El fiscal federal Javier Arbuzi Calvo desestimó una denuncia penal contra un grupo de familias que ocupó un predio de Pérez donde la empresa Transener tiene sus instalaciones y lo hizo bajo las líneas de alta tensión. El funcionario judicial propició, en cambio, la relocalización de estas personas. Al respecto, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, dijo que el gobierno local ya estaba al tanto de la situación y que se encuentra trabajando con estas familias, a través del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y con la participación del gobierno provincial. "Son una seis familias que fueron asentándose en una zona muy peligrosa, es necesaria su relocalización, pero también lo es que la empresa restrinja el futuro ingreso de gente a los predios", afirmó el mandatario local.
Personal del Ministerio Público Fiscal fue al lugar para conocer la situación de las personas involucradas, y se reunió con autoridades municipales de Pérez, provinciales, y de Transener, para buscar una solución habitacional. Después de esto, el fiscal dictaminó que debe desestimarse la denuncia penal que originó las actuaciones, pues consideró que las familias no entorpecieron la distribución de energía y que, frente a la imputación de usurpación de los terrenos estatales, obraron en "estado de necesidad justificante".
Para la Fiscalía, y según las constancias, no se advierte la configuración del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, que pena con prisión de tres meses a dos años a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas". Tampoco se viola el artículo 181, inciso 1°, del mismo cuerpo legal, que prevé entre seis meses y tres años de prisión a quien "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes".
"La presencia de estas familias asentadas en viviendas precarias en las inmediaciones de las torres de la empresa Transener SA se debe a la imposibilidad de poder acceder a una vivienda digna debido al estado de necesidad de las mismas generado por el problema habitacional -indicó el fiscal-. No se puede pedir el respeto a la ley por parte de los autores cuando la omisión del Estado viola la ley y los coloca en una situación de necesidad que no están obligados a tolerar".
El Ministerio Público Fiscal requirió que, previo a desestimar la denuncia, se ponga en conocimiento de manera fehaciente a la Municipalidad de Pérez y a la Secretaría de Vivienda del Gobierno de Santa Fe de los riesgos que corren las personas, que viven bajo las líneas de alta tensión, lo que podría ocasionar un accidente fatal. Arzubi Calvo solicitó que "se arbitren los medios necesarios para resolver la problemática habitacional de las familias mencionadas" y que “no intervenga personal policial para la resolución de los hechos".
La fiscalía destacó en su dictamen que las familias que allí habitan lo hacen “en condiciones de extrema precariedad y varios de ellos en condiciones de hacinamiento, donde residen en una única habitación familias numerosas, en viviendas que fueron construidas con materiales de chapa, maderas y nylon y pisos de tierra, sin instalación de agua potable en el interior de las viviendas, con baños sin terminar, que en su mayoría son externos a las viviendas".
Durante el trámite de la investigación, Arzubi Calvo dispuso una reunión con el intendente Corsalini; la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Rosana Fornasiero; la secretaria de Urbanismo y Vivienda provincial, Estrella Scolari; y la subsecretaria del Ministerio de Seguridad provincial, Jassi Capitanelli, que se celebró el 2 de junio en la sede de la fiscalía. En la reunión, indicó el fiscal, las diferentes reparticiones pusieron a disposición materiales para la construcción de viviendas y se obtuvo "el compromiso de los presentes para la obtención de disponibilidad de terrenos a la mayor brevedad posible para que las familias pudieran construir con los materiales aportados nuevas viviendas".
La fiscalía solicitó además un informe sobre el riesgo que representaban las viviendas debajo de las líneas de alta tensión.
Posteriormente, funcionarios de la Fiscalía se constituyeron en el lugar junto a personal de Transener y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social municipal. En esa ocasión "se tomó contacto con las familias que allí residen, las que, en forma absolutamente pacífica, se interiorizaron de la problemática planteada y manifestaron su consentimiento para ser reubicados".
Transener informó que la descarga a tierra de energía eléctrica generaría un accidente fatal y ejemplificó que eso podría ocurrir con "voladuras de chapa, el vuelo de un barrilete, o cualquier otro elemento que interfiera en los cables".
Viviendas irregulares
El 14 de enero pasado, Transener, firma dedicada al servicio de transporte público de energía eléctrica de alta tensión, denunció que se habían construido incipientes y precarias viviendas dentro de dos líneas de alta de tensión de 220 y de 500 kilovoltios. A raíz de esta denuncia, la fiscalía federal promovió acción penal ante la presunta comisión de delito y dio intervención a la División Operativa Federal Rosario de la Policía Federal Argentina. De esta manera, a través de averiguaciones policiales se confirmó que los terrenos eran propiedad del Estado nacional y se determinó la existencia de viviendas irregulares en la zona de seguridad del tendido eléctrico de las antenas de 220 kilovoltios
A raíz de la determinación de un potencial peligro para salud de los habitantes, la fiscalía solicitó al juzgado una serie de medidas para resguardar a la población alojada en la zona. Se ordenó a la Agencia de Hábitat de Pérez y a la Secretaria de Hábitat, Urbanismo y Vivienda del gobierno de la provincia que, en un plazo de 30 días, evaluara una alternativa habitacional tendiente a la relocalización de las familias que residen en la zona mencionada y medidas para evitar el posterior ingreso de personas. Además, solicitó que los organismos indicados informen resultados respecto a los pedidos y se abstenga de la utilización de la fuerza pública.
Posteriormente, el MPF requirió a la Municipalidad de Pérez un relevamiento de las viviendas y que se proceda a evaluar y determinar alternativas habitacionales para relocalizar a las personas que se encuentran allí viviendo. Además, se le informó a esa dependencia que se encontraba autorizada para coordinar acciones con la Secretaria de Hábitat, Urbanismo y Vivienda del gobierno de Santa Fe. Con estos datos, la fiscalía visitó el lugar, conoció a las familias y se reunió con las autoridades municipales y provinciales y de la empresa Transener, lo cual le permitió dictaminar por la desestimación de la denuncia penal y solicitar las medidas necesarias para la relocalización de aquellas personas.
En diálogo con La Capital, Corsalini explicó que las familias se asentaron en una zona rural, donde se fueron instalando de manera irregular en la base de las torres viejas que sostienen la alta tensión. "Es una zona que nunca estuvo delimitada por la empresa, y eso facilitó el ingreso de gente. Nosotros estamos abordando el problema a través del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Empezamos a darles servicios esenciales, las venimos conteniendo y acompañando. Cuando nos dio parte el fiscal, sumamos a un actor fundamental, que es la provincia. Son seis intervenciones complejas, con las que venimos trabajando desde hace cinco meses. Ahora pedimos que la empresa haga algo para preservar esos predios", cerró el funcionario.
