La provincia de Santa Fe activa el régimen de iniciativa privada para obras públicas

La provincia de Santa Fe puso en marcha el régimen de iniciativa privada, una herramienta legal que habilita a actores del sector privado a presentar proyectos de infraestructura, obras y servicios públicos. La medida, reglamentada recientemente por el gobierno provincial, se enmarca en la ley N°14402, impulsada por la senadora Leticia Di Gregorio, representante del departamento General López.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se confirmó que ya se recibieron cuatro propuestas espontáneas, actualmente en etapa de evaluación técnica. Además, se encuentran vigentes cinco convocatorias específicas vinculadas al sistema vial, distribuidas en distintas regiones del territorio santafesino.

El régimen contempla dos vías de ingreso: la presentación espontánea a través de la ventanilla digital permanente, y las convocatorias provinciales con plazos y condiciones definidas para áreas prioritarias.

Aumentar las obras públicas

La iniciativa busca ampliar la capacidad de ejecución territorial, incorporar innovación y fortalecer la articulación público-privada. Según explicaron desde la Dirección Provincial de Concesiones y Contrataciones Especiales, el nuevo esquema garantiza transparencia, reglas claras y beneficios concretos para los promotores, como el derecho de preferencia, la mejora de ofertas y el reconocimiento de autoría.

“La provincia abre sus puertas al sector privado para sumar propuestas que acompañen el crecimiento local, generen empleo y agilicen procesos”, señaló Di Gregorio. La legisladora celebró la implementación efectiva del régimen y destacó su potencial para multiplicar la obra pública sin interferir en la planificación estatal. “Queremos que Santa Fe sea locomotora del país. Esta ley lo hace posible al permitir que el privado participe en proyectos de interés social, con un marco normativo que respeta la planificación pública”, afirmó.

Venado Tuerto - Iniciativa privada di gregorio 2

Sumar capacidades

Desde el Ministerio se remarcó que el régimen no reemplaza la inversión pública, sino que la complementa. “El objetivo es sumar capacidades, acelerar tiempos y abrir el juego a propuestas que surjan desde el territorio”, indicaron fuentes oficiales. En ese sentido, se destacó que los proyectos deben responder a necesidades reales, contar con estudios técnicos previos y respetar los criterios de sostenibilidad, impacto social y viabilidad económica.

Desde este medio se pudo saber que entre las iniciativas presentadas figuran propuestas para mejorar accesos rurales, optimizar corredores logísticos y desarrollar infraestructura hídrica en zonas críticas. También se evalúan proyectos vinculados a la modernización de servicios urbanos y la digitalización de procesos administrativos.

La reglamentación establece que toda propuesta será analizada por un comité técnico interdisciplinario, que evaluará su pertinencia, impacto y alineación con los planes estratégicos provinciales. En caso de ser aprobada, el promotor podrá participar en la licitación con ventajas competitivas, siempre que se garantice la transparencia del proceso.

Di Gregorio indicó a La Capital que el régimen representa una oportunidad para que empresas, cooperativas, universidades y entidades intermedias presenten ideas innovadoras con impacto territorial. “Es una herramienta que democratiza la planificación, porque permite que las soluciones surjan desde abajo, desde quienes conocen el territorio y sus necesidades”, expresó.

La provincia habilitó un portal específico para canalizar las propuestas, donde se detallan los requisitos, plazos y criterios de evaluación. El sistema está diseñado para facilitar la carga de documentación, garantizar trazabilidad y permitir el seguimiento de cada expediente.

Desde este medio se seguirá de cerca la evolución de este régimen, que promete dinamizar la obra pública, fortalecer la participación ciudadana y consolidar un modelo de gestión más abierto, ágil y territorial.

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