La intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clérici, junto a la subsecretaria de Gestión Jurídica del municipio, Mónica Rizzi, presentaron un recurso de amparo contra el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para solicitar la designación de fiscales. Tras la suspensión del único fiscal que se encontraba en funciones, Santiago Tosco, el Distrito Judicial Nº 6 quedó sin fiscal cuando lo habitual era que el organismo funcionara con tres acusadores.
“Hasta hace unos años había tres fiscales, quedaba uno, pero ahora lo sancionaron y por lo tanto no quedaron funcionarios”, expresó Clérici, refiriéndose a un “vaciamiento” de la Fiscalía del Distrito Judicial N° 6. Además, adelantó que debido a que esta situación no afecta solo a Cañada de Gómez pedirá el apoyo de intendentes y presidentes comunales de las localidades que componen la jurisdicción. “Hay 120 mil justiciables de toda la región por lo que vamos a pedir el acompañamiento de intendentes y presidentes comunales”, remarcó Clérici.
“Pedimos que dejen de omitir las designaciones y lo hagan de manera urgente. La seguridad sigue siendo nuestra preocupación y ocupación”, agregó Clérici y precisó que la decisión y los argumentos que llevaron a la presentación de la medida cautelar no innovativa “fue acompañada por las instituciones que integran el Consejo de Seguridad Ciudadana”.
En tanto, Rizzi explicó que “como la Unidad Fiscal (UF) quedó acéfala solicitamos la designación de fiscales suplentes para la cobertura de dos cargos en la UF de esta ciudad, a través de la asignación de recursos de otras Unidades Fiscales o de profesionales de ese Ministerio” hasta la cobertura definitiva de los cargos para garantizar en sus niveles mínimos el servicio de justicia penal en la jurisdicción.
En el escrito presentado por las autoridades municipales se repasa el historial desde la creación del MPA mediante la ley 13013 de 2009 y cómo se ejecutó el cumplimiento de la misma para la creación de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez que estaba a cargo de Gabriela Lescano hasta que, en 2021, fue sancionada por el Tribunal de Disciplina y luego continuó con licencia médica hasta la actualidad. A ello se sumó que la otra fiscal, Graciela Tulián, se jubiló en abril de 2020 y el cargo nunca fue cubierto.
Eso determinó que el fiscal Tosco debiera asumir sin auxilio alguno el ejercicio de la función de persecución penal y ya en septiembre de 2021 requiriera de la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, la adopción de medidas urgentes que permitieran el normal desenvolvimiento de la Unidad Fiscal local que se veía imposibilitada de dar respuestas a la demanda ciudadana.
En octubre de ese año se dispuso la asistencia a la emergencia a través de la ayuda, una vez por semana, de la fiscal coordinadora del interior, Natalia Benvenuto. Algo que a las claras resultó insuficiente para resolver la situación. “La situación ya resultaba complicada y el clamor ciudadano cada vez mayor ante la manifiesta inseguridad ciudadana que padece la provincia, a partir del 2 de junio el fiscal Tosco fue suspendido por el término de 10 días, de lo que resulta que la Unidad Fiscal quedó acéfala”, indica el documento presentado por Clérici y agrega que “no hay fiscal que ejerza la esencial e imprescindible función estatal de persecución penal”.
La presentación repasa además los datos duros de los últimos informes de gestión e indica que en 2018 las causas habían aumentado un 10% respecto al año anterior y que pasó de 6.070 causas en 2017 a 6.703 en 2018. El mayor ingreso de denuncias corresponde a delitos de amenazas seguidas por lesiones, hurtos y robos y robos calificados. También señala que, a través de un convenio, esta UF tiene a su cargo la investigación de delitos en Carcarañá y que tanto Clérici como el Concejo Deliberante y el Consejo de Seguridad Ciudadana, denunciaron la situación ante diversos organismos provinciales en oportunidades anteriores sin resultado alguno.