El 31 de marzo se vencen miles de contratos en diversas delegaciones de Parques Nacionales, tanto de personal directamente relacionado con la preservación en el territorio como de empleados administrativos. En ese marco, en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, el único de su tipo en la provincia, corren riesgo 15 puestos de trabajo dentro de un conjunto que incluye a más de 2.000 trabajadores, que forman parte de una de las estructuras que más divisas aportan al país gracias al turismo de naturaleza.
Lo más preocupante es que entre los despidos se encuentran todos los brigadistas que actualmente se encargan de estar alerta ante la presencia de cualquier incendio en el parque. A ellos, se suman biólogos, ingenieros agrónomos y administrativos, por lo que no habría forma de que el parque funcione.
Actualmente, en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, declarado sitio Ramsar por ser humedales de importancia internacional, 15 de los 20 trabajadores tienen contratos, incluyendo a personal administrativo, técnicos y brigadistas. "Sin este personal, no hay posibilidad de mantener un parque nacional ni mucho menos pensar en la conservación integral de nuestro patrimonio natural y cultural", expresaron los trabajadores en un comunicado sobre el ajuste planeado por la administración de Javier Milei.
Reclamo en la sede de la Intendencia del Parque Nacional Islas de Santa Fe, en Puerto Gaboto.
La medida tiene en alerta a toda la delegación local de Parques Nacionales, ubicada en Puerto Gaboto. El 50% de la cantidad total de trabajadores de todos los parques del país (unos 2200) tienen "contratos precarios, que vencen el 31 de marzo" y afirmaron: "El silencio de las autoridades nos mantiene en una incertidumbre constante, que no permite ningún tipo de planificación laboral, además de generar malestar en cada uno de los trabajadores".
"En Parques Nacionales no sobra nadie, todo lo contrario, falta gente. Hoy contamos con apenas un trabajador cada 8.000 hectáreas", detallaron, para remarcar que "destruir los parques nacionales implica perder soberanía nacional, perder superficie protegida para su conservación, menos posibilidades para el desarrollo turístico, pérdida de continuidad de los proyectos comunitarios en ejecución, pérdida del trabajo interinstitucional, menos posibilidad de combate de incendios y emergencias".
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"Esta situación se replica en todos los organismos del Estado, atravesados por un plan orquestado para el desguace, que apunta a barrer con estructuras enteras. No somos ajenos a esta situación, repudiamos el cierre de organismos y los despidos ejecutados en los últimos tres meses, el desfinanciamiento de las instituciones y el fomento de la privatización de empresas públicas, así como la pérdida de derechos adquiridos. Ante esta situación, solicitamos el apoyo de las instituciones, organizaciones sociales y vecinos y vecinas para acompañar nuestra lucha y la de todos los organismos del Estado", concluyeron.
