No hay más multas por exceso de velocidad

A partir de que en febrero pasado no se renovó el convenio para realizar controles viales con la empresa a cargo de la parte tecnológica, no están operando los radares en gran parte de la provincia de Santa Fe.

Esta provincia podía ser modelo en cuanto a control y prevención de siniestros viales, pero una de las principales herramientas, como eran los controles de velocidad realizados por Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv), ya no están vigentes. En febrero se cayó el contrato firmado en 2015.

   Argentina lucha año a año por una pandemia que, a diferencia del Covid-19, se puede ver, prevenir y minimizar. Las muertes anuales reflejan la voracidad: en 2019 fueron 6.627 las víctimas en rutas, calles y avenidas: un promedio de 550 por mes.

Es más, los estadistas repiten que los accidentes de tránsito en el país son la primera causa de muerte en menores de 35 años, la 3ª sobre el total de la población. Por esto, es preocupante ver al personal de la Apsv abocado al control de temperatura a los conductores en el ingreso a la provincia y no al de la velocidad en rutas.

   Y en términos económicos, la siniestralidad vial le cuesta al Estado argentino más de 175 mil millones de pesos, el equivalente al 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI), lo mismo que pavimentar 3.380 kilómetros de rutas o construir 1.830 kilómetros de autopistas.

Los componentes del relevamiento atienden los costos de la pérdida de productividad de la persona siniestrada, los costos médicos, humanos, a la propiedad y administrativos.

Por eso no es un tema menor destacar que la provincia dejó de percibir importantes ingresos económicos por esta falta de control. A manera de ejemplo, en diciembre de 2019 representaron 60 millones.

   Debido a todo esto, más educación vial en las escuelas, controles eficaces y sanciones efectivas son las vacunas más eficaces para luchar con esta pandemia vial, y no se puede prescindir de ninguna de ellas.