Causa Ilarraz: El 8 de abril se sabrá la resolución

El abogado Marcos Rodríguez Allende, querellante en el juicio al cura Justo Ilarraz, condenado a 25 años de prisión efectiva por abuso y corrupción de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, informó ayer que busca que se ordene la prisión preventiva del sacerdote en una unidad penal. "Es necesario que la domiciliaria se deje sin efecto y se ordene la prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná", dijo al finalizar la audiencia solicitada por Jorge Muñoz, abogado defensor del cura, que pidió la nulidad de la sentencia.

La audiencia se realizó sin presencia de la prensa en la Cámara de Casación Penal de Paraná, donde los jueces Alejandro Cánepa, Cristina Lía Van Dembroucke y Dardo Tórtul escucharon los planteos y darán a conocer la resolución el lunes 8 de abril, a las 9.

Rodríguez Allende destacó —en diálogo con la prensa— que busca demostrar "que los 25 años de pena son justos, coherentes y razonables. Voy a demostrar que es necesario que la domiciliaria se deje sin efecto y se ordene la prisión preventiva", del cura, agregó.

Por su parte, el fiscal de la causa Alvaro Piérola recordó que habían "pedido la prisión preventiva, y se dio lugar, pero se hizo en modo morigerado porque está con prisión domiciliaria". En ese sentido, explicó que Ilarraz permanecerá con prisión preventiva "hasta que se agoten todas las instancias posibles", cuando "deberá cumplir la condena en una cárcel común como cualquier ciudadano a quien se le impone una pena".

Piérola señaló que hasta el momento "no se registraron notificaciones" de que Ilarraz no haya cumplido la prisión domiciliaria, aunque "se activó el sistema en dos oportunidades". El abogado defensor del cura condenado, Jorge Muñoz, pidió la nulidad del fallo, que se conforme un nuevo dictamen por un nuevo tribunal y que el sacerdote sea puesto en libertad.

Cabe recordar que el 21 de mayo de 2018, los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel lo condenaron por unanimidad a la pena máxima que establecía el Código Penal de ese entonces. Los magistrados encontraron culpable a Ilarraz de promoción a la corrupción de menores agravado por ser encargado de la educación de ellos, en cinco de los siete casos denunciados.

En tanto, fue declarado culpable de abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación de las otras dos víctimas que lo denunciaron y testimoniaron en el juicio, quienes hoy tienen cerca de 40 años. Los abusos fueron perpetrados mientras Ilarraz se desempeñaba como preceptor en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, entre 1985 y 1993.