Denunciaron en Arequito el uso de agroquímicos no permitidos

El viernes último un integrante de la Comisión Comunal de Arequito denunció una fumigación ilegal en cercanías de la planta urbana de esta población del departamento Caseros, de poco más de siete mil habitantes. Según la denuncia, los vecinos comenzaron a reclamar por el fuerte olor que sentían en el ambiente en horas del atardecer en la zona sudeste del pueblo y recurrieron a las autoridades comunales para que evalúen la situación. En ese contexto, Gabriel Bustamante, se ocupó de recorrer la zona y constató que el fuerte olor provenía de las tareas de aspersión que había realizado minutos antes un agricultor con productos prohibidos por la ordenanza específica vigente.

Según narró el denunciante las aspersiones se realizaron en la zona sudoeste de la parte urbana de la localidad, en momentos en que el viento predominaba del cuadrante sur, a una velocidad de cinco kilómetros por hora. "Inmediatamente me comuniqué con el veedor comunal, Franco Zuchetti, quien tiene la función de controlar las aplicaciones en la jurisdicción", contó Bustamante.

"Tras informarle la situación, inmediatamente concurrió al lugar. Mientras tanto recorrí la zona y observé que un pulverizador terrestre, de los llamados mosquito, se encontraba trabajando en la zona cercana al área urbana. Entonces también me comuniqué con la policía local", indicó Bustamante.

Una vez en el lugar, Bustamante, Zucchetti y personal policial se dirigieron al campo ubicado a unos 900 metros al sudoeste del casco urbano donde constataron que el aplicador, que fue identificado, ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo certificaron que minutos antes de llegar asperjaron con 2,4 D, un herbicida sistémico hormonal muy común, usado en el control de malezas de hoja ancha. Es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo y, en nuestro país, sus formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos fueron prohibidas por el Senasa, por la alta volatilidad.

En Santa Fe, por la resolución Nº 135 del Ministerio de la Producción, desde marzo de 2015 se encuentra prohibido el uso y aplicación del herbicida en su formulación éster isobutílico y restringido su uso para aplicaciones aéreas y terrestres en su formulación sal dimetil amina, a un radio de 6.000 metros y 1.000 de asentamientos poblacionales respectivamente.

Sin embargo, este producto no está autorizado por la ordenanza comunal de Arequito y, al ser una aplicación no informada, tampoco pudo ser controlada como dispone la normativa vigente. Por esa razón, tanto el productor como el aplicador, podrían estar incurriendo en una infracción a la legislación comunal e incluso en delitos tipificados en las leyes de protección del ambiente y de residuos peligrosos.

Bustamante contó que situaciones similares "vienen sucediendo desde hace varias semanas" y eso lo llevó a denunciar el caso en la comisaría local. "Ahora espero que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse", dijo y adelantó que el próximo lunes solicitará una reunión en la Comuna para estudiar modificar en algunos puntos la ordenanza vigente, "para que los aplicadores de fitosanitarios que no realizan las tareas con responsabilidad tomen conciencia de los problemas que causan en la salud de la población y se les apliquen las sanciones que correspondan".

Plantas de acopio

La Comuna de Berabevú, en el departamento Caseros, rubricó una ordenanza que prohíbe la permanencia o instalación de plantas de acopio dentro del área urbana. El presidente comunal, Leonardo Bagnasco, dijo al respecto que "es necesario contribuir y avanzar en el ordenamiento urbano del pueblo, aunque también priorizar el cuidado del medio ambiente y la salud de la población". Esta ordenanza, seguramente sentará un precedente en la región, ya que la mayoría de los pueblos posee la misma característica. Crecieron al margen del trazado del ferrocarril por lo que el área urbana se extendió a ambos lados de las vías, al igual que los acopios que se establecían allí para facilitar la carga de cereal a los vagones.

Actualmente esas plantas de acopio permanecieron operativas a lo largo de los años y su cercanía con las viviendas se constituyó en una problemática difícil de resolver. La decisión política para establecer parámetros claros que privilegien la salud de los vecinos y el cuidado del ambiente, fue clave en esta localidad que ahora aporta reglas para su permanencia y prevé el traslado de las unidades de acopio.

La nueva normativa establece que la Comuna será la encargada de monitorear el trabajo de aquellas instalaciones ya existentes y que las mismas deberán ajustar su forma y su entorno para no continuar generando o ampliando problemas que pueda traer aparejado su funcionamiento en el sitio actual. Además establece un plazo de cuatro años para la reubicación de esas instalaciones en terrenos previamente evaluados y aprobado, a la vez que fija las multas pertinentes en caso de incumplir los puntos regulados.