicable, por lo La Capital transcribe parte de su conferencia de prensa dada ayer en Santa Fe.
Para la licitación sólo hubo una oferta —y como para sumar a la confusión general— de viejos conocidos de las administraciones socialistas. Fue la misma UTE a la que el gobierno le adjudicara directamente la concesión de la autopista por seis meses en el 2010. Ese año se fue Aufe y la reemplazó otra UTE, integrada por Super Cemento y Edeca, las mismas que se presentaron ayer, también unidas transitoriamente para encarar las obras.
Sin asistencias
Quizás por ello los funcionarios de alto rango estuvieron ocupados en otras actividades y no asistieron al acto.
En 120 días, si se aprueban las condiciones técnicas que presentaron ayer, se abrirá el sobre con la oferta económica.
Entre las preguntas que contestó Beren en su exposición con la prensa se refirió al tiempo que la comisión tiene para revisar la oferta y dijo que "es una prioridad para nosotros, pero entendemos que este primer sobre puede estar en 20 días".
Fin de la rescisión
Asimismo manifestó: "Me parece importante que dejemos en claro esto: la rescisión finalizó. El gobierno toma la posesión del corredor y, a partir de tomar esa posesión, puede comenzar a repavimentar y a su vez, volverlo a concesionar. Firma un acuerdo precario que, salvo el mutuo acuerdo, sigue vigente plenamente".
Asimismo dijo que "a partir de ahora, con Arssa nos manejamos con un sistema de costes y costas. Arssa tiene todas las obligaciones que tenía, salvo repavimentar, y queda pendiente la extinción del contrato hasta que un informe verifique si hay razones fundamentadas, como nosotros entendimos, para rescindirlo por mutuo acuerdo.
Ante la pregunta respecto de por qué entendieron que la empresa (Arssa) no tenía que resarcir nada al Estado provincial, teniendo en cuenta que no hicieron la repavimentación, la funcionaria consideró que "se trata de un contrato sumamente complejo que es un proyecto de inversión a largo plazo y, de acuerdo, a los informes que teníamos había cumplimientos parciales de ambas partes, tanto de la concesionaria como del Estado, y entendíamos que esos elementos daban pie a la rescisión del contrato".
Al cierre de la exposición, a Beren se la interrogó sobre si evaluarán la posibilidad de que el gobierno se haga cargo y administre el mantenimiento de la autopista. A lo que respondió: "En este momento, yo no tengo esa responsabilidad. Estamos avanzando con el llamado a licitación y vamos a evaluar, en primer lugar, la oferta".
