El Correo Argentino, perteneciente a la familia Macri, propuso este lunes, en la última audiencia dentro del proceso de quiebra de la empresa, saldar su deuda con el Estado Nacional con el pago, en una sola vez, de 1.011 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
Este monto es el que dicen adeudar al fisco, aunque la fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín, ya dictaminó que la deuda es de 6.000 millones de pesos, es decir, cinco veces más de lo que propone cancelar la empresa, cuyo principal accionista es el grupo Socma de la familia Macri.
La propuesta fue acercada este lunes, en la última audiencia en el proceso de quiebra del Correo Argentino S.A., convocada por la jueza a cargo del expediente, Marta Cirulli, en el Palacio de Tribunales.
El titular de la compañía concursada, Jaime Robirosa, firmó la oferta que también propuso cancelar la deuda con el resto de los acreedores, entre los que se encuentran la Afip y el Banco Nación entre otros, en 10 años con pagos anuales.
Los 1.011 millones de pesos que la empresa acepta como deuda implican una mejora sustancial en el cálculo, ya que Correo Argentino S.A. venía sosteniendo que sus deudas con el Estado eran de 296 millones.
En el escrito presentado por Robirosa, bajo la tutela legal del abogado Jaime Kleidermacher, se solicitó también que si el Estado rechaza la oferta se retire de las negociaciones para facilitar el acuerdo con el resto de los acreedores.
El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año.
En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y “abusivos”, según los dictámenes de la fiscal Boquín.
Paralelamente se fueron presentando oferentes a la quiebra para pagar las deudas y quedarse con la firma, que hoy no asistieron a la última audiencia, detalle que para fuentes de la fiscalía implica una firme sospecha de que se montó un “escenario ficticio” para obtener un “auto salvataje”.
Si bien la oferta se anticipa insuficiente para la Procuración General de la Nación, que realizó la actualización de la deuda, y también para el Ministerio Público Fiscal, es la jueza Cirulli quien debe evaluar si la acepta o bien decreta la quiebra de la compañía según los plazos legales.
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