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Carteles alusivos en la Jefatura de aquella ciudad tras la detención de los ambientalistas.
Organizaciones ambientalistas y la comunidad de Casilda repudiaron la persecución que, aseguran, lleva adelante el municipio de la vecina localidad contra vecinos y vecinas que se oponen a la construcción del nuevo edificio de Tribunales en el parque municipal Sarmiento, el mayor y único pulmón verde de la vecina localidad. Hubo 7 demorados que ya recuperaron la libertad tras haber montado desde el martes un acampe para evitar la tala de 40 ejemplares añosos.
Todo comenzó el pasado miércoles, un día después del inicio de la protesta, cuando la jueza Laura Babaya les ordenó levantar la protesta pacífica porque consideraba que habían usurpado un predio que es de jurisdicción municipal.
"Nos advirtió que teníamos que desalojar el lugar porque estábamos usurpando un espacio público cuando, en realidad, los usurpadores son quienes pretenden llevar adelante una tala indiscriminada de 40 ejemplares añosos, justamente el mayor y único pulmón verde de Casilda", comentó en declaraciones a La Capital, Analía, una vecina.
A partir de esa decisión judicial, los chicos y chicas que protestaban de esa manera decidieron mover las carpas hacia las afueras del predio. Sin embargo, la fuerza policial no demoró en responder, de acuerdo a la versión de testigos.
"Hicieron un operativo con 6 patrulleros y alrededor de 25 policias para las diez personas que hacemos turno en un acampe pacífico", lamentó Luciana, otra vecina comprometida con la causa en pos de prohibir la tala del parque Sarmiento.
A su vez, los vecinos y vecinas autoconvocados aseguraron que esa obra que municipio y provincia a través del Ministerio de Justicia provincial pretenden llevar adelante "no tiene el decreto de cesión de terreno, tan solo un convenio provisorio desde 2007".
"El registro de obra es provisorio, puesto que tampoco cuenta con el correspondiente informe de impacto ambiental", sostuvieron.
También deslizaron que en la reunión que les concedió el intendente Andrés Golosetti en agosto pasado la asesora de Ambiente y Arbolado de aquella ciudad habría mencionado de manera textual que "no era necesario presentar informe de impacto ambiental, justamente cuando la obra contempla el desmonte de 40 árboles".
"Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos y el cese del hostigamiento policial contra nuestras hermanas y nuestros hermanos que protegen los árboles y el ambiente. Defender los espacios verdes, el agua y la vida no es delito", reclamaron desde el colectivo de organizaciones que se solidarizaron con los ambientalistas detenidos.
"Esta es la forma de garantizar ecocidio: la persecución judicial a las personas que se implican a defender la vida, el aire y la salud. Violentando y aleccionando a los activistas", protestaron desde la Multisectorial Humedales.
En ese sentido, agregaron: "En relación a la extracción de ejemplares, ligada por lo general a proyectos inmobiliarios, debería ser un recurso por demás de extraordinario ante el actual contexto de crisis climática sin precedentes".
A su vez, aseguraron que "los responsables del desmonte son el senador provincial Eduardo Rosconi, el intendente de Casilda Andrés Golosetti, el gobernador Omar Perotti y la jueza Laura Babaya, que no da respuesta al amparo ambiental presentado por la ciudadanía".
El repudio de las organizaciones ambientalistas y vecinos casildenses surgió a raíz de la gran forestación con la que cuenta el parque Sarmiento, que está compuesto por una gran variedad de flora y un arroyo, situación que lo transforma en un humedal en el cual disfrutan tanto niños como adultos.
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Por Matías Petisce
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