Insisten en sancionar con dureza a quienes provoquen incendios intencionales

Una iniciativa legislativa presentada en 2022 que propone sancionar con el Código Penal a quienes provoquen delitos ambientales y aumentar las penas, fue ingresada nuevamente esta semana. El proyecto, del diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella fue elaborado en octubre de 2022 como respuesta a los incendios de los humedales del delta del Paraná y hoy vuelve a ponerse en la agenda legislativa.

La propuesta consiste en penar no solo a quienes tienen intención específica de provocar un incendio, sino a aquellos que incumpliendo normas nacionales, provinciales, municipales queman y generan incendios.

La propuesta de Mirabella implica castigar con mayor severidad los delitos ambientales en el Código Penal, a fin de brindarle al Poder Judicial y al Ministerio Público más herramientas para luchar contra este delito.

“La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”, dijo el legislador rafaelino y añadió que “los humedales son un bien jurídico que debemos proteger tanto por las leyes ambientales como por leyes penales”.

El proyecto de ley complementa a la ley de ambiente y de manejo del fuego y busca penar los delitos ambientales de manera más eficiente, para la lucha contra las quemas en el delta del Paraná.

Hasta seis años de prisión

El legislador incorpora penar con uno a seis años de prisión a quienes, sin autorización, excediendo la que tuviere o infringiendo leyes causaren incendio en bosques nativos o pastizales naturales. Así como penas de uno a cuatro años de prisión a quien sin autorización o violentando leyes, causen daño para el ambiente, dañe humedales, lagunas, esteros, cenagales y pantanos o quien altere o elimine cursos o espejos hídricos y extrajere áridos.

Mirabella detalló que “sin dudas, la tipificación de este tipo de delitos es una asignatura pendiente en materia penal. Hasta hace no mucho tiempo, la relación con el ambiente o la naturaleza se veía desde la perspectiva del derecho de la propiedad. Pero, en el marco de delitos contra la seguridad pública, debemos modernizar la normativa”.

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