Capitán Bermúdez: la Defensoría interviene por contaminación sonora

El conflicto por contaminación sonora que desde hace un año y medio existe entre vecinos de dos barrios de Capitán Bermúdez y el polígono de tiro ubicado en esa localidad sumó un nuevo capítulo en las últimas semanas con la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que exhortó al Ministerio de Medio Ambiente provincial a actuar ante lo que consideran que es una situación plagada de irregularidades.

El organismo nacional envió un exhorto a la cartera ambiental santafesina este 22 de febrero para que revea los términos en los que fue habilitado el Tiro Federal que funciona allí, que según la Defensoría funciona de forma irregular al no haber habido una audiencia pública antes de su puesta en marcha ni al tener vigente un correcto estudio de impacto ambiental.

El pedido llegó tras que un grupo de vecinos de los barrios Villa Margarita y Escauriza reclamara hace casi dos años —con el apoyo del Taller Ecologista— por los reiterados episodios de ruidos molestos que se suceden sobre todo los fines de semana provenientes del Tiro Federal Argentino de Rosario, que en septiembre de 2015 se mudó al Cordón.

"Esto es como convivir con la guerrilla, a veces los fines de semana elijo irme de mi casa porque el ruido es insoportable" comentó un vecino de Villa Margarita, quien agregó que los trabajos de insonorización deberían haber estado listos hace un año y que cuando preguntan por eso les contestan que "está en proceso".

Según los vecinos, los fines de semana la zona "se vuelve insoportable" y el ruido se escucha a varias cuadras alrededor del polígono. "Este lugar fue habilitado sin estudio de impacto ambiental y desde la provincia lo habilitaron de forma parcial, cosa que no se puede hacer", agregó el vecino.

Exhorto

Tras una larga serie de reuniones e idas y vueltas legales entre la firma que opera el Tiro y el municipio, el 22 de febrero la Defensoría publicó un exhorto en el que le pide a la provincia que "subsane las irregularidades del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente a la construcción y operación del polígono de tiro" ya que el mismo empezó a funcionar sin haberse hecho previamente una audiencia pública para evaluar su probable impacto ambiental, como estipula la ley general del ambiente.

Al mismo tiempo, le recuerda al gobierno santafesino que no está permitido aprobar obras o actividades susceptibles de degradar el ambiente de forma condicionada, como lo hizo con el Tiro Federal que funciona en Bermúdez. También intima a la cartera de Medio Ambiente provincial a realizar mediciones de ruidos en las inmediaciones del polígono.

La Defensoría recuerda que la norma Nº 25.675 (ley general del ambiente) establece para toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente la sujeción a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental "previo a su ejecución", y agrega que a pesar de ser obligatorio el llamado a una consulta previa "el citado polígono de tiro no cuenta con dicho requisito".

También insta a la provincia a adecuarse a la ley general del ambiente para garantizar en todos los casos la participación ciudadana como uno de los requisitos de la aprobación de un estudio de impacto ambiental, algo que no puede quedar circunscripto —como pasa ahora— a una decisión del Ejecutivo provincial.

Carta

Con el exhorto en mano, el pasado 7 de marzo los vecinos enviaron una carta a la Intendencia "para denunciar, una vez más, que las actividades en el Tiro Federal tuvieron impacto muy negativo en los barrios".

"Sabemos de la existencia de instrumentos para medición de ruidos en propiedad del municipio, pero no tenemos ninguna información que se hayan hecho mediciones", argumentan los vecinos, quienes le piden al intendente Daniel Cinalli poder conocer "su plan de monitoreo" así como el estado de las obras de insonorización supuestamente realizadas en el predio, ya que según argumentaron "si están terminadas no estarían cumpliendo con su función".

Por otra parte, desde el Taller Ecologista resaltaron que no es la primera vez que la provincia no cumple la ley general del ambiente, y acotaron que "se obvia el llamado a audiencias públicas como parte vital de los estudios de impacto ambiental".