"Pedimos el cese de la intervención y elecciones urgentes"

Un grupo de socios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín pidió al interventor “el cese” de esa figura jurídica, que ya lleva un año y cuatro meses, “y la normalización de la entidad mediante el urgente llamado a elecciones”, tal como ocurrió en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), declararon este martes el socio y estibador José María Román y el socio y capataz de estiba Marco José Ricardo a La Capital.

  “La cooperativa y el Supa fueron intervenidos el 1º de agosto de 2019 con motivo de la causa judicial iniciada a (el entonces presidente de la misma, Herme) Juárez, pero el sindicato ya fue normalizado, mientras la intervención de la cooperativa continúa y ya va por el segundo interventor”, abundaron los socios de la cooperativa de trabajadores portuarios. Consultado por la posición del grupo de socios con respecto al ex presidente de la cooperativa, Román sostuvo que “es un socio más, que vote como quiera”. “Es incompatible que haya sido secretario general del Supa y presidente de la Cooperativa de Trabajadores”, completó Ricardo. “Quieren sacarnos la cooperativa.

El interventor nombrado por la UBA (Universidad de Buenos Aires), Roberto Pascualino, un hombre de Buenos Aires, de 70 años, se hizo eterno. Intentamos hablar con él, pero sólo tuvimos dos reuniones por Zoom en las que sólo hablaba él. La pandemia le salió redonda”, advirtió Ricardo.

  En este sentido, Román y Ricardo denunciaron que “el grupo a cargo de la intervención le presentó al juez (federal número 4 de Rosario, Marcelo) Bailaque un proyecto de creación de un fideicomiso, a través de (el economista de la UBA Adolfo) Reinchenberg, para hacer un proyecto inmobiliario, y el juez pidió al Banco Central el desbloqueo de los plazos fijos que tiene la cooperativa”.

  Consultado sobre la posición de los restantes 130 socios de la cooperativa sobre el pedido de cese de la intervención, Román enfatizó que “la intervención no les da participación a los socios y hacen proyectos inmobiliarios con el capital de la cooperativa, estimado en el orden de los 150 millones de dólares, y movimientos de dinero de una cuenta a otra. Los socios estamos unidos por el terror. De los 132 socios, hay 110 que queremos el cese de la intervención y la normalización de la cooperativa, con el urgente llamado a elecciones”.

En esta línea, Román reveló que “ahora el interventor designó a un nuevo interlocutor, Daniel Machado, o sea que siguen nombrando gente con el objetivo de quedarse y perpetuar la intervención, pero no le enviaron al juez ningún informe sobre el pedido de elecciones que les hemos formulado. La cooperativa proporciona trabajadores de estiba a las terminales portuarias y con esta intervención se pierden un montón de ingresos: perdemos la posibilidad de trabajar y de firmar un montón de contratos con multinacionales, que dan trabajo en Puerto San Martín, San Lorenzo, Timbúes y Rosario, que sumado al paro de los aceiteros desde el 2 de diciembre crea una situación muy complicada en el cordón industrial”.

Finalmente, los trabajadores portuarios Román y Ricardo subrayaron que “tememos el vaciamiento de la cooperativa, de la que depende el trabajo de unas 1.500 familias de los estibadores y del personal propio, por los movimientos de millones de pesos depositados en plazos fijos, en cuentas que estaban bloqueadas”.