Asociaciones ambientalistas cuestionaron al Juzgado Federal de Victoria por permitir el acceso de maquinarias a las islas del Delta entrerriano para levantar la cosecha, sin tener en cuenta los argumentos de una de las causas penales que se tramitan en el fuero federal producto de los incendios y la construcción terraplenes ilegales en esa zona para extender la frontera agropecuaria. Además, las ONG aseguraron que el magistrado "se desentendió" de la recomendación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por presunto lavado de activos de esa cosecha al no cautelar la recaudación de la venta de ese cereal y la correspondiente fiscalización del tonelaje de esa extración, a sabiendas de que se trata de un campo en litigio por incendios.
El magistrado victoriense Federico Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por F.E.D.R y una empresa agropecuaria de la zona, quienes solicitaron el ingreso de maquinaria y transporte para poder retirar en los próximos días cerca de 730 toneladas de maíz que se encuentran dispuestas en silobolsas, frente a un campo de 5 mil hectáreas frente a San Nicolás y Ramallo, a partir de una restricción legal que pesaba para todo tipo de acción en el Delta por los incesantes incendios forestales en esa zona "expone a los granos al constante peligro de los efectos del fuego, inclemencias del tiempo y roedores", según adujeron.
A su vez, esgrimieron que sus propietarios de esas tierras habían realizado "una inversión en un emprendimiento lícito, recalcando que están expuestos al riesgo de sufrir un perjuicio económico millonario", y en función de eso solicitaron el retiro del cereal, al argumentar que esa extracción no afectaba al medio ambiente.
Además, en la presentación judicial habían referido que "el cereal fue sembrado para alimentar al ganado, dada la ausencia de pastizales productos de los incendios, y que dicha situación no se pudo materializar producto de la medida cautelar que dispuso la prohibición del ingreso de embarcaciones".
Es así que el juez hizo lugar a esa prohibición que pesaba sobre esa área del Piecas-DP y autorizó el ingreso de maquinaria agrícola para retirar esa cosecha, situación que acaparó todos los cuestionamientos por parte de las asociaciones civiles que bregan por el cuidado del medioambiente y los ecosistemas del Delta del Paraná.
Arbitrariedades
"Se enmarca en las habituales arbitrarierdades del juez federal de Victoria, que carece de toda mirada ambiental y proteccionista como la gran mayoría de sus decisiones al desconocer el derecho humano a un ambiente sano, con un marcado desprecio por la normativa que ampara derechos humanos como el que nos ocupa", sentenció en declaraciones a La Capital Fabián Maggi, apoderado de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, quien acompañó el reclamo legal de la asociación civil Luchemos por la Vida y el Medioambiente.
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En ese sentido, Maggi puntualizó que en esa resolución emitida por Martín "no se recepcionaron las sugerencias de la UIF, que está constituida como querellante a raíz de que estos delitos ambientales, en pos de realizar una investigación financiera por presunto lavado de activos y por bienes que sean del producto del delito de la comisión ambiental".
En ese contexto, cuestionó: "El juez desatendió la recomendación de la UIF y se desentendió con argumentos arbitrarios de todo tipo para señalar que no era necesario y lo mismo hizo con la recomendación de que previo al retiro se acredite la propiedad del mismo y las toneladas a retirar".
Y agregó: "Tampoco escuchó los planteos de la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente ni de Cuenca Río Paraná, cuya cosecha es producido de la comisión de un delito que es el endicamiento e incendios en la zona".
