Avanza el juicio por contaminación a la ex Petroquímica Bermúdez

El ex fiscal regional, Patricio Serjal, declaró en sede judicial que las decisiones que tomó en torno a la ex Petroquímica Bermúdez, las hablaba con su superior directo, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini. Expresó que éste estuvo de acuerdo con el cierre de la causa por contaminación, una decisión que la Fiscalía considera “ilegal e inaceptable”.

Ese testimonio fue lo más trascendente que sucedió en la audiencia que tuvo lugar el viernes último en el marco del juicio oral que se discute en los Tribunales de Rosario y que tiene a la ex Petroquímica Bermúdez en el centro de la escena. En el marco de este proceso, en el que ya se llevaron adelante tres audiencias durante la semana pasada, se busca determinar si el expeditivo cierre de la causa por contaminación ambiental cuenta con el debido sustento legal o debe ser revocado ante múltiples elementos sospechosos.

Hasta el momento se encuentran imputados por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y encubrimiento, Serjal y el ex fiscal Gustavo Luzzini, quien se desempeñó como fiscal de Estado adjunto durante la gestión del Frente Progresista.

La causa judicial se cerró en 2019 y, de acuerdo a la investigación, el cierre de las actuaciones se produjo por una orden del fiscal Juan Carlos Ledesma al juez Juan José Tutau. Ledesma dijo que fue presionado por Serjal para cerrarla, y ahora Serjal en su testimonio asegura que sus decisiones fueron charladas con el fiscal general Jorge Baclini.

Todo comenzó en 2015, cuando el gobierno de Miguel Lifschitz detectó que la ex Petroquímica Bermúdez no cumplía con los protocolos de protección y provocaba una gravísima contaminación medioambiental.

La investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y Pablo Lanza, terminó con una denuncia contra los dueños de la empresa por “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”. Se presume que en la planta había sustancias contaminantes como amoníaco, amianto y ácido sulfúrico y que la empresa no tomó ninguna medida para evitar el grave daño ambiental. Para los delitos de esta naturaleza, las penas oscilan entre tres y diez años; si por causa de esos delitos se produce una muerte, pueden llegar a 25 años.

“Dialogué varias veces con Baclini y con Ledesma”, aseguró sin dudarlo Serjal en el transcurso de su declaración y añadió que “si bien el fiscal general (Baclini) siempre estuvo a favor de la reparación del daño, le parecía más apropiado una probation. Después de eso Baclini cambió de postura y le pareció que era viable una aplicación de un criterio de oportunidad, pero con una reparación al Ministerio Público a través de una aparatología que transmitiera los futuros hechos ambientales”. De las declaraciones de Serjal se desprende que Baclini estuvo de acuerdo en la aplicación del criterio de oportunidad, que fue el argumento jurídico al que se recurrió para decidir un expeditivo cierre de la causa.

Después volvió a hablar sobre la participación del fiscal general en la decisión adoptada: “Lo que hablaba con Baclini se lo comunicaba a Ledesma, por lo general por WhatsApp. Con Ledesma tuve una sola reunión en el shopping Alto Rosario, porque ambos vivíamos cerca” añadió.

Serjal se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de cobrar importantes sobornos para proteger el juego clandestino en la provincia. En la audiencia, expresó que estuvo a punto de quitarse la vida y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. “Me destruyeron la vida con operaciones mediáticas”, sentenció. Tras dejar en claro que Baclini estuvo de acuerdo con el cierre de la causa por contaminación ambiental, se negó a responder otras preguntas.

Esta causa es emblemática en materia de daño medioambiental. Durante las tres audiencias de la semana pasada desfilaron actores de mucho peso político y judicial. Prestaron testimonio como testigos el propio Baclini; el ex secretario de Estado de la provincia, Pablo Saccone; el fiscal Ledesma y el juez Tutau. También lo hizo César Mackler, secretario de Ambiente en el gobierno de Lifschitz.

Por si la trama del caso necesitara más condimentos, Luzzini fue uno de los funcionarios judiciales que aprobó y refrendó la designación de Serjal como fiscal regional.

En las audiencias previas de Apelaciones, aparecieron detalles que eran desconocidos. Saccone y Mackler admitieron que el gobierno de Lifschitz y la ex Petroquímica Bermúdez firmaron convenios para que la planta realizara un cerramiento edilicio operativo y seguro para dejar de contaminar; dijeron que esos convenios “no se cumplieron o se cumplían parcialmente”. La contaminación nunca se detuvo y lo que es peor, las autoridades sabían lo que estaba sucediendo.