Catedráticos no dudaron en calificar los hechos de delito

El criterio del obispo Puiggari sobre las prácticas en el convento fue refutado desde distintos sectores

El ex ministro de Gobierno de Entre Ríos y docente de la Universidad Católica Argentina (UCA) Hermo Luis Pesuto definió que los hechos denunciados constituyen un delito "porque se produjo una inducción al daño personal, que está totalmente prohibido en nuestras leyes, e incluso la inducción al suicido también está condenada en nuestro Código Penal".

Sostuvo que "puede haber consignas o reglas internas obligatorias por los votos, como el voto de obediencia, pero no pueden contradecir al derecho argentino vigente". Añadió que "acá no hay que confundir delitos con pecados. Hay normas civiles que no se deben transgredir en nuestro país, y esto que se ha hecho en el convento de Carmelitas de Nogoyá es un atentado a la vida y una inducción a la autodestrucción" lo cual "no se puede confundir con un castigo normal", definió.

En declaraciones a la prensa, Pesuto valoró la denuncia periodística ya que "de estos temas nadie se ha ocupado prácticamente nunca", y señaló que "estos monasterios de clausura son bastante olvidados hasta por el propio sector militante del catolicismo, que sabe que existen pero que nadie le da mucha importancia".

En esa línea se expresó el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional del Litoral Roberto Vicente, quien consideró que en el caso "se está violando el tratado contra la tortura y se está atacando la dignidad de la mujer". En declaraciones a LT 10 de Santa Fe, el letrado señaló que "en el siglo XXI no pueden ocurrir este tipo de prácticas en un claustro religioso", y resaltó que "la Justicia tiene que intervenir, porque se está produciendo una violación a los derechos de la dignidad de las personas, con elementos de tortura".

"Aquí hay una deformación del sistema de clausura", comentó, y agregó que "una cosa es elegir ser religiosa, no tener contacto con la sociedad y tener una vida de penitencia", pero "el problema es si estas son prácticas sistemáticas que se vienen realizando en este tipo de organizaciones".

Añadió que aunque "fuera un hecho aislado, también hay que actuar judicialmente" porque "el Estado no puede mirar para otro lado" ya que "aquí se está violando el tratado contra la tortura y la dignidad de la mujer".